Con un protagonismo de varios años en los escenarios de la política colombiana, Juan Manuel Ospina une a su conocimiento y sus saberes una amplia experiencia en el manejo de los asuntos públicos. Docente en la Universidad Externado de Colombia, también se ha desempeñado como presidente de la Sociedad Colombiana de Agricultores y del Consejo Gremial Nacional. 

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Así mismo, fue secretario de Gobierno de Bogotá en la administración de Luis Eduardo Garzón, gerente de Incoder y director de Concultura. Tiene un posgrado en Historia Económica y Desarrollo Rural de la Universidad de París. 

El Partido Dignidad, de reciente creación, lo eligió presidente y desde esa posición busca que la política nacional entre en una dinámica de cambio. Sobre la actualidad colombiana, La Opinión habló con Ospina.

¿Qué respuesta ha recibido de los colombianos el nuevo Partido Dignidad, que usted preside?

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La respuesta ha sido muy favorable, con una expectativa positiva que muestra la necesidad que existe en el país, en sectores amplísimos de ciudadanos, de una política distinta, para enterrar la vieja política que solo produce rechazo e incredulidad por falsa y mentirosa, por entregada a los intereses de los políticos, sus amigotes y socios, olvidando que existe es para el servicio de los ciudadanos y la defensa del interés general. La política que se encarna en Dignidad está cerca de la gente, de sus intereses y problemas y desde las regiones la estamos construyendo con contenidos concretos, no de discursos floridos y mentirosos, hombro a hombro con la ciudadanía, no como una imposición que llega de Bogotá.  

¿En qué ideología se alinea Dignidad?

En la terminología política convencional, nos situamos en el centro izquierda del escenario de la política. Claramente, Dignidad es una propuesta de cambio y transformación del país. Un espacio político de amplia convocatoria para superar la polarización estéril, alimentada por dos caudillos, Petro y Uribe.

¿Y cuál es su propuesta a los colombianos?

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Nuestras propuestas como partido vienen de una herencia que recibimos de esfuerzos y trabajo político anterior, centrada  en dos puntos claves: una lucha frontal contra la corrupción en sus diferentes niveles, que ha penetrado gravemente el manejo de los recursos públicos y los procesos de contratación; que ha ilegalizado y criminalizado sectores significativos de la economía alimentados por el narcotráfico, el contrabando de grandes proporciones y una minería, especialmente de oro, que masacra nuestros recursos y medio natural, compitiéndole  al narcotráfico;  actividades criminales que generan  enormes capitales y una violencia que controla regiones y sustenta toda suerte de actividades ilegales. Dignidad ha asumido el reto de desarrollar una economía legal, que reivindique el trabajo de los colombianos en sus diferentes manifestaciones.

En medio de la crisis que agita a Colombia y de la incapacidad de los políticos para solucionar los problemas nacionales, ¿tienen vigencia los partidos?

Acá hay que hacer una distinción muy clara entre la política y los partidos políticos. Respecto a la política, hoy más que nunca es necesaria una buena política, porque la raíz profunda de la crisis que vive el país es política, de ausencia de un propósito nacional que exprese el acuerdo ciudadano que integre las acciones en la búsqueda y defensa del interés general. Los partidos son los instrumentos para llevar a cabo las propuestas políticas. Los partidos actuales están mandados a recoger porque los ciudadanos ya no creen en ellos, los rechazan.  En ese escenario, Dignidad se gana su puesto, tiene su oportunidad de abrirse a esa nueva política que es necesaria para desatar el proceso de transformación que Colombia requiere.

¿La paz sigue siendo un tema fundamental y prioritario en la política nacional?

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No podemos hablar de la paz como si fuera un logro ya alcanzado. Hoy está vigente la lucha por conseguirla. Hubo unos avances importantes con los acuerdos que se lograron en La Habana, que deben consolidarse; es un proceso incompleto y hoy sus vacíos la amenazan. 

¿Cuál es la propuesta ante la expansión del narcotráfico?

De entrada, hay que ser claros: el narcotráfico es un tema de responsabilidad mundial compartida.  Es equivocado e inaceptable que se nos señale internacionalmente como los únicos responsables del narcotráfico. El motor y combustible de ese negocio maldito, es una muy fuerte y solvente demanda por la droga, principalmente en Norteamérica y Europa, que estimulan la oferta como repuesta. Su represión no termina ni con la oferta ni con la demanda, solo hace económicamente más atractivo el negocio no para los productores, generalmente campesinos, sino para los transportadores y distribuidores en los países consumidores cuyas ganancias se disparan al impulso de la fracasada e hipócrita “guerra contra las drogas”.

El Catatumbo, como escenario del conflicto armado y la actividad del narcotráfico en su territorio, ha adquirido la dimensión de un problema nacional, ¿qué hacer frente a esta situación?

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Lo anterior sobre la droga aplica para el Catatumbo, pero acá tiene unas características adicionales que lo hacen más complejo, surgidas de su vecindad con Venezuela, país que es hoy una de las principales rutas de salida de la coca colombiana a los mercados internacionales, con la complacencia, cuando no complicidad, de su gobierno. El tratamiento de un asunto tan espinoso requiere una normalización de relaciones con un gobierno con el cual hay temas tan delicados y significativos como el de los millones de venezolanos que en Colombia buscan salidas a sus condiciones de vida calamitosas, y el de poder restablecer los intercambios comerciales, pues el mercado venezolano, especialmente para nuestras manufacturas, ha sido históricamente fundamental. Restablecida la comunicación y no pretendiendo inmiscuirnos en su política interna, se puede avanzar hacia la indispensable  normalización de relaciones. 

¿Qué piensa de la crisis de las relaciones entre Colombia y Venezuela?

Insistimos en que no es competencia del gobierno de Colombia, derrocar al gobierno venezolano. Podemos tener una posición crítica frente a sus políticas, pero eso no implica que nos involucremos en un asunto que es de los venezolanos, como ingenuamente lo hizo Duque al comienzo de su gobierno. No se trata de desconocer las realidades sino de restablecer relaciones respetuosas de parte y parte, y de buscar fórmulas de convivencia como vecinos. 

¿Cree posible un cambio en Colombia sin la unión de los sectores que lo están promoviendo?

Claramente no. Lo que sí es necesario es una unión en torno a unos propósitos compartidos, entre aquellos que realmente quieren ese cambio para transformar una realidad hoy rechazada por una mayoría, y no simplemente jugar a un cambio por intereses puramente electorales, de manera tal que como en la novela El Gatopardo, que todo cambie para que nada cambie. No otro es el propósito de la Coalición de la Esperanza, de la cual Dignidad hace parte.

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