Por orden del Tribunal Superior de Bogotá, este jueves se conoció que Carlos Ramón González, otrora uno de los funcionarios poderosos y cercanos al presidente Gustavo Petro, será enviado a prisión. Lo anterior, por su presunta responsabilidad en el entramado de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

En la determinación adoptada por el magistrado Leonel Rogeles Moreno, se decreta una orden de captura contra González para que cumpla con la medida de aseguramiento. Al parecer, hoy el exfuncionario se encuentra fuera del país, por lo que es incierto si cumplirá con la decisión.

“Si bien es cierto, González Merchán ha acudido a los llamados de la justicia, entre ellos a las audiencias que se desarrollan en este despacho virtualmente, el implicado no cuenta con arraigo actualizado y, al parecer, se encuentra en Nicaragua, lo cual hace palpable el riesgo de no comparecencia que se busca evitar mediante la imposición de una medida de aseguramiento en su contra”, argumentó el magistrado.

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Según el fallo, la no comparecencia de González “es un riesgo previsible”, dada su posición social, los recursos que maneja y su constante ingreso y salida del territorio colombiano. “Es probable que se ausente del país para evitar el ejercicio de la acción penal adelantada en su contra, entre otros motivos, dadas las penas tan altas a las que se podría enfrentar en caso de ser vencido en juicio”.

El exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), es señalado de ser el artífice de un supuesto esquema de corrupción para ofrecer dádivas a los entonces presidentes del Congreso, Iván Name (Senado) y Andrés Calle (Cámara) a cambio de tramitar proyectos y reformas del Gobierno Nacional. Todo esto, con dineros arañados de la corrupción que se enquistó en Gestión del Riesgo.

En esa línea, el fallo resalta que González se mueve “en las más altas esferas del Estado”, cuenta con reconocimiento público y está vinculado desde hace bastantes años con el poder político, “a pesar de lo cual decidió delinquir, comprando la función legislativa de los presidentes del Senado y de la Cámara”.

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