Pocas horas antes de que en el Congreso de la República comenzara la discusión sobre el Presupuesto General de la Nación para 2025, desde esa misma corporación se activó una alerta que puso sobre aviso al país: las elecciones legislativas y presidenciales del 2026 podrían estar en riesgo.
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La advertencia la hizo la senadora de la Alianza Verde, Angélica Lozano, integrante de la Comisión Tercera, quien aseguró que después de revisar la ponencia presentada para su estudio se encontró con que a la Registraduría Nacional le sería recortado su presupuesto para el próximo año en un 77% (más de $2.500 millones) y al Consejo Nacional Electoral otro 54% ($578.000 millones).
“El gobierno le da golpe nada blando a la Registraduría, ente autónomo que nada más y nada menos organiza, convoca, hace y responde por las elecciones. Las elecciones empiezan el 8 de marzo del 26, al quitarle los recursos, ¿quién va a organizar las elecciones? ¿El Pacto?”, fue el mensaje con el que la congresista llamó la atención frente a lo que estaba sucediendo.
Su voz de alerta se tornó mucho más seria, luego de que el propio registrador nacional, Hernán Penagos, confirmara ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, en Nueva York, que la autonomía presupuestal de las autoridades electorales en Latinoamérica enfrenta desafíos por su dependencia del financiamiento gubernamental.
Y si bien el funcionario no lo dijo de manera directa, dejó entrever que el presupuesto de la organización electoral para el próximo año dependía del Gobierno, “comprometiendo su labor como árbitros de la democracia”.
En vista de que la situación se fue tornando poco a poco más tensa, por las grandes implicaciones que un recorte de este tipo tiene para un proceso democrático como el que tendrá lugar en menos de dos años, varios de los ponentes que ya habían estampado su firma en el proyecto de presupuesto decidieron retirar su apoyo.
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“Por medio del presente documento y dadas las inconsistencias entre el documento presentado para firma y el publicado, en particular lo correspondiente al presupuesto de la Registraduría Nacional (...) retiramos las firmas de la ponencia presentada para primer debate”, decía la proposición radicada ante la mesa directiva.
La Misión de Observación Electoral (MOE), igualmente, solicitó de inmediato al Gobierno y al Congreso garantizar la autonomía e independencia de la autoridad electoral en lo que respecta al presupuesto necesario para llevar a cabo las elecciones del 2026.
“Una de las principales garantías para el desarrollo de las elecciones de 2026, es que la Registraduría pueda ejercer su autonomía sin ningún tipo de condicionamiento en la asignación de los recursos indispensables para cumplir con su mandato constitucional”, manifestó la veeduría electoral por medio de un comunicado.
¿Error?
Ante la lluvia de críticas que se desató en contra del Gobierno Nacional, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, tuvo que salir a aclarar lo sucedido y según su explicación, la variación registrada en el proyecto y que dejaba a la Registraduría con menos de mil millones de pesos para el próximo año, cuando arranca el calendario electoral, obedeció a “un error”.
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“Aquí hubo, podríamos decir, una equivocación en la ponencia en medio de esto y se pasó para una partida menor. Ya el Ministerio de Hacienda tomó el correctivo con una proposición para que quede como estaba en el proyecto original”, explicó Cristo.
Según el jefe de la cartera política, la plata de las elecciones siempre queda en el Ministerio de Hacienda y lo que sucede es que se deja en una bolsa, pero se va entregando a la Registraduría por partidas, de acuerdo con las necesidades de la entidad.
“(…) Lo que ha hecho el Gobierno ahora es que no se quede dependiendo del Ministerio de Hacienda para garantizar esa autonomía de la Registraduría. Es decir, en el proyecto original del Gobierno en el presupuesto se le asignaban a la Registraduría $3.2 billones y así se mantiene”, manifestó.
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Lo dicho por Cristo también lo ratificó el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, ante la plenaria del Senado, en donde terminó hundiéndose el proyecto del presupuesto, pero salvándose la plata de la Registraduría para el próximo año.
“La Registraduría Nacional tiene los recursos para desarrollar la jornada preelectoral del año 2025. Siempre los ha tenido. Nadie se los ha retirado”, sentenció Bonilla.
En su intervención agregó que, “El mecanismo expedito que siempre ha existido, es que como la Registraduría tiene en el periodo preelectoral situaciones que no son necesariamente permanentes, sino transitorias, eso se ha resuelto teniendo los recursos en la bolsa del Ministerio de Hacienda y se entregan sobre solicitud. Esa es la distribución presupuestal y así ha sido en el pasado”.
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Pese a la explicación de los representantes del Gobierno, la senadora Angélica Lozano puso en duda que en realidad haya sido una equivocación a la hora de proyectar la ponencia, pues aseguró que el director de Presupuesto Público Nacional, le reconoció que no se trataba de un error. ‘“Puede ser polémico”, me dijo”, aseguró la congresista, no sin antes insistir en el grave riesgo que esta situación representaba para la democracia colombiana.
Al final de la tarde y cuando la tormenta, al parecer, finalmente cesó, el presidente del Congreso, Efraín Cepeda, confirmó que como no se aprobó el proyecto del Gobierno, este quedaba como se propuso inicialmente, en $511 billones. “Rigen los recursos completos para la Registraduría y el Consejo Nacional Electoral sin recorte alguno”, señaló.
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