Los caminos ilegales, o trochas, que se abren entre la maleza de la zona fronteriza de Colombia y Venezuela continúan siendo caldo de cultivo para muchos delitos como desapariciones forzadas, contrabando, narcotráfico, extorsión, trata de personas, esclavitud o asesinatos.

Estos pasos ilegales, que son controlados por grupos armados irregulares, comenzaron a tomar auge desde el 2015 cuando aumentó el flujo de migrantes venezolanos por la emergencia humanitaria que se vive en el vecino país.  

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Ante este problema, el actual alcalde de Cúcuta, Jorge Acevedo prometió en enero de este año que su administración acabaría con las trochas de toda la franja de la capital nortesantandereana.    

“No nos puede quedar grande acabar con las trochas”, dijo en su momento el alcalde de la ciudad, quien a su vez aseguró que esos pasos serían destruidos con el apoyo del Ejército y la Policía. 

De acuerdo con los datos de la Policía Metropolitana de Cúcuta, en toda el área metropolitana hay más de 120 trochas completamente identificadas por las autoridades. 

En la reciente asamblea de Asocapitales el secretario de Seguridad Ciudadana de Cúcuta, Diego Villamizar, informó que se habían hecho algunas intervenciones en lo que denominó “puntos calientes”. 

Sobre esto, Villamizar dijo a La Opinión que en este momento se encuentran en la fase de caracterización y que las destrucciones se harán en intervenciones especiales, que además estarían en el marco de un ‘Plan Espejo’ que hay con el Gobierno de Venezuela. 

“Se hizo una primera intervención en un trabajo conjunto con Policía y Ejército, establecido en el Plan Libertad y Orden. Estamos identificando estos puntos utilizados por bandas nacionales y transnacionales como rutas o corredores para la salida de vehículos y motos hurtadas, así como para el traslado de personas secuestradas en territorio colombiano y llevadas al vecino país”, manifestó. 

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En este sentido, la comandante de Policía Metropolitana de Cúcuta (Mecuc), coronel Sandra Mora, explicó que no podían revelar cuáles eran los puntos que atacarían próximamente, para no alertar sobre los siguientes movimientos. 

“Decirle qué es lo que tenemos identificado en este momento en las trochas, no se los voy a referir por unos temas de trabajo que estamos haciendo y esperamos dar unos resultados. No puedo decir que estos resultados los vamos a dar en cuatro, cinco o 24 horas”, develó la coronel de la Mecuc. 

“Es una medida populista”

Para la presidenta del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos capítulo Norte de Santander (CPDH), Eliana Zafra, decir que van a destruir las trochas es un discurso populista. 

“A veces los por el afán de mostrar resultados de seguridad terminamos dando discursos inequívocos y casi que populistas”, expresó Zafra, quien aseguró que lo primero es hablar sobre los grupos armados que controlan esa zona. 

La presidenta de la CPDH capítulo Norte de Santander enfatizó en que no se pueden tomar medidas sin pensar en las personas que hoy hacen vida en este tipo de trochas. 

“No solamente son los pasos, es gente que vive en esos lugares a la que no se les       brindaron las garantías cuando llegaron aquí y que por supuesto no van a regresar a su país, porque tampoco tienen garantías o tienen temor”, opinó. 

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Por otro lado, la coordinadora de investigación de la ONG Fundaredes, Adriangela Álvarez, explicó que el acabar con las trochas no pasa por la voluntad de algún alcalde, sino que tiene que ver con los esfuerzos que se hagan entre Colombia y Venezuela. 

“No creemos que pasar unas máquinas por la zona vaya a acabar con ese problema. Las trochas no es un tema netamente local. Esto es un problema entre Caracas y Bogotá. Y los dos Estados deben comenzar por aceptar que allí está el Tren de Aragua y la guerrilla del Eln”, enfatizó Álvarez. 

Sobre la presencia de grupos armados, la coronel de la Mecuc prefirió no hacer referencia a la guerrilla del Eln, que ya ha hecho atentados en Cúcuta, sino que habló de 14 estructuras delictivas a las que les están siguiendo la pista. 

“De acuerdo a información que tenemos, el Eln está sentado en unas mesas de negociación con el Gobierno”, expresó. 

Con relación al plan que tiene la administración municipal para evitar que las trochas vuelvan a funcionar inmediatamente después de ser destruidas, el secretario de Seguridad Ciudadana insistió en que debe ir ligado a la presencia constante de las fuerzas de seguridad en estas zonas. 

“Con presencia permanente entre la Policía y el Ejército sobre estos pasos irregulares. Además, hay un componente élite conformado por inteligencia y policía judicial para identificar las estructuras criminales que tienen el control de estos pasos irregulares y quienes se lucran con estos puntos”, agregó. 

Aunado a ello, Villamizar explicó que aquellos inmuebles privados que sirven como puentes para los pasos ilegales serán destruidos con maquinarias. 

“Vamos a empezar a hacer una caracterización de estos pasos irregulares. Si hay predios privados que sirven como corredor irregular, en un trabajo articulado con la Fiscalía General de la Nación, realizaremos los procesos de extinción de dominio. Estos puntos van a ser intervenidos con varias estrategias, una de ellas, es el uso de maquinaria amarilla para iniciar la destrucción, priorizando los que se encuentran en la zona urbana”, aclaró.

Esto fue criticado por la presidente de la CPDH Capítulo Norte de Santander, pues lo comparó con lo que hizo el Gobierno venezolano en 2015 cuando destruyó las casas de los colombianos que fueron catalogados como “ilegales”. 

¿Qué se mueve por las trochas?

Según la coronel Sandra Mora, por las trochas pasa diariamente contrabando de alcohol, automóviles, combustible y droga.

En este sentido, indicó que los puntos con más movimiento están en el área de La Parada, en el municipio de Villa del Rosario. 

Asimismo, citó las cifras de Migración Colombia para asegurar que desde la reapertura de los pasos regulares ha disminuido el uso de las trochas.

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“Ha aumentado mucho el paso legal por los puentes. Pasó de 60.000 y 70.000 personas diarias a 90.000. Yo le podría decir que se ha reducido el uso de las trochas en un 70%, el problema es que ese otro 30% nos está haciendo mucho daño”, manifestó la oficial.

Además, también explicó que estas bandas criminales cobran entre 10 y 40 dóalres por persona para permitir el paso por las trochas.     

La Organización No Gubernamental Fundaredes contabilizó 250 trochas entre la frontera de Norte de Santander y el estado Táchira.

Redacción: Brayan Silva/ Periodista La Opinión

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