Todo transcurría con normalidad cuando el Grupo de Carabineros y Protección Ambiental atendió un llamado urgente: un pamplonés alertó sobre un perro en peligro.
Todo ocurrió en el barrio Centro de Pamplona, donde un perrito fue abandonado y, para empeorar la situación, envenenado. Las autoridades ambientales llegaron de inmediato para brindarle atención y salvarle la vida.
Según los Carabineros, el perro tenía signos evidentes de intoxicación. Ahí mismo, le brindaron los primeros auxilios veterinarios básicos y le aplicaron maniobras de soporte vital y estabilización.
"Gracias a la intervención oportuna, el canino se estabilizó y mejoró notablemente su estado general. Fue trasladado a una fundación local para caninos, donde recibió atención especializada y cuidados. La fundación proporcionó carbón activado y sueros intravenosos para asegurar su recuperación", manifestó el el Grupo de Carabineros y Protección Ambiental por medio de un comunicado.
Cuando el animal se recupere por completo, será entregado en adopción a una familia que le brinde el cuidado y cariño que merece.
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La ley Ángel y Lorenzo
En abril de 2025, el gobierno colombiano sancionó dos leyes emblemáticas en materia de protección animal: la Ley Ángel y la Ley Lorenzo. La primera, inspirada en el caso de un perro que fue brutalmente agredido, fortalece el marco legal contra el maltrato animal. Establece penas de prisión entre 32 y 56 meses para quienes causen la muerte de un animal, y hasta 70 meses si existen agravantes.
Las lesiones graves también son penalizadas con cárcel, y se contemplan multas que oscilan entre 15 y 60 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Además, la ley prohíbe que los condenados tengan o cuiden animales por un periodo de 5 a 7 años, e incluye la creación de una Ruta de Atención para casos de maltrato.
Por su parte, la Ley Lorenzo busca garantizar el bienestar de los perros utilizados en labores de vigilancia privada, tras casos conocidos de abuso. Esta norma exige condiciones dignas durante la vida laboral de estos animales, regula su uso en el sector privado y promueve su retiro responsable una vez terminadas sus funciones.
También obliga a las empresas a garantizar el cuidado físico y emocional de estos perros, tanto en servicio como al finalizar su ciclo laboral, asegurando que reciban atención adecuada hasta el final de sus vidas.
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