La ya débil estructura que sostiene al partido Alianza Verde se quebró aún más en los últimos días, luego del escándalo que estalló en el Gobierno Nacional por los presuntos hechos de corrupción que rodearon la contratación en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres (UNGRD), y en el que están salpicados varios miembros de esa colectividad.

De acuerdo con las revelaciones que hasta el momento ha hecho el exsubdirector de esa entidad, Sneyder Pinilla, nombres como los del presidente del Senado, Iván Name, y la hasta ayer consejera para las Regiones, Sandra Ortiz, estarían involucrados en el entramado que se habría gestado con dineros de los famosos carrotanques para La Guajira.

Olmedo López, quien fuera el director de la UNGRD hasta febrero pasado, también aseguró que tiene información clave sobre este mismo caso que ha sacudido al gobierno de Gustavo Petro y en la cual aparece relacionado el nombre de Carlos Ramón González, exdirector del Dapre y actual director de inteligencia. González fue uno de los fundadores de la Alianza Verde.

La controversia que envuelve hoy a ese partido llevó ya a que dos de sus más representativas figuras, la exalcaldesa de Bogotá Claudia López y el exsenador Antanas Mockus, quien también fue uno de los fundadores de esa organización política, decidieran presentar renuncia a su militancia.

Según expresa Mockus en el documento enviado a las directivas de la colectividad, “es evidente que muchos sectores en la Alianza Verde no han incorporado los principios que dieron lugar a la formación de la colectividad”.

Y agrega que se retira del partido “siguiendo los preceptos éticos que han sido el fundamento y la bandera de mi vida”.

Por su parte, López aseguró que da un paso al costado porque el partido que respaldó su llegada a la Alcaldía de Bogotá “terminó cooptado y controlado por una minoría petrista que no representa ni honra los valores, prácticas y principios que he defendido y practicado en mi vida”.

La exalcaldesa argumentó que le es imposible permanecer en el partido debido a “la gravedad del sectarismo, la corrupción y el abuso de poder que se revela en los recientes hechos y escándalos”.

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Duras críticas

Una vez se conocieron las reveladoras confesiones de los exfuncionarios del gobierno Petro involucrados en los hechos de corrupción denunciados por los medios de comunicación, congresistas del partido que han estado en una orilla más independiente, volvieron a cuestionar el respaldo de los verdes al Ejecutivo.

La senadora Angélica Lozano fue enfática al señalar que “se están robando a Colombia con otro escándalo de corrupción” y dijo que desde hace un año y medio le vienen pidiendo a las directivas de la colectividad que el verde se declare en independencia.

“¡Liberen el partido! Hoy secuestrado para entregar cargos”, dijo.

Por su parte, el senador Jota Pe Hernández, uno de los férreos opositores al Gobierno, consideró que ante las dudas que existen y a pesar de que prevalezca la presunción de inocencia sobre los involucrados, lo más sensato es que los mencionados en el escándalo den un paso al costado.

El también senador verde Ariel Ávila coincidió con Hernández en que, si bien el proceso de investigación apenas comienza, lo correcto en este momento es que quienes fueron mencionados en las declaraciones se aparten del cargo, pues mantenerse en ellos le hace “mucho daño a la institucionalidad”.

Ávila también le pidió a la Comisión de Ética del partido que tome una medida cautelar para suspender de la militancia a estas personas y haga una investigación a fondo, con el fin de determinar si deben o no ser expulsados de sus filas.

Piden abrir proceso disciplinario

Ante la compleja situación denunciada, el secretario general del partido Alianza Verde, Jaime Navarro, en representación de la copresidencia, solicitó al Comité de Ética abrir un proceso disciplinario contra Iván Name y Sandra Ortiz.

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“Conociendo por los medios de comunicación denuncias muy graves sobre presuntas conductas contrarias a la ley y a la ética de nuestro partido por parte del senador Iván Name Vásquez y la consejera presidencial para Regiones, doctora Sandra Ortiz Nova, solicitamos se aperture conocimiento mediante investigación formal del Consejo de Control Ético del partido Alianza Verde, para determinar el grado de compromiso con las conductas de corrupción públicamente denunciadas, la presunta violación al régimen ético y disciplinario del partido, se establezcan las responsabilidades individuales y se determine las sanciones a que hubiere lugar”, manifestó.

En concreto, las directivas de los verdes piden verificar si Name y Ortiz incumplieron las normas contenidas en la ley, los Estatutos del Partido y el Código de Ética, “para la aplicación de las sanciones por infracción al mismo, mínimos bajo los cuales deben actuar los/las militantes, en especial sus directivos”.

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