Ni la pandemia por el coronavirus logró frenar el accionar violento contra los líderes sociales, políticos y comunales en este primer semestre de 2020 en Norte de Santander y es por esa razón que la región sigue figurando como una de las cinco en donde ejercer esta labor es más que un desafío.

De acuerdo con el más reciente informe elaborado por la Misión de Observación Electoral (MOE), hasta el pasado 30 de junio se registraron en el departamento 16 hechos de violencia contra líderes en Tibú, Cúcuta, Ocaña, Ábrego, Convención, Chitagá, Puerto Santander y Los Patios. Seis más que en 2019. (Ver tabla)

Esta cifra representa el 6,8% de los hechos presentados en todo el país, en donde en este primer semestre se contabilizaron 248 casos.

Uno de los datos que arrojó el análisis y sobre el cual llamó la atención la MOE, es que de los hechos registrados en Norte de Santander, el 62,5% fueron letales. Estos ataques estuvieron dirigidos contra 5 líderes sociales, 3 líderes comunales y 2 líderes políticos.

Según el estudio, el departamento ha mantenido un número constante de asesinatos tanto en el primer semestre de 2019, como en el de 2020, pero en este último periodo se ha evidenciado un incremento del 33% con relación al año anterior.

“En gran medida, el nivel de violencia de esta región está relacionado con la presencia en el territorio de diferentes grupos armados ilegales, en especial el Eln, los Grupos Armados Organizados (GAO) y Los Pelusos. Los líderes de víctimas, campesinos, indígenas y de derechos humanos han quedado en medio de la batalla por el territorio, precisamente por luchar por los intereses de sus comunidades”, planteó la MOE.

Frente a este panorama, la Misión de Observación alertó, justamente, que en lo corrido del año se ha registrado un incremento del 74% en las acciones bélicas de los grupos armados ilegales, al pasar de 27 en 2019 a 47 en 2020. El 64% de los hechos se presentó en la subregión del Catatumbo.

Preocupación por el área metropolitana

En el estudio llaman la atención, igualmente, sobre la situación del área metropolitana de Cúcuta, en donde en lo corrido del año se han incrementado las acciones por parte de los grupos armados, particularmente en la zona de frontera. 

La MOE reportó que hasta el 30 de junio se habían presentado cinco casos de violencia política en Cúcuta, Puerto Santander y Los Patios, contra líderes sociales, comunales y políticos. 

“Es en este escenario donde los líderes comunales y políticos se ven más afectados, pues las causas por las que luchan los convierten en un problema para el accionar de los grupos al margen de la ley, lo que los hace blanco para los actores ilegales, al no ceder a sus pretensiones”, señala el informe.

En julio pasado, la Federación de Juntas de Acción Comunal (Fedecomunal) instó la realización de un consejo de seguridad con las autoridades de la ciudad, ante la difícil situación que afrontan los líderes comunales de Cúcuta y la zona rural, para el ejercicio de sus funciones.

En el encuentro se hicieron presentes 40 dignatarios comunales, quienes manifestaron que venían recibiendo amenazas, especialmente por denunciar los negocios de microtráfico que se han apoderado de los barrios.

Fedecomunal reportó en junio que durante el primer semestre de 2020 se registraron nueve amenazas concretas contra líderes comunales de la ciudad, lo que obligó a que algunos hayan tenido que cambiar de lugar de residencia o solicitar esquema de protección. Adicionalmente, una edil de la zona rural de Cúcuta tuvo que desplazarse de su corregimiento para preservar su vida. 

Alerta por violencia en municipios PDET

En este nuevo informe sobre violencia política, los investigadores insisten en que los territorios PDET, priorizados para la implementación del acuerdo de paz por ser zonas altamente impactadas por el conflicto y el abandono estatal, concentran el mayor porcentaje de homicidio de líderes.

De acuerdo con las cifras entregadas, de los 81 asesinatos que se han cometido en estos seis meses en el país, 52 se presentaron en las regiones de aplicación de los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial como el Catatumbo.

“Esto significa que 64,2% de los asesinatos se dieron en zonas priorizadas por el Estado para evitar los focos generadores de la violencia. Esto representa un incremento del 39% respecto de los asesinatos perpetrados en territorios PDET en el primer semestre de 2019”, dice la MOE.

Asegura que en el Catatumbo, por ejemplo, se reportaron tres asesinatos contra líderes comunales en los primeros meses del año.

“La región del Catatumbo es estratégica para el comercio ilegal de armas, migrantes, contrabando, narcotráfico y el paso de actores ilegales hacia Venezuela, lo que hace que se presenten disputas por el control territorial entre ellos”, reiteran los investigadores.

Leve reducción, pero mayor letalidad

A nivel nacional, las acciones en contra de quienes ejercen algún tipo de liderazgo social o político en el país no cesan y si bien el estudio arrojó una leve reducción del 2%, con relación al mismo periodo del año anterior, la violencia sigue ahí. En total son 109 los municipios impactados.

“Si bien en el periodo de confinamiento estricto, que transcurrió entre el 25 de marzo hasta el 11 de mayo, la violencia se redujo en un 50%, esa disminución no afectó el total de acciones registradas en el primer semestre de 2020, lo que evidencia que la violencia en el resto del tiempo, sin confinamiento, fue mayor que en 2019”, advierte la MOE.

Señala que los asesinatos contra líderes sociales, el sector más afectado, se incrementaron en un 85% frente al primer semestre del 2019. Además, el 60% de los hechos de violencia contra los líderes comunales fueron letales. Los líderes políticos fueron el segundo tipo de liderazgo más impactado con 89 casos en estos primeros seis meses: 7 alcaldes, 42 concejales, 3 ediles y 2 diputados.

Un dato sobre el cual alertaron a las autoridades, es que 57 de los 248 hechos registrados corresponden a agresiones contra lideresas, lo que refleja un incremento del 18,8% frente al mismo periodo en 2019.

Ante este panorama, la Misión de Observación Electoral hizo un llamado a las autoridades e instituciones para repensar los mecanismos de protección que se están implementando, a fin de encontrar alternativas más efectivas para los liderazgos sociales y comunitarios.

“Lo que este informe nos muestra es que lo que está pasando es una tragedia en términos locales; cada día son mayores los ataques a los liderazgos que trabajan por transformar la realidad de sus comunidades. Si no tomamos medidas urgentes, nos vamos a quedar sin líderes”, consideró Alejandra Barrios, directora de la MOE.