Después del largo y accidentado proceso que se surtió en 2022 para elegir al actual contralor general de la República, Carlos Hernán Rodríguez, el Congreso deberá repetir el trámite, luego de que el Consejo de Estado dejara sin piso esa escogencia.

La petición del alto tribunal, de rehacer desde cero el proceso, a partir de la convocatoria, sin embargo, no será cuestión de poco tiempo y es muy probable que el ente de control quede en interinidad unos cuantos meses.

Las razones son muchas. La primera de ellas es porque, de entrada, tendrá que quedar en firme el fallo proferido contra Rodríguez y eso tardará, pues ya son varios los recursos que se han anunciado y que si bien no cambian en nada la decisión de fondo, sí la retrasan.

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El presidente de la Cámara de Representantes, David Racero, por ejemplo, anunció que interpondrá una solicitud de aclaración, con el fin de que los magistrados precisen por qué es necesario rehacer todo el proceso de elección del nuevo funcionario.

El propio contralor general se pronunció ayer por medio de un comunicado y manifestó también que aunque respeta y acata las decisiones judiciales y su propósito no es obstruir o alterar el buen funcionamiento de las instituciones, “estimo pertinente como ciudadano transitar los caminos que permitan la reconsideración de aquellos aspectos que propiciaron el resuelve del honorable Consejo de Estado”.

Una vez se resuelvan todas las solicitudes y el alto tribunal confirme que la decisión que adoptó queda debidamente ejecutoriada, la pelota se ubicará en la cancha del Congreso, donde la mesa directiva tendrá que definir las bases de la nueva convocatoria que se dispuso.

Al respecto, la norma señala que el primer paso será definir una universidad que tendrá a su cargo la aplicación de las pruebas de conocimientos, la revisión de las hojas de vida y avanzar con el proceso de selección, del cual saldrá la lista de elegibles.

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En esta etapa se surtirán varios pasos: cuando la universidad que se seleccione tenga los postulados, una comisión conformada por senadores y representantes de todos los partidos deberá aplicar un primer filtro del cual saldrá el grupo de diez aspirantes. A estos aspirantes les aplicarán una entrevista en la que tendrán la oportunidad de dar a conocer sus propuestas si son elegidos para el cargo. Posteriormente, el Congreso convocará a una audiencia pública para escuchar a los finalistas y proceder con la elección del nuevo contralor. Esa lista de elegibles deberá respetar los criterios de equidad de género, dice la norma.

Todo este trámite se tomará al menos dos meses, por lo que la definición del sucesor de  Carlos Hernán Rodríguez sería solo hasta en agosto.

Una de las dudas que surgió sobre este nuevo proceso es si el contralor saliente podrá aspirar nuevamente al cargo, es decir, si su nombre puede estar entre los postulados, pues lo que se anuló por parte del Consejo de Estado fue su elección por vicios en el procedimiento que cumplió el Legislativo, más no porque no cumpliera las condiciones para ocupar el cargo.

Sin embargo, al respecto las opiniones están divididas y para muchos, la Ley 1904 de 2018 es clara en que: “No podrá ser elegido contralor General quien sea o haya sido miembro del Congreso u ocupado cargo público alguno del orden nacional, al tenor del artículo 126 de la Constitución Política, salvo la docencia, en el año inmediatamente anterior a la elección”, lo cual inhabilitaría a Rodríguez.

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‘Viciaron la elección’

Una de las artífices de la demanda que dejó sin efecto la elección del contralor Carlos Hernán Rodríguez, la representante a la Cámara Jennifer Pedraza, insistió en que la decisión que tomó el Consejo de Estado y que obliga a repetir la elección del titular del ente de control tuvo su origen en una maniobra que terminó viciando el proceso.

“Roy Barreras vició la elección para que Gustavo Petro pudiese tener contralor de bolsillo. El cambio pasa sí o sí por órganos de control independientes. Lo contrario es replicar lo que tanto criticamos de gobiernos anteriores”, manifestó.

Pedraza explicó que el vicio consistió en modificar “ilegalmente” la lista de elegibles, solamente para que la encabezara el actual contralor.

Al respecto, el saliente presidente del Senado Roy Barreras, a quien también le acaban de anular su elección por doble militancia, aseguró que aunque el Consejo de Estado tiene la última palabra y sus decisiones tienen que acatarse, “no nos equivocamos. Yo volvería a acatar las dos tutelas”.

Por su parte, el presidente de la Cámara, David Racero, también defendió su actuación en este trámite y dijo que cuando llegaron a la mesa directiva, junto con el presidente del Senado intentaron corregir “un proceso que venía viciado desde antes, con dos fallos de tutela previos a que llegáramos nosotros que exigían hacer de nuevo las listas”.

Por ahora se desconoce si habrá acciones en contra de los dirigentes que avalaron la elección del contralor actual.

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