La crisis humanitaria en la región del Catatumbo volvió a encender las alarmas nacionales tras los recientes accidentes con minas antipersonal reportados en zonas rurales, especialmente en el municipio de Tibú.
La Procuraduría General de la Nación manifestó su preocupación por el incremento de estos hechos y rechazó el uso de artefactos explosivos por parte de grupos armados ilegales que operan en esta zona del país.
El organismo de control advirtió que las minas antipersonal continúan siendo utilizadas como mecanismo de intimidación y control territorial, afectando tanto a la población civil como a integrantes de la Fuerza Pública. Según señaló la entidad, este tipo de acciones representa una grave violación de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario, debido a que son armas prohibidas por su impacto indiscriminado y las secuelas que dejan en las comunidades.
La Procuraduría alertó que durante el primer trimestre de 2026 regiones como el Catatumbo y el Bajo Cauca antioqueño concentraron la mayor cantidad de víctimas por explosivos a nivel nacional. Para el Ministerio Público, esta situación evidencia una estrategia violenta que busca infundir miedo en los territorios, provocar confinamientos y limitar la movilidad de campesinos y habitantes rurales, en medio de la persistencia del conflicto armado.
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En el caso del Catatumbo, la situación genera especial preocupación por el contexto de seguridad que atraviesa la región, donde persisten enfrentamientos entre grupos armados ilegales, amenazas contra comunidades y restricciones de movilidad en varios municipios. La presencia de minas antipersonal también representa un obstáculo para las labores humanitarias y para los procesos relacionados con la implementación del Acuerdo de Paz.
Frente a este panorama, la Procuraduría hizo un llamado urgente al Gobierno nacional para fortalecer el control territorial y reforzar las acciones de prevención en las zonas más afectadas. Además, solicitó al Grupo de Acción Integral contra Minas Antipersonal, junto con alcaldías y gobernaciones, avanzar de manera inmediata en campañas de educación sobre el riesgo de explosivos y garantizar atención integral a las víctimas.
La entidad insistió en que las autoridades deben asegurar rutas efectivas de evacuación, atención médica y rehabilitación para las personas afectadas por estos artefactos, al tiempo que anunció que continuará realizando seguimiento permanente a la situación humanitaria que enfrentan las regiones golpeadas por este fenómeno.
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