El Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito de Cúcuta procedió a abrir incidente de desacato contra el alcalde de Cúcuta, Jairo Tomás Yáñez Rodríguez, por no haber dado respuesta clara y contundente sobre los soportes y méritos de la urgencia manifiesta que decretó en 2021 para finalizar la construcción del Puente Cuatro Vientos.

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En ese entonces, la Contraloría Municipal por la vía de lo contencioso administrativo solicitó la nulidad de dicha urgencia manifiesta, en vista de que Yáñez prefirió liquidar de manera unilateral el contrato que estaba en manos de la Unión Temporal Construnorte, del cual faltaba solo el tres por ciento de obra.

Se conoció que en la demanda de nulidad que interpuso el órgano de control se argumentó que no existían elementos, como ordena la ley, para proceder con dicha urgencia manifiesta. El alcalde prefirió contratar con otra compañía para que se encargara de la terminación del tres por ciento de los trabajos del puente, en lugar de haber conciliado con Construnorte.

Esta empresa había solicitado  un ajuste del contrato por un desequilibrio económico, pero la alcaldía no lo concedió. 

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Contra esta negativa y por la terminación unilateral del contrato con esta firma, La Opinión conoció que cursa una demanda contra la alcaldía por más de 2.200 millones de pesos.

El Juez Primero Administrativo Oral del Circuito de Cúcuta había solicitado  en 2022 a Yáñez que aportara  los expedientes que demostraran la legalidad de la urgencia, hecho que no ocurrió y por ello la apertura del incidente de desacato.

No obstante el órgano de justicia le concedió cinco días hábiles al mandatario municipal, una vez sea notificado de la medida, para que allegue el material probatorio suficiente y pertinente para demostrar que esa urgencia manifesta fue decretada conforme a la ley y al derecho.

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El contrato con la anterior firma Construnorte terminó el 27 de julio sin que estuviera la obra culminada, con una ejecución física del 97.44% “y por lo que no era funcional para su uso por seguridad de la ciudadanía”, indicó en esa oportunidad la Alcaldía.

En 2021 cuando el alcalde Yáñez decretó la urgencia manifiesta anunció que la alcaldía iba a contratar  otra empresa para que concluyeran los trabajos pendientes con una inversión de $900 millones, en un plazo de tres meses, con aperturas parciales para el tránsito vehicular. El proyecto tenía en ese entonces, según la alcaldía, más de un año de retraso en su entrega y cuyo contrato con la empresa había terminado el  27 de julio de 2021.

Según la Alcaldía, lo que faltaba por hacer del puente Cuatro Vientos requería de una contratación directa con otra compañía para proceder con apertura parcial del puente para dar por terminada con las numerosas quejas de la comunidad por no contar con ese paso en funcionamiento.

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Para la alcaldía, un proyecto de más de 29.000 millones de pesos, contratado en la pasada administración corría el riesgo de convertirse en el ‘elefante blanco’ más grande de la región, debido a las controversias suscitadas entre las partes contractuales y por la inobservancia de ánimo conciliatorio.

Tras conocerse el decreto de la urgencia manifiesta llovieron denuncias y se desató en la ciudad una polémica porque se consideraba por expertos que no era la vía indicada para poder culminar el contrato del puente Cuatro Vientos.

Urgencia manifiesta fue legal: Alcaldía

Contra estas denuncias, Javier Delgado Campuzano, asesor jurídico de la Secretaría de Infraestructura, indicó en su momento que la urgencia manifiesta no era ilegal.

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Con respecto al tema de la adquisición de predios que retrasaron la obra, detalló que la obligación de comprarlos era del contratista, más no de la alcaldía. “Esa insistencia de que la administración incumplió el contrato no se puede aceptar, porque no fue así”.

Declaró que la urgencia manifiesta estaba soportada en los análisis sectoriales realizados por las secretarías de Infraestructura, Tránsito, Seguridad Ciudadana y por la oficina de Caracterización Socioeconómica de la Alcaldía de Cúcuta, con los cuales se concluyó que era absolutamente necesario tomar medidas urgentes para terminar esta obra a la cual le faltaba el 2,56% de ejecución.

“Esta urgencia manifiesta obedece primero a la (presunta) negligencia del contratista. Segundo, obedece a la urgente necesidad de salvaguardar los recursos públicos de la ciudadanía de San José de Cúcuta que están ya invertidos ahí en Cuatro Vientos”, agregó Delgado.

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