La felicidad que mostró y hasta expresó en 2013 Donamaris Ramírez París, cuando era alcalde de Cúcuta, al conseguir que se iniciarán las construcciones de los Centros de Desarrollo Infantil (CDI) en Cormoranes, Ciudad Rodeo, Torcoroma Siglo XXI y Comuneros, se transformó en un lío legal ante la justicia que lo podría mandar a prisión.
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Y es que no es para menos. De los cuatro CDI solo se construyeron tres y uno de ellos, el de Cormoranes, tendrá que ser demolido porque representa un peligro para la comunidad, pues se comenzó a venir abajo antes de que el exmandatario Donamaris Ramírez terminara su mandato y la obra fuera recibida por el gobierno de César Rojas.
Y a pesar de que Rojas trató de salvar ese CDI, en marzo del 2018 anunció la demolición de la estructura, alegando en su momento que unos estudios de la UFPS detallaron que salía más caro rescatar la obra que hacerla de nuevo.
Además, las edificaciones que hoy están funcionando ya comenzaron a presentar fallas estructurales.
Esto significa que en la ejecución del contrato 876 de 2013, que definió un rubro de inversión de $4.695 millones para estas obras que supuestamente beneficiarían alrededor de cinco mil niños de Cúcuta, se habrían presentado varias irregularidades y no se habría cumplido con lo estipulado.
Ante eso, la Fiscalía Tercera Seccional de Administración Pública de Cúcuta decidió abrirles una investigación penal a tres funcionarios de esa época: a quien en ese entonces era el alcalde, Donamaris Ramírez; a Irly Yesenia Sandoval Pacheco, quien ocupó los cargos de subsecretaria de despacho y subsecretaria de contaduría municipal, entre 2012 y 2015, y a Jimy Galán Villamizar, secretario de despacho del Área Dirección de Fortalecimiento Corporativo.
Otras dos personas que también están en este proceso penal son Jhon Freddy Maldonado Peñaranda y César Augusto Martínez Álvarez, representante legal de la Unión Temporal CDI y director de obra, respectivamente, quienes tenían a cargo la ejecución del millonario contrato.
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Los tres exfuncionarios y los dos contratistas están siendo procesados penalmente por prevaricato por omisión, en calidad de autor, en concurso material, heterogéneo y sucesivo; contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación agravado en favor de terceros, en calidad de coautor.
El inició de la investigación
Desde enero de 2016 la Fiscalía tuvo conocimiento de estas presuntas irregularidades en el contrato de la construcción de los CDI, porque el secretario de Infraestructura Municipal para esa época, Yonny Pascual, denunció lo que estaba pasando.
El exfuncionario le señaló al ente investigador que en una visita que hizo a los CDI en enero de 2016, cuando apenas arrancaba el gobierno de César Rojas, se encontró con que estos centros no estaban terminados como se indicaba en el acta de recibo final del 24 de diciembre y en el acta de liquidación del 28 del mismo mes, de 2015.
En esa oportunidad evidenció que aún había obreros trabajando, lo que no era normal pues los trabajos tenían que haber finalizado antes de que terminara el mandato de Donamaris Ramírez, como constaba en las actas.
Además, las edificaciones no contaban con el servicio de electricidad, entre otras muchas falencias.
El exsecretario de Infraestructura también se llevó la sorpresa de que el CDI que iban a levantar en Comuneros y que estaba incluido en el contrato, nunca lo construyeron. El dinero que estaba destinado para esa obra, decidieron usarlo en las otras tres edificaciones, lo que le pareció muy curioso.
Y es que el Centro de Desarrollo Infantil no se construyó porque la comunidad prefirió quedarse con la cancha de fútbol que había en el lote que habían destinado para el CDI.
“Un mes después de realizado el respectivo balance con funcionarios de la secretaría, las obras no se habían terminado en el 100%, hacía falta la parte eléctrica y la reposición de un muro en el CDI Cormoranes, el cual les tocó volver a hacer porque el día que hice la visita se les cayó”, se alcanza a leer en la denuncia de Pascual ante la Fiscalía.
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El exfuncionario les explicó a las autoridades que el contrato 876 tuvo dos fases: la primera consistía en la construcción del comedor, unidad sanitaria, algunas aulas y el encerramiento perimetral en cada uno de los CDI, mientras que la fase II consistía en la construcción de más aulas, incluyendo sala cunas.
Y para cada una de las fases hubo un contratista diferente. En la primera estuvo Jhon Freddy Maldonado, representante de la unión temporal CDI 2013 y para la segunda fue el ingeniero Juan Carlos García, de otra unión temporal.
Y Yonny Pascual para respaldar su denuncia, le entregó al ente investigador varias fotos y videos de los CDI y del estado en que fueron recibidos, pues sabía que a la administración municipal para la que él trabajaba le tocaría invertir más dinero.
Pero no solo la Fiscalía inició la investigación; la Contraloría General de la República también abrió un proceso de responsabilidad fiscal en atención al daño patrimonial que se pudo dar en la construcción del CDI de Cormoranes, en contra de los contratistas de la obra, los representantes de las entidades municipales involucradas en las contrataciones y los supervisores de la obra.
Sin embargo, los encargados de las obras han argumentado que las fallas que se dieron y que se siguen presentando, se deberían a la construcción de los conjuntos residenciales que están al lado de los CDI, porque no hicieron una buena construcción del alcantarillado, además, de las oleadas invernales que se han presentado desde que terminaron las obras, pues los terrenos son arcillosos.
Ante un juez
Precisamente, para mayo de 2022 la Fiscalía decidió presentar ante un juez este proceso investigativo y buscar que se diera un castigo ejemplar por parte de la justicia, pero ese mes no se pudo realizar ninguna de las audiencias por diferentes circunstancias que se presentaron.
En agosto fue el segundo intento por arrancar el proceso penal y tampoco se logró, porque, según se conoció, algunos de los abogados de los imputados volvieron a argumentar diferentes situaciones que no les permitían estar presentes en las audiencias.
Y en un tercer intento, para el pasado 30 de enero, la Fiscalía logró que un juez fijara la fecha de la audiencia de formulación de imputación y así se dio. Aunque algunos de los procesados no estuvieron presentes, entre ellos el exalcalde Donamaris Ramírez, sus abogados defensores si lo hicieron.
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Luego de varias horas de exposición del caso, la Fiscalía presentó parte del material probatorio que tendría contra los acusados por las presuntas irregularidades en la ejecución del contrato 876 de 2013. El juez decidió suspender la audiencia y la terminó el viernes 3 de febrero, citando para la solicitud de medida de aseguramiento cinco días después.
Pero el pasado miércoles 8 de febrero la diligencia judicial fue suspendida por el juez, porque cuando la Fiscalía comenzó a solicitar la imposición de medida de aseguramiento, le indicó que los imputados tenían órdenes de captura desde junio de 2022 para que comparecieran al proceso penal, lo que no le gustó al togado.
Según se conoció, el juez se molestó por lo informado y le indicó al representante de la Fiscalía que por qué él no le había informado antes de esas órdenes de captura, catalogándolo como desleal, pues ellas debían haberse hecho efectivas porque eran para comparecer al proceso penal.
Ante eso, el administrador de justicia le indicó al fiscal que solicitara la suspensión de esas órdenes judiciales para poder adelantar la audiencia de la imposición de medida de aseguramiento.
Y para terminar la diligencia judicial, el juez indicó que mañana 16 de febrero se llevará a cabo la audiencia donde se conocerá si el exalcalde Donamaris Ramírez y el resto de procesados serán enviados a prisión por estos hechos, o si podrán enfrentar el juicio en libertad.
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