Un grupo de 18 exministros y exviceministros de Salud y Protección Social le envió una dura carta al presidente del Senado, Efraín Cepeda, y a los demás integrantes de esa corporación criticando la reforma a la salud del Gobierno que tendrá que ser debatida allí en sus últimos dos debates para ser aprobada definitivamente. Señalaron que consideran que la reforma es “muy desafortunada y peligrosa para el bienestar de la población colombiana”.

Sobre esto, el grupo interdisciplinario advirtió que, a su juicio, el proyecto se mantiene sin cambios en “los elementos fundamentales y estructurales que el Gobierno Nacional presentó originalmente hace dos años ante el Congreso” y que, además, “no responden a las necesidades del sistema de salud ni soluciona los retos que el mismo enfrenta”.

Por otro lado, criticó la forma en la que se aprobó en segundo debate el proyecto, el cual dicen que se hizo aprobando artículos en bloque (de hasta 12 en una misma votación) y “sin mucho análisis, sin discusiones basadas en la evidencia técnica y científica, sin escuchar y atender a las múltiples voces expertas que se han manifestado públicamente en contra y han señalado los inconvenientes de los textos contenidos”.

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“La manera como se ha llevado a cabo la votación, en especial en los últimos días, falsea lo que debe ser un diálogo democrático, amplio y transparente como el que necesita una reforma a un sistema que protege y regula un derecho irrenunciable y fundamental como el del seguro de salud establecido en el ordenamiento constitucional”, se lee en la carta.

Así mismo, insistieron en que la reforma no tiene en cuenta a los pacientes y usuarios del sistema y que no se han tenido en cuenta las necesidades y preocupaciones de esas personas, con las que, dicen, “hemos insistido en la importancia de trabajar en una reforma de salud que construya sobre lo construido y garantice la progresividad en el derecho a la salud”.

Las alertas de los exministros sobre la reforma

Los exfuncionarios —entre los que están Augusto Galán, Alejandro Gaviria y Fernando Ruiz— insistieron en sus advertencias sobre los vicios de forma y de fondo y por el contenido de la reforma. En ese sentido, dijeron que incumple mínimos constitucionales porque “no ha demostrado un plan con objetivos, metas y recursos claros” y, además, expresan que “no tiene clara su financiación” ni ha definido la transición que proteja adecuadamente a los pacientes en sus tratamientos.

“Si se aprueba la reforma a la salud como está, los usuarios y pacientes no tendrán clara su atención ni el responsable de sus demandas”, añadieron en referencia a que muchas entidades (como la Adres, las secretarías de salud y las Gestoras de Salud y Vida— compartirán las funciones actuales de las EPS.

De igual manera, alertan que “se arriesga la gestión financiera”, puesto que la Administradora de Recursos del Sistema de Salud (Adres) “no cuenta con las capacidades para desarrollar las tareas que le están asignando” y que confiarle el “desarrollo súbito y aventurado de capacidades ocasionará serias dificultades a la hora de girar los recursos y, por ende, un caos en el flujo financiero”.

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“Si se aprueba la reforma a la salud, retrocederíamos a una etapa primaria de la seguridad social en la cual el pagador único hacía insostenible e ineficiente al Seguro Social”, dijeron.

Por otra parte, advirtieron que se retornará al subsidio a la oferta, lo cual hará volver al país “a la asignación de subsidios mediante presupuestos históricos, lo que ya demostró su inequidad, ineficiencia e ineficacia”; así como que habrá “concentración de las decisiones de ejecución de gasto en un solo actor, multiplica los riesgos de corrupción, error e inoperancia; la ejecución de recursos públicos exige controles”.

Finalmente, expusieron que la reforma pone en riesgo el bienestar y condiciones laborales a los trabajadores de la salud y que carece de aval fiscal para su sostenibilidad.

Al cierre de la carta, criticaron la situación en la que están las ocho entidades promotoras de salud (EPS) intervenidas por el Gobierno, pues “ha degenerado en su desfinanciación estructural”, el incremento excesivo en la PQRS y en las tutelas y el cierre de múltiples servicios clínicos y médicos en el país. Además, “no se acatan los Autos ordenados por la Corte Constitucional” y exponen que “la salud y la vida de los colombianos está en riesgo”.

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