El Tribunal Administrativo de Santander (TAS) le abrió incidente de desacato al ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Ricardo José Lozano Picón, por tanto la cartera que él preside no ha tenido avances significativos en el cumplimiento de la Sentencia T-361 de 2017, de la Corte Constitucional y que obliga a hacer ajustes a la delimitación del páramo Santurbán.
De acuerdo con el auto del TAS, fechado el 19 de marzo de 2019 y firmado por la magistrada ponente Solange Blanco Villamizar, el ministro Lozano tiene cinco días para informar las razones por las que no se han dado avances.
Cumplido ese término se valorará la respuesta del ministro Lozano y se decidirán las sanciones por desacato a la tutela que dio origen a la sentencia de la Corte Constitucional y que obliga a hacer ajustes a la delimitación de Santurbán hecha en 2014, toda vez que para la época no se hizo un proceso participativo e incluyente con las comunidades que habitan en Santurbán.
El incidente de desacato está soportado en el cuarto informe de cumplimiento de la Sentencia que envió el Ministerio Público (Procuraduría y Defensoría del Pueblo) al TAS, en el que se reseña las irregularidades que se han presentado, entre ellas que entre noviembre de 2018 y marzo de 2019, no se han dado avances relevantes.
Además, en el informe se deja constancia de la preocupación del Ministerio Publico, manifestada al Minambiente, por la falta de claridad y el poco tiempo que queda para entregar la nueva delimitación, plazo que se vence el 16 de julio de este año (menos de tres meses).
Recientemente el Ministerio de Ambiente reactivó los encuentros con las comunidades de Santurbán (En Salazar y en Cácota, Norte de Santander), quedando en evidencia la desconfianza del campesinado con el Estado. El ministro Lozano les pidió a las comunidades ser propositivas y ellas argumentaron que les preocupa la falta de claridad con la reconversión de actividades productivas.
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En la visita se le preguntó al ministro Lozano si el tiempo alcanzará para generar un proceso participativo, a lo que respondió que hay dos realidades. En Norte de Santander, que posee el 73 por ciento del páramo, “se registra un gran avance gracias al trabajo de la Corporación Autónoma Regional -Corponor-, que tiene un insumo predio a predio valioso para llegar a acuerdos con las comunidades”.
Sin embargo, en Santander, los avances son nulos de parte de la Corporación y unido a ello está la presión de mineros artesanales y multinacionales. “Es un ejercicio diferente, sobretodo en Vetas y en California”.
Hablan los accionantes
Erwing Rodríguez-Salah, integrante del Comité para la Defensa del Agua y Santurbán y uno de los accionantes de la tutela que dio origen a la Sentencia T-361 de la Corte Constitucional, se pronunció frente al incidente de desacato.
“No encuentro explicación del por qué el ministro de Ambiente, en más de 7 meses que lleva en el cargo, no ha tenido la primera reunión con nosotros (accionantes), quienes somos voceros legítimos de los defensores del agua y Santurbán”.
Para el defensor el Ministerio de Ambiente “sigue vulnerando nuestro derecho a la participación ambiental como lo hemos evidenciado en dos informes. Estamos elaborando un tercero con destino a la Corte Constitucional”.
De acuerdo con Rodríguez “con esa actitud displicente del Ministerio de Ambiente, se puede deducir que el actual Gobierno podría estar interesado en ratificar la delimitación de la Resolución 2090 de 2014 o expedir una nueva delimitación muy similar a esta, y que no es garantista para el agua de los santandereanos y nortesantandereanos”.
En 2014, Rodríguez fue una de las voces que calificó la Resolución como acomodaticia minera y al proceso de delimitación “como el engaño más grande en la historia ambiental del país, pues dicha delimitación legaliza a las mineras en Santurbán”.
