La Contraloría General de la República resolvió intervenir de oficio los proyectos Corazones de Barrio, correspondientes a los convenios interadministrativos entre el municipio San José de Cúcuta y el Área Metropolitana de Cúcuta, tras el hallazgo de un presunto detrimento patrimonial de cerca de 5.200 millones de pesos, según auditoría adelantada por su homóloga municipal desde el 23 de septiembre de 2023.
En comunicado oficial, la Contraloría Municipal señaló que las primeras inconsistencias fueron encontradas en dos de cuatro contratos, que corresponden al convenio Interadministrativo 1404 del 2021.
Los contratos intervenidos son el 008 de 2021, que tienen que ver con la construcción del Corazón de Barrio en la ciudadela La Libertad, donde el hallazgo fiscal es de 3.912 millones de pesos; y el 009 de 2021, celebrado con el Consorcio Edusanitarias, para la construcción y reparación de baterías sanitarias de instituciones educativas, en el que se habrían menoscabado alrededor de 1.300 millones de pesos.
Del informe levantando por la Contraloría Municipal, que fue enviado a los despachos del alcalde Jorge Acevedo y el director del Área Metropolitana, Juan Carlos Soto, se desprende que la gestión entre ambas dependencias del convenio 1404 del 2021, sobre la “Construcción del Corazón de Barrio La Libertad” se considera ineficaz porque, después de 26 meses, cinco prórrogas y dos suspensiones, la obra aún no ha sido terminada ni puesta al servicio de la comunidad.
Originalmente la obra, que inició en mayo de 2022, estaba prevista para ser entregada el 22 de enero de 2023, sin embargo, tras los inconvenientes todavía al 8 de enero de 2024 seguía sin finalizar. En declaraciones de prensa del entonces director del Área Metropolitana de Cúcuta, Miguel Peñaranda, aseguró que la misma estaría lista para finales de mes.
Ernesto Jaimes, presidente de la Asociación de Juntas de la Comuna 3, confirmó a La Opinión que, al cierre de esta edición, la construcción estaba abandonada desde hacía varios días, “no hay nadie trabajando ahí”, aseguró.
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Gestión inoportuna en La Libertad
En el documento oficial expedido por la Contraloría Municipal se señala que la gestión fue inoportuna ya que no se ejecutó dentro de los costos y condiciones previstos.
La eficiencia también se cuestiona, dado que con un presupuesto de $9.000.000.000 y diseños definitivos, el Área Metropolitana no logró completar la obra satisfactoriamente y generó costos adicionales considerables. Se argumenta que la gestión no fue económica ni optimizó el uso del tiempo y los recursos públicos, lo que presuntamente resultó en un daño fiscal de $3.912’523.890.
Al respecto, el Área Metropolitana respondió que las modificaciones se llevaron a cabo de manera transparente, con la participación del municipio y la subsecretaria encargada de la supervisión del convenio. Indicaron que se realizaron comités para revisar los diseños iniciales, atender observaciones de la comunidad y justificar las modificaciones necesarias para mejorar el proyecto.
Respecto a las prórrogas solicitadas, el AMC aseguró que fueron necesarias debido a las condiciones climáticas adversas, respaldadas por datos del IDEAM. Detallaron el impacto de estas condiciones en el rendimiento de la obra, así como las acciones tomadas para recuperar el tiempo perdido, como la implementación de un plan de contingencia.
Sobre el alcance e impacto del presupuesto adicional aprobado para el proyecto, desde el ente administrativo detallaron ampliaciones y modificaciones en los espacios arquitectónicos, que fueron ajustadas y revisadas por especialistas del proyecto para garantizar su seguridad y funcionalidad.
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Contrato con Edusanitarias
En cuanto a las irregularidades encontradas en el contrato con Edusanitarias para la construcción y reparación de baterías sanitarias en instituciones educativas de la zona rural y urbana del municipio, por un monto de $6.619’146.915, el ente contralor halló que el contrato inicial tenía un plazo de 10 meses, con fecha de inicio el 10 de diciembre de 2022 y finalización para el 11 de agosto de 2023; sin embargo, después de 25 meses de ejecución, las obras no se habían completado, con seis baterías aún pendientes.
En el documento refieren que a la obra se le han dado siete extensiones de plazo, lo que revela deficiencias en la planeación del contrato. Estas extensiones fueron otorgadas a pesar de avances mínimos en la obra, lo que sugiere una falta de exigencia por parte del ente contratante. Finalmente, se ha realizado un adicional que incluye 30 días adicionales de plazo y más recursos, pero el contratista volvió a incumplir.
En su análisis, la Contraloría determinó que hasta el 19 de diciembre de 2023 el contrato registraba un avance financiero del 89,99%, indicando un incumplimiento de los plazos, en este sentido, reprochó que el ente contratante, es decir, el Área Metropolitana de Cúcuta, no hubiese tomado medidas ante este incumplimiento, lo que podría resultar en hallazgos administrativos y fiscales significativos.
A pesar de las extensiones de tiempo y el desembolso de recursos adicionales, solo se habían completado el 70% de las baterías sanitarias proyectadas, “lo que evidencia una gestión contractual ineficaz, ineficiente y antieconómica; mientras que de la meta establecida solo se había cumplido el 41,16, a pesar del alto valor comprometido, lo que refuerza la conclusión de una gestión fiscal deficiente”, subraya el órgano de control.
En su respuesta, el Área Metropolitana de Cúcuta aseguró que implementó medidas correctivas para abordar los retrasos e incumplimientos en el contrato de obra, incluyendo una audiencia de proceso sancionatorio donde se recibieron descargos y compromisos por parte del contratista.
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Señalaron que entre las estrategias implementadas para minimizar las afectaciones por los retrasos en los que se incurrieron, se priorizaron 20 instituciones educativas para intervención debido a condiciones como fallas estructurales y falta de espacio, por lo que contrario al cuestionamiento del ente contralor, consideran que la gestión contractual fue eficaz, al lograr completar las 20 baterías prioritarias, mejorando la calidad del servicio sanitario.
Igualmente, indicaron que se realizaron ajustes en los recursos del proyecto para optimizar su eficiencia, lo que resultó en una utilización efectiva de los fondos. “A pesar de que inicialmente se contemplaba intervenir 48 instituciones, se tomaron decisiones que priorizaron las necesidades más urgentes, demostrando una gestión prudente y efectiva de los recursos”, esgrimieron desde el AMC.
Con este informe como base, ahora la Contraloría General será la que debe realizar las actuaciones administrativas a que haya lugar, para establecer las diferentes responsabilidades, dijo Oscar Sandoval, contralor municipal.
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