Con el objetivo de gestionar integralmente la velocidad en el país y disminuir las fatalidades y lesiones graves asociadas a este factor de riesgo, el Ministerio de Transporte y la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) adoptaron una nueva metodología para establecer la velocidad límite en vías nacionales urbanas y rurales.
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Así como también, reglamentaron los planes de gestión de la velocidad para municipios, distritos, áreas metropolitanas y departamentos de categoría especial 1, 2 y 3.
Esto, con el fin de dar cumplimiento a la Ley 2251 de 2022 o también conocida como ‘Ley Juan Esteban’ nombrada así en honor al pequeño ciclista que perdió la vida arrollado por un vehículo en el 2021, en el municipio de Zipaquirá (Cundinamarca).
Los nuevos límites
Según lo establecido, en las vías urbanas y carreteras municipales, la velocidad no podrá sobrepasar los 50 kilómetros por hora y en las zonas escolares y residenciales lo permitido será hasta 30 kilómetros por hora.
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Mientras que, en las vías nacionales y departamentales, la velocidad máxima permitida será de 90 kilómetros por hora.
En las vías de doble calzada que no contengan dentro de su diseño pasos peatonales, la velocidad máxima será de 120 kilómetros por hora.
Para el caso de patinetas y bicicletas eléctricas se definió que la velocidad máxima será de 40 kilómetros por hora.
“El exceso de velocidad es uno de los principales riesgos de los actores viales en la vía. De acuerdo con nuestro Observatorio Nacional de Seguridad Vial, hace parte de las causas más comunes asociadas a la siniestralidad. Se buscan promover medidas y estrategias integrales para proteger la vida de los actores viales, pero también darle herramientas a los territorios para que aterricen a sus particularidades las medidas para frenar este factor de riesgo en sus zonas de influencia” mencionó la directora encargada de la ANSV, Lina Huari.
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Ajustes en el departamento
Según la ANSV, en Norte de Santander el 33% de los siniestros viales se generan por exceso de velocidad siendo los motociclistas (73%) los actores viales que más fallecen por esta causa, seguidos de los usuarios de vehículos y peatones (12% cada uno) y los ciclistas (3%).
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La entidad precisa que, del 2010 al 2020, el parque automotor en la región se duplicó, destacando que, solo las motocicletas representan el 67% del mismo.
“Entre los factores de riesgo en el Plan Nacional de Seguridad Vial entre el 2022 y el 2031 para Norte de Santander se encuentra el incumplimiento de las normas de tránsito por debilidades en las acciones de control, conducir a velocidades inadecuadas y conducir vehículos sin la licencia de conducción”, detalla la entidad.
Y es que en Norte de Santander, de enero a junio han fallecido en accidentes de tránsito 129 personas, 36 más que en el 2022 en el mismo periodo. De estos, 85 eran usuarios de moto.
Mientras que en materia de lesionados por accidentes de tránsito, la cifra también aumentó, pues de 250 en el 2022, se pasó a 346, es decir 96 más que el año anterior. De estos, 215 motociclistas.
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Los municipios con mayor número de fallecidos a causa de siniestros viales este año han sido Cúcuta (42), Ocaña (13), Tibú (11) y Sardinata (9). También se han reportado víctimas fatales en Bochalema, Bucarasica, Los Patios, San Cayetano, Pamplona, Villa del Rosario, El Zulia y Ábrego.
Néstor Rojas, secretario de Tránsito de Norte de Santander, señaló que la metodología que están implementando es con base al plan mundial y al Plan Nacional de Seguridad Vial adoptado por el Decreto 1430 del 2022 que en sus 8 áreas de acción se propone en primer lugar “fomentar la conducción de vehículos a velocidades seguras en las vías del país”.
En este sentido, para poder cumplir con esta meta, la ANSV y el Mintransporte entregaron dos metodologías: una para establecer la velocidad límite y otra para diseñar los planes de gestión de la velocidad.
Para establecer la velocidad límite, en cada departamento las autoridades de tránsito deberán primero identificar las zonas urbanas y rurales, los tipos de vías, los límites de velocidad existentes, la presencia de actores viales vulnerables, la geometría de la vía, sitios de interés de la vía, entre otros, a fin de que los cambios sean acordes a cada punto.
Mientras que con los planes de gestión de la velocidad se deben tener en cuenta estrategias integrales en materia de gobernanza, infraestructura, control, comunicación y pedagogía de acuerdo con las particularidades de cada territorio.
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