La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) le ordenó este lunes a la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas revisar y actualizar el Registro Único de Víctimas (RUV) para incluir a 2.721 personas que han sido reconocidas por haber sufrido el delito de secuestro a manos de la extinta guerrilla de las Farc.
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La decisión fue tomada por la magistrada Julieta Lemaitre Ripoll y responde a las múltiples solicitudes de las víctimas que han participado en el Caso 01 de la JEP, el cual investiga los secuestros cometidos por este grupo armado antes de la firma del Acuerdo de Paz con el gobierno del entonces presidente Juan Manuel Santos, en 2016.
A través de escritos y audiencias públicas, los sobrevivientes y familiares insistieron en su derecho a acceder a las medidas de reparación integral que contempla la ley.
En ese sentido, la justicia transicional ha reiterado en múltiples ocasiones que, además de investigar y sancionar a los responsables de los crímenes más graves del conflicto armado, tiene la obligación de garantizar el derecho a la verdad y a la reparación integral de las víctimas.
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En cumplimiento de esta orden, la Unidad para las Víctimas deberá verificar la información de cada uno de los afectados por este flagelo y, a más tardar el 1 de septiembre de 2025, incluirlos en el RUV. Esto les permitirá acceder a las medidas de asistencia, atención y reparación a las que tienen derecho, como indemnizaciones y garantías de no repetición.
Además de la inclusión en el Registro Único, la Unidad tiene la misión de evaluar la posibilidad de reconocer a estas personas como víctimas directas de otros delitos cometidos durante el cautiverio, como homicidio, violencia sexual y tortura.
Con el fin de garantizar un seguimiento minucioso al cumplimiento de la orden y velar porque las víctimas sean efectivamente reparadas, la JEP ha establecido un cronograma de informes: tres periódicos y uno final.
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El primero está programado para el 2 de diciembre de 2024, el segundo para el 3 de marzo de 2025 y el tercero para el 2 de junio de 2025.
“Estos informes no solo deben comunicar los avances alcanzados, sino también identificar lo que hace falta para resolver la situación de las víctimas en el RUV”, explicó la Jurisdicción.
Y agregó que el informe final que la Unidad para las Víctimas debe presentar el 1 de septiembre de 2025, debe incluir: la información consolidada en carpetas digitales por cada núcleo familiar, donde esté la documentación de las víctimas y las decisiones tomadas por la entidad. Una matriz con la información consolidada por cada víctima que especifique, de manera resumida, qué se decidió en cada caso y por qué. También debe quedar claro a qué medidas de asistencia, atención y reparación integral han accedido las víctimas.
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El Ministerio Público, por su parte, entrará a colaborar con la Unidad para las Víctimas en la toma de declaraciones de aquellos afectados que aún no han presentado su testimonio.
“Este esfuerzo se debe llevar a cabo con la mayor brevedad posible, con el objetivo de asegurar que todas las voces sean escuchadas y que el proceso avance de manera efectiva”, indicó la JEP.
Actualmente, el Registro Único de Víctimas presenta un total de 38.880 víctimas de secuestro en todo el país.
Hasta el pasado 14 de agosto de este año, 4.052 víctimas de secuestro habían sido acreditadas en el Caso 01 de la JEP.
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