En dos meses tendrán lugar las elecciones para reconfigurar el mapa del poder local y regional en el país y el fantasma de la violencia acecha estos nuevos comicios, sin que hasta ahora haya sido posible conformar un frente común entre las regiones y el nivel central que permita hacerle frente a la situación.
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Así lo advirtió la Defensoría del Pueblo en la más reciente alerta temprana de riesgo electoral entregada al Gobierno Nacional, en la que 113 municipios del país aparecen en riesgo extremo para la contienda que se avecina y otros 286 en riesgo alto, dada la probabilidad de que puedan ocurrir hechos de violencia que pongan en jaque la jornada democrática, desde su etapa previa.
Estas poblaciones se ubican en nueve zonas distribuidas en 16 departamentos, en los que la incidencia de los grupos armados ilegales, su expansión y fortalecimiento, el control social que ejercen sobre las comunidades, sumado a la falta de coordinación de políticas públicas como la de seguridad, la llamada ‘Paz total’ y el Plan Democracia, entre la Nación y los territorios, hace mucho más propensa la alteración del certamen electoral.
Una de las regiones que presenta un mayor riesgo, según los datos suministrados por la Defensoría del Pueblo, es Norte de Santander, toda vez que entre el Catatumbo y el área metropolitana de Cúcuta son 16 los municipios que están considerados como en riesgo extremo para las elecciones del 29 de octubre.
Esas localidades son: Cúcuta, Villa del Rosario, Los Patios, Puerto Santander, El Zulia, San Cayetano, Tibú, Sardinata, El Tarra, San Calixto, Hacarí, El Carmen, Convención, Teorama, La Playa de Belén y Ábrego.
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La principal amenaza que se posa sobre los habitantes de estos municipios es la presencia e influencia que ejercen actores armados al margen de la ley como las disidencias de las Farc y más específicamente las estructuras de los frentes 10, 45 y 33 que operan en esta zona, así como el Eln.
Según la alerta emitida por la Defensoría, entre el primero de enero y el 9 de agosto de este año, en esta región del país se han registrado y documentado 15 conductas de violencia contra personas involucradas en el proceso electoral.
“Se han registrado 1.471 personas desplazadas y 7 masacres durante 2023. Trece candidatos han reportado amenazas en el actual proceso electoral, mientras que el alcalde de Tibú despacha por fuera de su municipio y el alcalde de La Playa de Belén renunció y salió del país”, advierte la entidad en el informe del que ya tiene conocimiento el presidente de la República, Gustavo Petro.
Como parte de la radiografía que ha hecho el Ministerio Público en esta zona del país y que deja en evidencia el nivel de riesgo que representa la presencia de grupos armados ilegales y bandas delincuenciales, la Defensoría asegura que a la fecha son 17 las alertas tempranas que se han emitido en el departamento, por hechos que comprometen la seguridad y tranquilidad de los habitantes.
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Adicionalmente, entre enero y julio de 2023 se presentaron cuatro homicidios de líderes sociales y defensores de derechos humanos en Norte de Santander, lo cual se constituye también en un antecedente grave frente a lo que podría ser el desarrollo de los comicios locales.
“El monitoreo del Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo ha permitido identificar la presencia, tránsito o injerencia de los grupos armados ilegales como fuente de amenaza para las comunidades y las elecciones. Entre los más relevantes están las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC-Clan del Golfo), la guerrilla del Eln, las disidencias de las Farc y los grupos del crimen organizado. Todos estos grupos se han expandido un 56% en las regiones del país y diversificado sus fuentes de financiación ilegal”, aseguró la Defensoría.
Riesgo en aumento
En la alerta de riesgo electoral presentada al país esta semana, se advierte que los municipios en los que la amenaza al proceso democrático es mayor aumentó de manera considerable, pasando de 243 municipios en 2019 a 399 en la contienda de este año. En las elecciones legislativas y presidenciales de 2022 las localidades con riesgo extremo y alto eran 274.
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“Se ha identificado un incremento de un 31% de los municipios advertidos para 2023 respecto a la Alerta Temprana 004 de 2022 y de 39% frente a la Alerta Temprana 035 de 2019. Preocupan principalmente las 9 zonas con riesgo extremo: Arauca, Catatumbo y área metropolitana de Cúcuta, Magdalena Medio, Bajo Cauca y Urabá Antioqueño, Chocó, Valle del Cauca y Cauca, Nariño, Eje Caquetá y la Orinoquía”, dice la Defensoría en su informe.
Y es que según el reporte que consolidó la entidad, grupos como el Eln pasaron de tener presencia hace cuatro años en 148 municipios a 231 este año. Entre tanto, las disidencias de las Farc expandieron su dominio a 299 municipios (234 el Estado Mayor Central y 65 la Segunda Marquetalia), luego de estar en 123 en 2019.
En vista de ello, la Defensoría del Pueblo les hizo un llamado al Ministerio de Defensa, las Fuerzas Militares, la Policía Nacional, el Ministerio del Interior, el Registraduría Nacional, el Consejo Nacional Electoral, las Gobernaciones y las Alcaldías, para que de manera coordinada garanticen el debido pie de fuerza en los territorios con mayor riesgo electoral para brindar seguridad a los puestos y mesas de votación ubicados en las zonas urbanas y rurales.
“Desde la Defensoría del Pueblo consideramos que la situación es compleja, por eso extendemos nuestro llamado al presidente de la República, Gustavo Petro, para que presida la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas, Ciprat. El propósito es que, junto con las cabezas de las entidades a las que les formulamos recomendaciones, implemente acciones rápidas y efectivas para que sean garantizados los derechos de las comunidades”, pidió el defensor del Pueblo, Carlos Camargo.
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