Cinco personas fueron judicializadas la semana pasada por presuntamente hacer parte de una red dedicada a la producción, tráfico y comercialización de explosivos para la extracción ilegal de minerales en los departamentos del Eje Cafetero y Antioquia.
La estructura identificada es señalada de obtener explosivo tipo anfo, cordón detonante, detonadores y mechas de seguridad en Ecuador, Venezuela y Perú; que luego ingresaban de forma clandestina al país, escondidos en vehículos de carga, automóviles y motocicletas; almacenarlos en casas de Marmato (Caldas), Barbosa, Bello, Medellín, San Roque y Segovia (Antioquia); y distribuirlos a los distintos entables mineros.
También se conoció que, en otras oportunidades, compraban barras de indugel (un explosivo de alta potencia) que eran desviadas de empresas legalmente constituidas que tenían autorización para utilizar este explosivo con fines industriales.
Estos materiales son claves para que grupos criminales como el Clan del Golfo mantengan su poder y sus rentas en el departamento, pues al controlar el mercado negro de insumos para la actividad extractiva se los suministra a los pequeños mineros a cambio de una participación importante en las ganancias; pero en otras ocasiones tienen sus propios montajes para explotar la riqueza mineral de manera directa.
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Un fiscal de la Dirección Especializada para los Delitos contra los Recursos Naturales y el Medio Ambiente imputó a los cinco posibles implicados en estas actividades los delitos de concierto para delinquir agravado, contaminación ambiental, explotación ilícita de yacimiento minero y otros materiales; y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.
Los cargos no fueron aceptados por los procesados. Cuatro de ellos deberán cumplir medida de aseguramiento privativa de la libertad en sus lugares de residencia. Se trata del presunto cabecilla de la red, Elkin Giovanny Riascos Ortiz; sus socios, Dubán Alberto Velásquez Valencia y Diego Alejandro Cruz Osorio; y Luz Mery Valencia Bedoya, quien habría prestado sus cuentas bancarias para recibir dinero relacionado con el entramado ilegal.
Entre tanto, uno de los señalados transportadores de los explosivos, John Wilderman Franco Hererra, continuará recluido en centro carcelario, donde permanece por otro proceso en su contra.
Las evidencias recaudadas indican que Riascos Ortiz y Vásquez Valencia también tendrían a su cargo una planta de beneficio y una mina en Marmato (Caldas), que no contaba con los permisos legales y ambientales para su funcionamiento.
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