En el marco de la conmemoración de los seis años del Acuerdo de Paz suscrito entre el Gobierno y la antigua guerrilla de las Farc, la Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), concluyó que el exsecretariado de esta organización insurgente sí aportó a la verdad y aceptó su responsabilidad en los crímenes que les fueron imputados por el caso 01 (secuestro y otros crímenes).

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Después de recopilar y contrastar hechos, testimonios, pruebas y audiencias, la JEP determinó que Rodrigo Londoño, Julián Gallo, Pablo Catatumbo, Jaime Parra, Milton de Jesús Toncel, Rodrigo Granda y Pastor Alape, están contribuyendo al esclarecimiento de la verdad sobre más de 21.000 secuestros perpetrados durante años en Colombia.

Así las cosas, como quedó establecido en el Acuerdo de La Habana, por este reconocimiento, los integrantes del exsecretariado recibirán una sanción que va hasta los ocho años, menos Granda, cuya pena sería de hasta cinco años, según la justicia especial.

Tras emitir la resolución de conclusiones por el Caso 01, el Tribunal de Paz determinará en las próximas semanas cuáles sanciones le interpone a cada uno de los exmiembros de las Farc, también el tiempo y qué tipo de sanciones deberán cumplir, las cuales, en todo caso, no serán privativas de la libertad.

Según está contemplado en la justicia transicional, las penas son restaurativas-reparadoras, aunque como parte de las sanciones también podría haber restricciones de movilidad.

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¿Afectaría la participación política de los firmantes?

Actualmente, dos de los miembros del exsecretariado de las Farc hacen parte del Congreso de la República y se desempeñan como senadores: Julián Gallo y Pablo Catatumbo, a quienes el Tribunal de Paz deberá definirles cómo se distribuirán para cumplir con las sanciones, según lo explicó Julieta Lemaitre Ripoll, magistrada de la Sala de Reconocimiento de Verdad.

“Sobre la participación en política, la norma es clara en que la decisión la toma la sección con reconocimiento del Tribunal en su sentencia en primera instancia. La Sala hizo una serie de consideraciones que están en la decisión, entre esas se incluye que la participación en política es parte de las garantías del acuerdo final de paz”, expresó Lemaitre.

La magistrada aseguró que el Tribunal escuchará a los comparecientes de las Farc y a las víctimas para definir aspectos sociales, políticos y económicos con relación a la compatibilidad del cumplimiento de las actividades y, al mismo tiempo, su participación en el Congreso.

La JEP recordó que la participación política de los exmiembros de las Farc está garantizada, por cuanto hace parte del Acuerdo de Paz y en esa medida no tendría cambios. Es importante recordar que las antiguas Farc, ahora partido Comunes, tiene actualmente diez curules en el Congreso, cinco en el Senado y cinco en la Cámara de Representantes. Este será el último periodo con representación directa en el Congreso.

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“La pregunta es la compatibilidad de la sanción con la participación en política, es decir, de las actividades concretas que van a tener unos horarios y unos lugares con las actividades que desarrolle cada uno de los comparecientes. La sanción debe ser afín con los procesos de reincorporación”, expresó la magistrada Lemaitre.

¿Serán suficientes las sanciones?

Al conocerse la decisión de la JEP, el debate se ha centrado ahora en si las sanciones que interponga el Tribunal de Paz serán suficientes para la reparación de las víctimas.

Para el analista político y en temas de paz Alejo Vargas, las sanciones que se impongan no deberán ser evaluadas desde el punto de vista de si serán suficientes o no, teniendo en cuenta que finalmente fue lo que se negoció y estipuló en el Acuerdo de Paz firmado entre las partes.

“Eso no es un tema de si se considera suficiente o no, es que fue el acuerdo que hubo en La Habana y lo que en su momento se firmó, de eso siempre habrá discusión, debate. Así como para algunos ningún tipo de pena es suficiente, para otros es mucha pena, en eso no hay discusión porque fue lo que se acordó”, expresó Vargas.

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El analista y docente Jorge Munevar coincidió con Vargas y aseguró que ese fue uno de los sacrificios a los que se tuvieron que someter los colombianos con los acuerdos firmados.

“Esas penas están acordadas dentro del proceso de paz que hizo el Estado, entonces, incumplir eso no tiene sentido. En todo proceso de paz, si se quiere negociación, hay que sacrificar penas, algo se tiene que hacer, y el sacrificio está en eso, pero en términos de la estructura política y en el desarrollo de un país es lo mejor que se puede hacer”, expresó Munevar.

Para el docente, la primera parte dentro de un proceso de reparación es reconocer y hablar sobre las víctimas, los secuestros, asesinatos, desapariciones y los demás delitos cometidos.

“Puede calificarse como impunidad, puede ser, pero hay que mirar las cosas en contexto con lo acordado. El Estado debe ser leal a los acuerdos que se han establecido”, insistió.

¿Tendrían que dejar las curules?

En criterio de Alejo Vargas, sería innecesario que los exintegrantes de las Farc abandonen las dos curules que ostentan hoy, debido a que es el derecho político que adquirieron los firmantes del acuerdo de La Habana.

“Ellos tienen como parte del acuerdo el derecho a la representación política, otra cosa es que, si ellos quieren, el partido Comunes podría eventualmente cambiar los representantes por un tiempo mientras se cumple parte de la pena, pero no es porque se les obligue. Justamente lo que está acordado es que mantienen la posibilidad de la representación política”, expresó Vargas.

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Por su parte, Munevar aseguró: “El tema de que pierdan las curules sería un mensaje raro después de que un Estado pacta procesos de paz, pues no cumple con sus acuerdos. Si se va a consolidar y a trabajar la paz, como lo plantea el presidente Gustavo Petro, deben consolidarse esos procesos”.

Frente a la decisión de la JEP, la excongresista Ingrid Betancourt, quien es víctima las Farc, consideró que las sanciones deben ser restaurativas para la sociedad, “no simbólicas, y para ser restaurativas deben ser ejemplarizantes de manera que se desincentiven estos crímenes”.

Entre tanto, el abogado y docente Juan Ospina opinó que la decisión de la JEP es el resultado de múltiples esfuerzos. “Está claro que se cometieron crímenes de guerra y de lesa humanidad en el conflicto armado. Los responsables deben satisfacer los derechos de las víctimas”, dijo.

Desde la oposición al acuerdo con las Farc no ocultaron el malestar luego de conocerse las sanciones que podrían recibir los exintegrantes del secretariado e insistieron en que se trata de una decisión que promueve la “impunidad total”, según el excongresista del Centro Democrático, Ernesto Macías.

El exministro Juan Fernando Cristo, quien hizo parte de las negociaciones con esa guerrilla, señaló que la decisión de la JEP es una gran noticia en el sexto aniversario del Acuerdo de Paz. “Un paso clave para la reconciliación”, planteó.

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