Días atrás, los antiguos comandantes de la desmovilizada guerrilla de las Farc dejaron sobre la mesa una propuesta que, sin querer queriendo, terminó poniendo a hablar en un mismo idioma, o al menos uno muy parecido, a varios actores que han sido protagonistas del conflicto y la política en el país.

En una declaración pública, los integrantes del ahora partido Comunes reiteraron sus desacuerdos con la forma como viene operando la Jurisdicción Especial para la Paz, que se creó en el marco del acuerdo de La Habana, para administrar la justicia transicional a la que los excombatientes se someterían, y manifestaron que están plenamente convencidos de que es viable y necesario, para resolver la situación jurídica de los comparecientes de manera definitiva, que exista “una única Resolución de Conclusiones”.

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“Consideramos que la JEP se ha venido alejando de ese espíritu que debe tener un tribunal de cierre como se concibió en el Acuerdo de Paz y se está regresando a la idea de una justicia coercitiva. En ese sentido, pensamos que esa crisis que se ha presentado, es una oportunidad para crear un tribunal de cierre que los cobije absolutamente a todos quienes cometimos graves delitos en el conflicto”, planteó el senador Julián Gallo en entrevista con Noticias Caracol.

Aunque la propuesta fue interpretada en un comienzo como una ley de punto final, los exguerrilleros insistieron en que no se trata de eso, pues reconocen que esta es inaplicable en Colombia. Dicen que la sugerencia es que haya un tribunal distinto que pueda incluir también a los integrantes de los grupos que están negociando la paz con el gobierno de Gustavo Petro en este momento.

Apenas unos días después de que se abriera la discusión, otro que se sumó a la iniciativa fue un viejo enemigo de las extintas Farc, el excomandante paramilitar Salvatore Mancuso quien, paradójicamente, está de acuerdo con aquellos que un día fueron su objetivo en la guerra, en que Colombia necesita contar con una justicia que le ponga fin, verdaderamente, a los procesos de justicia transicional que se han iniciado en el marco del conflicto armado, pero que aún no se resuelven.

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“Sí he trabajado con Salvatore ese tema y lo que va a proponer, en lo que estamos trabajando, es una ley no de punto final, sino de cierre que conlleve a que estos procesos transicionales finiquiten en términos. Justicia y Paz está diseñada para 12 años, lleva 17 y vamos a necesitar otros 40. Es un absurdo”, explicó en la emisora Blu Radio el abogado del exjefe del Bloque Catatumbo que operó en Norte de Santander.

En el debate terció un actor más de los procesos de paz que han tenido lugar en el país, el expresidente Álvaro Uribe, quien, en respuesta al regreso de Mancuso a Colombia, la semana pasada, terminó hablando de la propuesta que hoy tienen en común el expara y los exguerrilleros.

El exmandatario aseguró que una ley de punto final, como se interpretó la idea de Comunes, es inaplicable en el país, pero, en cambio, revivió una propuesta a la que se había referido en el pasado y que para muchos termina cabalgando en la misma línea de la que sugieren los exintegrantes de las Farc: la amnistía política.

“La ley de punto final es inaplicable en Colombia. De manera pública he propuesto una amnistía política, por una vez, no penal, para recuperar derechos políticos de condenados. Será necesario dado el antecedente de impunidad absoluta con la Farc y aquello que se asoma con el Eln y otros”, manifestó el también jefe del Centro Democrático.

El propio Julián Gallo le expresó a Uribe que la iniciativa que él propone “no es antagónica” con la que le están proponiendo desde Comunes al Gobierno Nacional.

“Por la paz, por el futuro del país, amerita tomarse un tinto para analizar este y otros temas de gran importancia en la actual coyuntura”, aseguró el senador de la antigua guerrilla.

¿Es viable un nuevo tribunal?

Además de la paradoja que se ha creado en torno a la propuesta de un tribunal de cierre o una amnistía política, el otro interrogante que quedó servido es si Colombia necesita y está en la posibilidad de conformar un nuevo tribunal que permita someter y juzgar a quienes participaron del conflicto.

Al respecto, Juan Camilo Páez, docente de la Universidad Libre, seccional Cúcuta, recordó que, en Colombia, al menos tres instancias se han creado ya con la intención de ser la última instancia, pero, al parecer, todos están destinados a no ser suficientes: la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, el tribunal creado por la Ley de Justicia y Paz, y la propia Jurisdicción Especial para la Paz.

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“Crear un nuevo tribunal para “cerrar” la justicia es reconocer que esta no tendrá un fin. La justicia de excepción no puede convertirse en la regla general, un modelo así ocasionaría una inseguridad jurídica tremenda, aparte de deslegitimar completamente los procesos que con gran dificultad y con todo un estado como opositor, ha sacado avante la JEP”, planteó.

Quien tampoco ve viable la idea de una ley de punto final, tribunal de cierre o amnistía política, como la han denominado los diferentes actores, es el senador y experto en temas de conflicto y paz, Ariel Ávila.

“Crear un tribunal de cierre o algo que esté por encima de la JEP, es inviable. Es cierto que en el caso de la Jurisdicción Especial para la Paz hay unas sentencias que se están demorando mucho, inexplicablemente. Es cierto que, en el caso de Justicia y Paz, después de casi 20 años hay paramilitares que no han recibido sentencia, pero una cosa es pedir que se aceleren las investigaciones y decisiones, y otra cosa es hacer un tribunal de cierre. A eso creo que tampoco le caminaría el Congreso y personalmente no votaría nada de eso”, explicó.

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