No ha pasado un mes desde que la Corte Suprema de Justicia anunció la apertura de una investigación contra el representante a la Cámara por Norte de Santander, Wilmer Carrillo Mendoza, por un presunto tráfico de influencias, interés indebido en contratos y peculado, y el dirigente del Partido de la U ya tiene que hacerle frente a una nueva decisión del alto tribunal.
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Este lunes en la tarde, la Sala Especial de Instrucción anunció que dejó en firme la resolución de acusación proferida en diciembre pasado contra el congresista, por las presuntas irregularidades en un contrato de obra pública de 2010, cuando se desempeñaba como secretario de Infraestructura, durante la primera administración de William Villamizar Laguado (2008-2011), y por esa razón deberá ir a juicio.
Al representante lo acusan de haber incurrido, presuntamente, en los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación en favor de terceros.
Según informó la Corte, para la época de los hechos, Carrillo Mendoza firmó y ejecutó el contrato de obra pública No. 001442 de 2010 con la Unión Temporal Arboledas 2010, cuyo objeto era el mejoramiento y mantenimiento de la vía Salazar-Arboledas.
Dice la Sala de Instrucción que a partir de las pruebas documentales, técnicas y testimoniales aportadas durante la investigación fue posible determinar que sí se presentaron irregularidades en las fases de trámite, celebración y liquidación del contrato, actividades que estaban bajo la responsabilidad de Carrillo Mendoza, quien había sido delegado por el gobernador de la época para asumir dichas funciones.
“Como delegado, Carrillo Mendoza tenía a su cargo la dirección, control, vigilancia y el seguimiento de todas las fases de la contratación”, señaló la Corte en un comunicado.
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Con relación al delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, la Sala de Instrucción concluyó en la acusación que el congresista nortesantandereano incumplió su deber de planeación, por la indebida estructuración de los estudios previos y pliegos de condiciones, incurriendo en improvisación, por lo cual terminó contratando algo distinto a lo que realmente necesitaba la comunidad para mantener la transitabilidad de la vía, modificando así, en forma amplia, el objeto inicial del negocio jurídico.
“También se vulneró el principio de transparencia en la selección del contratista, pues se evidenció que Carrillo probablemente direccionó el proceso licitatorio para lograr que el representante legal de la Unión Temporal escogida fuera el único proponente y adjudicatario”, informó la Corte.
En cuanto al delito de peculado por apropiación, la Sala de Instrucción determinó que, debido a las irregularidades en la etapa precontractual de los estudios previos, durante la ejecución del contrato fue necesario modificar las cantidades de obra y excluir algunos ítems que estaban en el presupuesto inicial.
“Estos cambios implicaron que en realidad no se realizara la pavimentación de la vía en las cantidades que habían sido establecidas en el objeto del contrato y, en su lugar, se hicieran simples actividades de estructuras externas. También permitió que la Unión Temporal subcontratara para ejecutar ciertas partes del proyecto”, concluyó la Corte.
Para los magistrados, todas estas actuaciones generaron un detrimento al patrimonio público.
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Así las cosas, el proceso contra el representante de La U pasará ahora a la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema, que será la encargada de adelantar la etapa de juzgamiento.
En diciembre pasado, cuando se profirió resolución de acusación contra el dirigente de Norte de Santander, la Sala Especial de Instrucción determinó que podía continuar enfrentando el proceso en libertad.
El caso del Hospital de Ábrego
El pasado 23 de enero, la Corte Suprema de Justicia anunció también la apertura de una investigación al representante Wilmer Carrillo Mendoza para determinar si el político nortesantandereano incurrió en un presunto tráfico de influencias, interés indebido en contratos y peculado, “en proceso por supuestas irregularidades en contratos de hospital de Norte de Santander, entre 2016-2017”.
Aunque la corporación no entregó mayores detalles sobre este nuevo llamado a indagatoria, es ampliamente conocido que desde 2018 la Fiscalía General de la Nación le pidió al alto tribunal investigar al congresista de la región por posibles casos de corrupción que comprometen recursos del sector de la salud y la ética de servidores públicos.
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Los hechos guardan relación con las investigaciones adelantadas por las presuntas anomalías detectadas en la celebración de ocho contratos para el suministro de combustible de las ambulancias y vehículos de la ESE Hospital de Ábrego, así como el contrato para el desarrollo de la obra civil No. 053 entre los años 2016 y 2017.
En su momento, el ente acusador señaló que tenía el material probatorio para demostrar que el congresista del Partido de la U “le habría pedido al gerente de la ESE Hospital de Ábrego, cien millones de pesos, los cuales fueron entregados en dos pagos de cincuenta millones de pesos, dinero que nunca le devolvió”.
“Asimismo, los investigadores encontraron que Carrillo Mendoza, presuntamente, cobraba coimas del 10% y 20% de los contratos aprobados por la ESE. También tendría injerencia para distribuir la planta de personal e incluso habría modificado el manual de funciones para que la subgerencia de la entidad fuera asignada a una de las cuñadas de su esposa”, informó la Fiscalía en un comunicado en agosto de 2018.
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