Bertha Díaz, es una paciente de 101 años, usuaria de la EPS Sanitas, a quien actualmente el dispensario de medicamentos contratado por esa empresa prestadora de servicios de salud no le entrega las medicinas que requiere para tratar el sin número de dolencias que padece y tratar de llevar una vida digna, como es su derecho, esperando la muerte.
Tanto la usuaria de avanzada edad, como los familiares, quienes pagan mensual y sagradamente sus obligaciones al Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS), ya no saben a dónde acudir. Ni las quejas ante la Supersalud, el Instituto Departamental de Salud (IDS), ni una acción judicial, restablecen los derechos de la adulta mayor, a quien la Corte Constitucional, le ha calificado como una sujeta de especial protección constitucional.
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Como el caso de doña Bertha, está el de Alfonso Serrano, un paciente diabético de Nueva EPS, a quien la farmacia Offimedicas, hace tres meses no le entrega la insulina que requiere para su tratamiento, lo que le puede producir un infarto agudo al miocardio, ceguera, insuficiencia renal o una enfermedad cerebro vascular.
Como ellos, hay millones de usuarios en el país. Ni hablar de los pacientes con enfermedades consideradas de alto costo a quienes les están interrumpiendo sus tratamientos de por vida. De quién es la culpa y qué es lo que pasa con el SGSSS, es la pregunta que nos hacemos todos los colombianos.
El Gobierno habla de la urgencia de reformar el sistema, el Congreso no aprueba, la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi) dice que hay que aumentar la UPC al 16,4 %, mientras el Ministerio de Salud anuncia que será del 12,1%.
El Invima se tarda hasta tres años para expedir registros sanitarios de los medicamentos, lo que retrasa la entrega y genera desabastecimiento en el país. En pocas palabras, el SGSSS en Colombia no garantiza el derecho fundamental de todo ser humano a recibir una atención con calidad y oportunidad.
Norte de Santander es uno de los departamentos que presenta mayor cantidad de tutelas en salud con territorios como Antioquia, Valle, Cundinamarca y Santander. Y siempre las acciones coinciden con la práctica de procedimientos, medicamentos o citas médicas que tardan hasta seis meses para otorgarlas.
A todo esto, se suma que las instituciones territoriales de inspección, vigilancia y control no tienen ni competencia ni injerencia para interponer sanciones a las EPS o IPS. Todo trámite o apoyo que se les solicite queda en un correo donde se le informa al usuario que han iniciado trámite ante la EPS o IPS para que responda sobre la denuncia.
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Cuando llega la respuesta, que casi siempre es excusando a la EPS e IPS, ya el paciente ha fallecido. El Ministerio Público representa do en la Personería, Defensoría y Procuraduría todo hacen, menos trabajar o salvaguardar los derechos de los ciudadanos.
Casi siempre quienes manejan estas instituciones son cuotas políticas que se sientan a manteles con los mismos funcionarios a los que deben y tienen que investigar. Recordemos que fue precisamente el 2 de enero del 2019 que esta casa editorial registró las denuncias hechas por los veedores en salud con respecto al tráfico de influencias a favor de las EPS e IPS, y otras irregularidades contra la oficina de inspección vigilancia y control del IDS.
En ese entonces el Supersalud Fabio Aristizábal Ángel y el procurador para la época, que creo, si la memoria no me falla, era Edgar Alfonso Fandiño Prieto, se comprometieron a investigar las denuncias sin que hasta la fecha haya pasado nada. (https://www.laopinion.co/cucuta/denuncian-trafico-de-influencias-en-el-ids).
Entonces por una situación u otra, los usuarios, quienes discutimos con quienes no debemos discutir, me refiero a la persona que da una cita, al médico que tiene saturada su agenda, a la clínica que no practica una cirugía o al dispensario que no entrega los medicamentos, nos conformamos con sacar todo ese resentimiento a través de un reclamo acalorado, cuando el deber es liderar acciones contra quienes tienen la competencia y función de velar por nuestros derechos.
La indiferencia del usuario y su falsa percepción de que el servicio de salud es un favor y no una obligación o mandato estatal, es lo que consiente que tanto las EPS como IPS, con la permisividad remunerada de quienes tienen la obligación de vigilar e inspeccionar los servicios y la atención, sean los primeros en vulnerar nuestros derechos, creyendo que es solo misión y obligación de los veedores y defensores proteger o garantizar los mismos.
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El cierre de EPS, la falta de medicamentos, las citas a largo plazo o la atención deshumanizada, son solo las consecuencias de un sistema de salud que ha sido permeado por la corrupción, en donde los dueños de clínicas e IPS buscan es aumentar sus ganancias e invertir lo menos posible en tecnología de punta o personal asistencial, comprando incluso la conciencia y el silencio de quienes tienen que vigilar porque el servicio se preste con calidad y oportunidad.
De otra parte, los usuarios del sistema contributivo pagamos una obligación al sistema que subsidia a quienes teniendo capacidad no pagan su atención, porque muchos de los afiliados al régimen subsidiado prefieren hacerle trampa al Estado antes de pagar un copago por un medicamento, siendo entonces parte de los actores que tienen quebrado al sistema.
Si bien el Estado tiene la obligación de prestar el servicio, somos los ciudadanos y usuarios los que debemos igualmente propender por su buen funcionamiento.
Cumplir las citas para no quitarle el derecho a otro usuario que tal vez sí la necesita; no vender los medicamentos propiciando un mercado negro e ilícito con los mismos dueños y farmacias que los distribuyen, o quedándose callado esperando que otros defiendan sus derechos fundamentales, los cuales no han entendido que no son negociables, sino exigibles.!
Son épocas difíciles para el SGSSS; entre conversaciones, proyectos de ley de reforma que no se aprueban, falta de recursos y barreras para que los medicamentos lleguen al país, pero ante todo este difícil panorama, recordemos que finalmente quienes vamos a morir esperando una atención humanizada, oportuna y de calidad, seremos los usuarios, quienes damos la vida por un sistema que no funciona.
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Las EPS liquidadas Más de 100 Entidades Promotoras de Salud (EPS) han sido liquidadas en las últimas dos décadas, y otras siete están intervenidas. La EPS Sura aún no hace parte de este listado.
El pasado 28 de mayo, Sura, una de las EPS con más afiliados (más de 5 millones), pidió su salida progresiva del sistema de salud colombiano, ante la crisis financiera que está viviendo. De esta manera se suma a Compensar EPS, que a principios de abril hizo la misma solicitud ante la Supersalud.
Nueva EPS que se encuentra intervenida para administrar (y no para liquidar). Por el momento, las EPS que sí se encuentran en esta situación son: la más reciente EPS SOS (con más de 750.000 afiliados), Nueva EPS (con más de 10 millones de usuarios), Sanitas (cerca de 5 millones de afliados), Asmet Salud EPS (con unos 1,6 millones de afiliados); Emsanar (1,7 millones de afiliados), Famisanar (2 millones de afiliados).
Redacción:
Nicolás Salazar
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