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Minsalud expide decreto para trasladar a millones de usuarios: así afectaría a Norte de Santander
En el departamento, solo dos EPS estarían autorizadas en todos los municipios.
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Juan Marcoantonio Rivas Pinilla
Juan Marcoantonio Rivas Pinilla
Sábado, 7 de Marzo de 2026

Alrededor de 2,4 millones de personas en Colombia serían trasladadas a Nueva EPS, según lo establece el Decreto 182 de 2026 expedido por el Ministerio de Salud. La norma fija nuevas reglas para la operación de las EPS en el país y define qué aseguradoras podrán prestar servicios en cada municipio y departamento.

De acuerdo con el documento, Nueva EPS quedaría como una de las principales entidades del sistema, al atender cerca del 45 % de los afiliados en 27 departamentos.

En Norte de Santander, el decreto señala que Nueva EPS estaría autorizada para operar tanto en el régimen contributivo como en el subsidiado en 39 municipios.

Por su parte, Comfaoriente aparece como otra de las entidades que continuará prestando servicios en 39 de los 40 municipios del departamento.

En el caso de Coosalud, aunque seguirá presente en varias provincias, ya no tendría autorización en municipios como El Carmen, Hacarí, La Esperanza, La Playa de Belén, San Calixto, Sardinata y Toledo.
Otra de las entidades mencionadas en el documento es Sanitas, que aparece sin autorización en más de 20 municipios. Entre ellos se encuentran Puerto Santander, Labateca, Teorama, Tibú y Toledo.

Ante la posibilidad de ser trasladados a Nueva EPS, miles de usuarios han expresado preocupación por la situación financiera de la entidad y por la cantidad de acciones judiciales pendientes de respuesta.
En menos de dos años, esta EPS cuadruplicó sus deudas, al pasar de 6 billones a 24 billones de pesos, acumula más de 120.000 tutelas y ha tenido cinco interventores durante ese periodo.


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Otros detalles del decreto y cuando inicia 

El Decreto 182 de 2026, cuyo borrador fue publicado hace tres semanas, reorganiza el aseguramiento en salud por territorios y establece porcentajes mínimos de afiliados para que una EPS pueda operar en determinados departamentos.

La norma define mecanismos diferenciales para la operación del aseguramiento en salud con enfoque territorial y poblacional. 

En la práctica, esto limita el número de aseguradoras que pueden operar en un territorio según su población. Las EPS con menor cobertura deberán trasladar afiliados a otras de mayor tamaño, como Nueva EPS, Savia Salud y Servicio Occidental de Salud (SOS).

Sin embargo, aunque el decreto ya fue publicado, el traslado de afiliados no será inmediato. Su aplicación dependerá de que la Superintendencia Nacional de Salud expida los actos administrativos que definan el nuevo ámbito territorial de las EPS.

Solo después de estas decisiones técnicas y jurídicas podrá iniciarse la asignación de afiliados.
Además, el Ministerio de Salud y la Adres serán los encargados de coordinar el proceso de redistribución de usuarios una vez se formalicen las autorizaciones. Mientras tanto, el mapa de operación de las EPS incluido en el decreto tiene carácter informativo y técnico, y muestra cómo quedaría la operación del sistema si se implementa el modelo territorial propuesto.


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Radican acción popular de decreto

Frente al actual panorama, el pasado 4 de marzo se radicó una acción popular contra el Decreto 182 de 2026 del Ministerio de Salud, que es la normativa que establece los cambios narrados en esta nota.
La acción judicial se instauró ante la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Antioquia. El objetivo es tumbar la normativa y se trata del segundo recurso que se interpone ante instancias judiciales para frenar estos cambios.

Vale recordar que en octubre de 2025, el Consejo de Estado suspendió temporalmente otro decreto que expidió el ministerio para cambiar el modelo de salud. Esa normativa incluía cambios que estaban en la reforma a la salud.

En Cúcuta, el presidente de la Asociación Sindical de Trabajadores de la Salud y la Seguridad Social de Norte de Santander, Aristides Hernández, manifestó la importancia de que este decreto no avance pues representa beneficiar a un monopolio del gobierno y además, no da solución a los problemas estructurales que se presentan.

“primero debe solucionarse el tema de las deudas y la entrega de medicamentos y citas que tanto afectan a miles de pacientes”, concluyó.


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