Un informe reciente del Laboratorio de Economía de la Educación (LEE) de la Universidad Javeriana reveló el creciente impacto que viene ejerciendo el conflicto armado en el sistema educativo colombiano, en los últimos tres años.
Y es que tras un análisis de datos al Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo, el Sistema Integrado de Matrícula (Simat), el Censo C600 del Ministerio de Educación y la Unidad de Víctimas, se estableció que 2024 fue el año con mayor número de sedes educativas en zonas de alto riesgo, 6.745 instituciones en total.
Este número representa un incremento del 69,2% frente a 2023, mientras que a marzo de 2025, ya se habían registrado alertas tempranas en 1.487 sedes educativas, que equivalen al 22% de todas las afectadas en 2024 y al 37,3% de las de 2023.
Norte de Santander no ha sido ajeno a esta situación menos cuando, desde hace casi 90 días, es escenario de una nueva etapa de las confrontaciones entre las disidencias de las Farc y el Eln, por el control del territorio en la región del Catatumbo.
El inicio de los combates entre estos dos frentes guerrilleros, el 16 de enero, coincidió con el inicio del año escolar en el país, provocando que este retorno se pausara abruptamente en los más de 900 establecimientos educativos que prestan el servicio en 10 de los 11 municipios que conforman el territorio catatumbero, en vista del alto riesgo que representaba este hecho para estudiantes, maestros y la comunidad en general.
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Aunque a la fecha, y según Leonardo Sánchez, presidente de la Asociación Sindical de Institutores Nortesantandereanos, Asinort, ya se registra un retorno aproximado del 90 por ciento en las diferentes instituciones, “la incertidumbre sigue latente en las comunidades educativas del Catatumbo”, afirmó el líder sindical.
Sánchez explica que la intensidad del conflicto armado se va trasladando municipio a municipio periódicamente, “eso nos preocupa, porque los docentes están a riesgo en las comunidades educativas prestando la labor pedagógica, pero al mismo tiempo se está poniendo en riesgo a los niños, niñas, jóvenes de la región”.
El líder sindical señala que las confrontaciones muchas veces se dan cerca de las escuelas y colegios en las zonas rurales, pero también en los cascos urbanos, por lo que urgió a la realización de un consejo de seguridad exclusivo del sector educativo, donde se puedan abordar las diferentes problemáticas que afectan al sector.
“Desde hace tiempo, incluso antes de que se profundizara la confrontación, hemos venido planteando un consejo de seguridad pero no hemos recibido respuesta al respecto”, dijo Sánchez.
Considera que “ante la situación que se está viviendo y la dinámica del conflicto, el consejo de seguridad debe hacerse municipio por municipio, para que se le den las garantías a los docentes, mientras tanto, a riesgo el magisterio viene respondiéndole a la educación”, dijo.
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