Hace casi ya un año y medio, después de terminar sus labores la Comisión de la Verdad, entró en funciones el Comité de Seguimiento y Monitoreo a la implementación de las recomendaciones que quedaron consignadas en el Informe Final.

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Su principal misión es hacer un rastreo permanente a nivel nacional y regional, al cumplimiento de lo que allí quedó consignado y ejercer una especie de veeduría a las acciones que deben adelantar las diferentes instancias del Estado, con el fin de garantizar que el conflicto no se siga enquistando y las poblaciones más vulnerables dejen de ser las afectadas.

Teniendo en cuenta la importancia que representan los gobernantes elegidos el pasado 29 de octubre en el proceso de implementación de dichas recomendaciones, el Comité dijo que uno de los principales retos para el próximo año es lograr que los nuevos alcaldes y gobernadores adquieran un verdadero compromiso frente a este tema e incluyan en sus políticas públicas lo que planteó la Comisión de la Verdad frente a las causas y consecuencias del conflicto en las regiones.

“Justamente en estos días, el Comité de Seguimiento y Monitoreo acaba de publicar una guía de conocimiento sobre las recomendaciones para alcaldes y gobernadores. Los invitamos muy respetuosamente a que ojalá puedan conversar, pasar esa guía a los despachos de los distintos funcionarios y se pueda hacer una conversación en la que se logren concretar muchos temas en los planes de desarrollo”, manifestó Dorys Gallego, vocera del CSM.

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Anticipó que en 2024 esperan continuar recorriendo las regiones como el Catatumbo, duramente golpeadas por la violencia, para seguir insistiendo en la necesidad de que autoridades y organizaciones trabajen conjuntamente alrededor de la implementación de lo que arrojó el Informe Final “porque este es un proyecto de país”.

La representante del Comité destacó que si bien esta instancia de seguimiento no es inédita, sí es pionera en el mundo. “Es muy importante que haya una veeduría, un mecanismo que pueda ejercer una especie de control, de seguimiento, como una instancia defensora de las recomendaciones, donde se esté tratando de hacer monitoreo a las acciones que tiene a su cargo el Estado”, reiteró.

En proceso de consolidación

En diálogo con La Opinión, Dorys Gallego explicó que el Comité de Seguimiento está en un proceso de consolidación, tratando de poner en orden la casa, definiendo las reglas de funcionamiento, buscando los recursos necesarios para el cumplimiento de su misión y, sobre todo, estructurando una estrategia de incidencia y diálogo político con la sociedad  y el mismo Estado.

Gallego explicó que como parte del ejercicio hecho en este primer año de funciones han trabajado también en la elaboración de una estrategia territorial, que si bien aún no está definida, sí permitió un primer acercamiento con las regiones que esperan el cumplimiento de las recomendaciones que entregó la Comisión de la Verdad.

“Avanzamos igualmente en una estrategia de pedagogía, porque para hacer una conversación alrededor del informe es necesario que con quien se busca interlocutar tenga un conocimiento mínimo del Informe Final. Es un ejercicio de pedagogía política sobre la verdad, entendiendo que la verdad es un bien público y eso fue lo que el informe logró legitimar. Las recomendaciones son una propuesta de hoja de ruta que la sociedad deja a su Estado y en su conjunto”, señaló la integrante del Comité de Seguimiento.

Conversación nacional

Sobre el trabajo que le espera en 2024 a esta instancia, perteneciente al Sistema Integral para la Paz y que es independiente de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad (CEV), Gallego dijo que uno de los mayores retos es lograr que el conjunto de recomendaciones que dejó el informe es sus 10.000 páginas y capítulos llegue a la sociedad colombiana y logre convertirse en una conversación nacional.

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“Estamos adelantando un proceso de sistematización de las recomendaciones, para que eso sea de conocimiento, de manipulación, de conversación de la sociedad general”, insistió la vocera del Comité.

Agregó que otro de los propósitos es concretar un instrumento de monitoreo y seguimiento, “responsable, que sea sobrio y que pueda reflejar el estado de cosas”.

“Para marzo estamos proyectando hacer la publicación del segundo informe, entonces, como para marzo no vamos a alcanzar a tener el sistema integrado de monitoreo, hemos decidido que se van a tomar las 109 recomendaciones de referencia que el Gobierno dijo que iba a asumir, para iniciar un camino de implementación con planes, proyectos y programas de política pública. El propósito es empezar a ver cómo las diferentes instancias de la gobernanza van a empezar a implementar estas recomendaciones a nivel nacional”, explicó.

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