El Observatorio de Asuntos de Género de Norte de Santander con apoyo del Fondo de Población de las Naciones Unidas -UNFPA- Colombia, Central Emergency Response Fund y la Fundación Halü Bienestar Humano, lanzó el Boletín N°5 sobre seguridad y género durante el año 2021: ¡La calle es nuestra! ¡La calle es libre! 

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El documento tiene como objetivo dar a conocer las situaciones de riesgo y violencia que sufrieron las mujeres y personas LGBT, tanto colombianas como venezolanas, con el fin de que la sociedad civil, la institucionalidad y los organismos de cooperación internacional tengan una imagen clara de lo que ocurre en la región y puedan generar estrategias de mitigación y de prevención más acertadas.

Asimismo, la publicación de esta investigación busca articular luchas más amplias para la transformación del departamento hacia la construcción de paz, de justicia social, hacia la eliminación de la xenofobia y de todo tipo de prejuicios.

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Para desarrollar este boletín, el Observatorio logró realizar las encuestas en diversos puntos estratégicos de Cúcuta y el área metropolitana, así como en el Catatumbo, por lo que el análisis presenta una mirada más amplia incluyendo zonas concurridas, espacios públicos transitados como asentamientos humanos y zonas de alta vulnerabilidad por contextos de marginación, pobreza y conflicto armado.

De acuerdo con el informe, durante el 2021 se registraron 830 personas víctimas de Violencias Basadas en Género (VBG), 29% de origen venezolano, 71% de nacionalidad colombiana y 24% de la comunidad LGBT. 

96% de las víctimas encuestadas sufrieron violencias psicológicas, 88% reportaron haber sufrido violencias sexuales, 79,1% registraron violencias físicas y 44% de las violencias fueron económico-patrimoniales.  

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Aunque se evidenció que los  principales agresores fueron señalados como desconocidos, explican que esto no necesariamente significa que las víctimas no conozcan su identidad, sino que no cuentan con garantías de protección para mencionar quiénes son. Parejas, familiares, personal de la Fuerza Pública y actores armados ilegales, también están dentro de los agresores más frecuentes. 

En Norte de Santander, Cúcuta reportó el mayor número de víctimas de VBG con un 68,4%, seguido de Tibú con un 6,3%, Villa del Rosario con un 6% y Los Patios con un 2,9%. También se registraron algunos casos en otros municipios del Catatumbo y en ciudades como Bogotá y Bucaramanga. 

Con respecto a los tipos de violencia reportados, encontraron que la mayoría de las VBG no fueron reportadas a las autoridades o instituciones que prestan el servicio de atención a las víctimas, resaltando que, solo el 37% de víctimas accedieron a servicios de salud, justicia y protección, mientras que un 63% se sintió revictimizada.

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Panorama desalentador 

Adriana Pérez Rodríguez, directora del Observatorio de Asuntos de Género de Norte de Santander, manifestó que, el panorama es desalentador, no solo porque las mujeres siguen siendo violentadas, sino también porque ya no cuentan con espacios seguros y muchos casos están quedando en la impunidad.

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“La gran mayoría de las mujeres no denunciaron los casos de violencia, no porque no supieran denunciar o porque no querían, sino que ya no confían en el Estado, porque en distintos escenarios son los mismos funcionarios del Estado los que violentan a los mujeres”, agregó Pérez.

Al analizar de manera general cada uno de los tipos de violencia, quedó demostrado que solo el 22% de los hechos victimizantes fueron denunciados ante las entidades competentes, mientras que un 63% de las víctimas  manifestaron  haber sido revictimizadas en algún momento por parte de la institucionalidad y/o a nivel social por personas conocidas o cercanas y familiares.

En relación a las violencias físicas, solo un 8% de las víctimas contaron con atención en salud, mientras que el 21% de ellas colocaron una denuncia.

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Solo el 13% de las víctimas de violencias sexuales y 12% de víctimas de violencias psicológicas se acercaron a un centro de salud, destacando que  únicamente un 19% de ambos grupos dieron a conocer sus casos por medio de denuncias ante las entidades de protección y justicia. Es decir, en la interlocución con el Estado para el restablecimiento de derechos, justicia y reparación, ningún porcentaje supera el 25%, evidenciando una alta impunidad estatal.

La directora explicó que, en el centro de la ciudad, las mujeres transgénero que se dedican a la prostitución, en su mayoría son violentadas por agentes de la Policía Nacional, una situación que no es nueva, pues esto ya se ha evidenciado en otros informes. 

Precisó que, aunque el año pasado el Observatorio acompañó unas mesas de trabajo que fueron instaladas por el Comité de Violencias de Género Municipal con el apoyo de la Defensoría del Pueblo, y en donde invitaron a la Policía Nacional para aclarar estas situaciones, las autoridades nunca hicieron presencia. 

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"Esta es una situación desgastante, vemos que hay una falta de disposición de la Policía Metropolitana para esclarecer qué es lo que está ocurriendo", expresó Pérez. 

Con respecto a la situación de las mujeres migrantes venezolanas, en especial de las caminantes, el informe arrojó que, sufren diferentes tipos de VBG por múltiples actores, incluyendo parejas, compañeros de viaje integrantes de sus comunidades, desconocidos, actores armados ilegales, agentes de la Fuerza Pública y personal de atención en salud.

"Las mujeres saben quién las está agrediendo, pero como no tienen ningún tipo de protección, pues van a preferir señalarlo como un desconocido para evitar cualquier tipo de represalias", indicó la directora del Observatorio. 

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Con las mujeres que viven en los asentamientos humanos de Cúcuta y la subregión del Catatumbo, se evidencia que han sido víctimas de crímenes cometidos por actores armados en el marco del conflicto, muchos de ellos contra la libertad y la integridad sexual, y también se reportaron violencias de género en el escenario intrafamiliar.

En estos casos, especialmente en el Catatumbo, hay temor de mencionar lo ocurrido, pues los actores armados pueden actuar como intermediarios agravando la exposición a la violencia e impunidad.

Quienes pertenecen a la comunidad LGBT no solo se enfrentan a una exclusión al interior de sus hogares, en sus comunidades y espacios institucionales, sino que en  los escenarios cotidianos de vida también están expuestos a ser víctimas constantes de actores armados ilegales, especialmente en territorios con condiciones precarias de seguridad y baja presencia estatal, como en la zona céntrica de Cúcuta.

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"Como sociedad y como Estado no estamos brindando el acompañamiento que las víctimas por ley requieren. Tenemos una deuda muy grande con ellas, porque no solo no somos capaces de prevenir estas violencias, sino que cuando ellas deciden contarlo, las volvemos a violentar. Es el momento de cuestionarnos si realmente estamos preparados para recibir a las víctimas de VBG o no, porque llevamos mucho tiempo visibilizando esto, pero que todavía las víctimas no encuentren en nosotros como sociedad y en el Estado un espacio seguro, significa que estamos haciendo muy mal la tarea", puntualizó Pérez. 

También quedó registrado que, la Fiscalía General de la Nación identificó 239 mujeres víctimas de homicidios el año pasado, a comparación de sólo 8 mujeres registradas como víctimas de feminicidio. La mayoría de los casos de este último delito pasaron a imputación de cargos, pero en ninguno se dictó orden de captura a los agresores. Ninguno de los asesinatos de mujeres en Tibú u otros municipios del Catatumbo se registraron como feminicidios.

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Recomendaciones 

El informe recomienda a las entidades del Gobierno emplear de manera urgente, estrategias coordinadas e intersectoriales de atención y seguimiento de los casos de VBG a fin de garantizar la transversalidad  e  integralidad  del  proceso, incluyendo a todos los sectores competentes de la ruta de atención desde su activación hasta la operación de justicia y restablecimiento de derechos. Fomentando, además, la creación de un único sistema de información unificada, para Norte de Santander, tal como lo establece la Ley 1257 de 2008.

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Recomiendan al sistema de justicia que aborde las muertes violentas de las mujeres como sospecha de feminicidio desde el inicio del proceso de investigación y no como una tipificación final que se da en la imputación de cargos, aspecto que va en armonía con el objetivo de la Ley 1761 de 2015 la cual busca garantizar la investigación debida de este delito, además de su sanción.

También piden hacer seguimiento de los feminicidios ocurridos partiendo de que existe un profundo desconocimiento por parte de las autoridades investigadoras y una omisión de operar debidamente.  "Por esta  razón  se  debe  solicitar  la coordinación con la mesa de seguimiento a la Ley 1257 del 2008, fortaleciendo su veeduría para que evalúe y exija a los entes a cargo de la justicia que se le dé prevalencia a los casos de feminicidios en el Catatumbo,  que  sea  investigado  bajo  el  enfoque feminista y de DDHH". 

A otros actores sociales les recomiendan incluir programas en las instituciones de educación superior que permita a estudiantes de las carreras de derecho, medicina, trabajo social, psicología y afines que participen en la ruta   de   atención   a   VBG,    integrando    las recomendaciones nacionales e internacionales dentro de su quehacer profesional.

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También recomiendan vincular a los niveles educativos primarios y medios en enfoques de género y derechos humanos que permitan identificar y corregir de manera temprana los estereotipos de género, a fin de prevenir el surgimiento de violencias.

Puede encontrar el informe completo a través del siguiente enlace: https://www.oagnds.org/ . 

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