En los tres años que se cumplen del Gobierno del presidente Gustavo Petro Urrego, no se han visto grandes transformaciones en Norte de Santander en cinco de los principales pilares de su administración: pobreza, infraestructura, reforma agraria, educación y seguridad.

No así, su principal logro, así se desprende de las voces de ciudadanos consultados en la calle por La Opinión, ha sido la apertura de la frontera con Venezuela, un mes después de asumir las riendas del poder, aunque hay que decirlo, por esta acción el intercambio comercial no ha regresado a los niveles de 600 millones, 5.000 millones, 2.000 millones de dólares antes del cierre fronterizo.

En esta misma línea, el anunciado acuerdo para la creación de una zona binacional, más que alegría lo que produjo fue el rechazo general en el territorio nacional por considerarse que el país no puede darse el lujo de sellar acuerdos con un gobierno que no está reconocido.

Tampoco se ha hecho realidad el pronóstico del entonces ministro de Comercio y Turismo, Germán Umaña en materia de generación de puestos de trabajo, cuando dijo que se esperaba la reactivación de unos 120.000 empleos.

Nada más en Cúcuta se registró una tasa de desempleo del 12,5% en el primer trimestre de 2025, según el más reciente informe del DANE. Si bien representa una leve mejora frente al 14,1% del mismo periodo en 2024, la ciudad se mantiene entre las seis con mayor desempleo del país.

Pobreza sigue latente en el departamento

Esta situación refleja una problemática estructural. La capital de Norte de Santander y el resto de municipios del departamento siguen registrando altos índices de precariedad laboral, con vendedores informales, trabajadores sin garantías ni acceso a la seguridad social, algo en lo que el actual Gobierno no ha aportado mucho para mejorar la situación.

Y en materia de pobreza, de acuerdo con la más reciente Encuesta de Calidad de Vida presentada por el DANE, de los 524.000 hogares de Norte de Santander, 234.752 piensan que viven en la pobreza. Mientras tanto, los jefes de familia que no se consideran pobres alcanzan el 55,2%.

Esto, en cifras, refleja que el 44,8% de los hogares se considera pobre y al 32,6% no le alcanza lo que gana para atender sus necesidades.

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Sigue la deuda con el Catatumbo

Y aunque el presidente Petro ha visitado cuatro veces el Catatumbo entre 2022-2025, muchos de los anuncios hechos ante las comunidades campesinas se han quedado solo en palabras al viento.

Se comprometió a emprender un novedoso plan de sustitución de cultivos de uso ilícito para erradicar de forma gradual las más de 47.000 hectáreas de coca allí sembradas y reemplazarlas por cultivos de pancoger e industrializados, a fin de establecer desde esta región un plan global de seguridad alimentaria, pero todo se ha quedado en una tímida entrega de semillas y títulos de tierras a escasas 387 familias campesinas del Catatumbo, incluyendo a 230 cultivadores de coca que están en proceso de sustitución de cultivos. 

Otro de los anuncios fue que producto de lo anterior el Catatumbo se iba a convertir en capital mundial de la vida y, a la postre, resultó todo lo contrario, al desatarse en enero del presente año la más sangrienta guerra entre el Eln y la disidencia de las Farc que estalló por el control de las economías ilegales, generando este episodio una histórica crisis humanitaria en materia de desplazamiento forzado.

Queda en este momento la inquietud en la región si el presidente, en el último año de mandato, activará las acciones necesarias para dejar en marcha el Pacto Social para la Transformación Territorial del Catatumbo.

Como lo expuso Planeación Nacional, se contemplan inversiones por seis billones de pesos, distribuidas en proyectos orientados a garantizar derechos fundamentales, fortalecer la infraestructura, mejorar la calidad de vida y fomentar la economía regional. ¿Dejará garantizados los recursos como vigencias futuras?, es el interrogante de la comunidad.

Si por algo le van a reconocer en el Catatumbo a Petro, es por el plan que puso en marcha con 12.000 adultos mayores, de los 11 municipios de esta región, a quienes el Gobierno Nacional les empezó a entregar $230.000 mensuales, considerados un preámbulo de los beneficios que trae para esta población la reforma pensional que aún está a la espera de aprobación definitiva. La cifra de beneficiarios, según Prosperidad Social, se elevaría a 25.000 adultos mayores, para lo cual están habilitados 55.000 millones de pesos.

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Graves en infraestructura vial

La infraestructura vial colombiana está marcada por una serie de proyectos que, debido a diversos problemas, se han convertido en emblemáticos por sus retrasos, sobrecostos y, en algunos casos, por su parálisis casi total, llegando a ser catalogados como “elefantes blancos”.

Estos casos obedecen a una combinación de deficiencias en planificación, presuntos actos de corrupción, debilidad institucional y cambios en prioridades gubernamentales.

El caso más sonado en el departamento tiene que ver con la vía Ocaña – Cúcuta, paralizada en El Tarrita por una avalancha que borró el caserío y dejó la vía inservible.

Los escándalos de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y Desastres frustraron la ayuda para 147 familias de El Tarrita y la solución vial.

“Recuerde, señor presidente Petro, los puentes militares eran solo por un año y ya vamos para tres años”, dijeron dirigentes campesinos de la región.

El Invías informó que el proyecto de estudios y diseños del corredor Ocaña – Alto del Pozo avanza en la fase final del Hito 1, tras dos años de trabajo.

Y ni qué decir de la vía La Soberanía, que conecta Arauca-Norte de Santander, para la cual el Gobierno Nacional no ha dado luces, solo “pañitos de agua tibia”, según el senador Jairo Castellanos.

Educación se estancó

La universidad del Catatumbo, en El Tarra, uno de los símbolos con los que Petro se pensaba consagrar en la región, en tres años solo ha logrado la firma del contrato el 23 de noviembre de 2024 por 34.000 millones de pesos, pero las obras no inician.

Hace dos semanas, con un año para finalizar el gobierno, el Ministerio de Educación llegó a El Tarra con un bulldozer e inició el descapotaje de un terreno para una infraestructura educativa distinta, lo que evidencia falta de planeación.

El nuevo campus universitario en El Tarra estaba programado para noviembre de 2025, pero ya no se cumplirá.

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Rajados en seguridad

En seguridad, el presidente Petro aseguró en su discurso del 20 de julio que los delitos han disminuido en el país.

Sin embargo, en Norte de Santander ocurrió lo contrario: se dispararon los asesinatos.

En el Catatumbo ya van más de 146 muertes violentas, 73.053 desplazados y 2.476 personas confinadas por la guerra entre el Eln y las disidencias de las Farc.

En Cúcuta, el problema de inseguridad sigue sin atención del Gobierno Nacional. Más de 125 homicidios en el año actual, muchos vinculados a bandas de delincuencia trasnacional y microtráfico.

Reforma Agraria apenas asomó la cabeza en Norte de Santander

En cuanto a la Reforma Agraria, el desarrollo es lento. En su visita a Tibú para lanzar el Pacto Catatumbo, la ANT entregó 387 títulos de propiedad a campesinos.

La ANT iniciará 300 nuevos procesos de titulación. Además, ha entregado 6.216 hectáreas formalizadas a campesinos y víctimas.

Esto beneficia a 492 familias campesinas de municipios como Ábrego, San Calixto, La Playa de Belén, Hacarí, Ocaña, La Esperanza, Tibú y Sardinata.

En 2025 se han hecho 603 levantamientos topográficos, abarcando 8.278 hectáreas.

El último anuncio fue la viabilidad jurídica y técnica para formalizar 3.000 hectáreas más en los municipios mencionados.

“Este avance nos permite garantizar la seguridad jurídica de las familias que han sido golpeadas por la violencia”.

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