A poco más de tres meses de las elecciones locales y regionales, el nivel de violencia que rodea la nueva contienda política mantiene encendidas las alarmas en departamentos como Norte de Santander.
Al igual que lo ha hecho la Misión de Observación Electoral (MOE) y la Defensoría del Pueblo, la Fundación Paz y Reconciliación (Pares) también alertó en su más reciente informe sobre violencia político-electoral, los graves riesgos que enfrenta el proceso que está en curso, tras advertir que, día de por medio se registra una víctima en Colombia por hechos de este tipo.
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“Durante estos primeros ocho meses del periodo pre-electoral se registraron 152 víctimas de violencia electoral en 116 hechos asociados. Del total de víctimas, 26 fueron asesinadas, 20 sufrieron un atentado y 106 fueron amenazadas”, alertó Pares.
En su informe aseguran que, con relación al anterior periodo analizado (29 de octubre 2022-30 de abril 2023), el número de hechos o afectaciones tuvo un incremento del 42%, mientras que el número de víctimas registradas subió un 35%.
“Se cuentan hasta el momento 26 homicidios, de los cuales son de mayor gravedad: el asesinato del concejal por el partido Cambio Radical Gildardo Hoyos, en Sucre (Cauca); el asesinato de la precandidata por el Polo Democrático al Concejo de Calamar (Guaviare), Yenifer Córdoba Henao; el homicidio del precandidato por la Colombia Humana al Concejo de Tibú (Norte de Santander), Sergio Castro; y el homicidio del precandidato al Concejo de Tuluá (Valle del Cauca), Alejandro Forero”, señala el informe.
Los hechos victimizantes se registran en 25 de los 32 departamentos de Colombia, más la capital del país, así: Antioquia (13), Magdalena (9), Valle del Cauca (9), Nariño y Tolima (8); Cauca, Cesar y Norte de Santander (7 cada uno); Huila (6), Bolívar y Risaralda (5), Atlántico, Bogotá y Chocó (4 cada uno); Arauca y Caquetá (3); Boyacá, La Guajira y Putumayo (2); Córdoba, Guaviare, Meta y Vichada (1 cada uno).
Entre tanto, de los 20 atentados que se han presentado en los últimos dos meses contra individuos o colectivos, dos de ellos ocurrieron en Norte de Santander.
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“Sobre esto hay que decir que los perfiles más victimizados han sido las personas elegidas por voto popular: 39% (55 personas). Dentro de este segmento, los concejales siguen siendo los más afectados, con 28 víctimas (18%). Les siguen 17 alcaldes (11%), 5 gobernadores (3%), 4 diputados, 2 senadores, un edil, un representante a la Cámara, y la vicepresidenta Francia Márquez, quien recibió una amenaza por correo electrónico de la cual la Fiscalía ya encontró el origen y el presunto culpable”, dice la Fundación Paz y Reconciliación.
En el caso particular de los alcaldes, dos de los mandatarios que tuvieron que salir de sus municipios por cuenta del conflicto y las amenazas de las que fueron objeto son los de Tibú, Nelson Leal, y La Playa de Belén, Ider Álvarez.
Este último completa ya un año fuera de su pueblo y aunque intentó regresar el pasado 4 de junio para celebrar el Día del Campesino, Álvarez fue víctima de un atentado que lo obligó, nuevamente, a dejar su tierra.
En la más reciente visita a Cúcuta del ministro de Defensa, Iván Velásquez, el funcionario anunció que los comandantes de las Fuerzas Militares y de Policía han asumido directamente el caso, con el fin de garantizar que lo más pronto posible los mandatarios puedan volver a despachar desde sus lugares de origen.
Riesgo para los precandidatos
Dice el informe de Pares que el segundo perfil más victimizado en esta etapa preelectoral es el de los precandidatos, 26% (39 casos), siendo el que más aumentó en el bimestre, seguido de los miembros de partidos políticos, 18% (27 casos), y exmiembros de cargos de elección popular, 9% (14 casos).
Al respecto, la investigación alerta que entre mayo y junio el aumento de hechos victimizantes contra los eventuales participantes de la contienda es del 245%, en relación con el periodo anterior, “un hecho preocupante si se tiene en cuenta que se acerca el periodo de inscripción de candidatos”.
“Los hechos más graves contados hasta el momento son los 26 homicidios, de los cuales solo en este bimestre se registraron siete”, advierte la Fundación.
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Con relación a los autores de los hechos que están volviendo a empañar el escenario democrático en el país, Pares asegura que en la mayoría de los casos no ha sido posible esclarecer cuáles son los grupos o estructuras que cometen los hechos identificados. “De los 116 hechos, en 77 casos (66%) se desconoce al agente perpetrador”, aseguran.
“En el otro 34% se identificaron como presuntos agentes perpetradores al Clan del Golfo, autodenominadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), en 12 hechos; a las disidencias o grupos armados posFarc en 10 hechos, a otro tipo de grupos o personas en 10 hechos y al Eln en 6. Se encuentra un nuevo agente perpetrador, las Águilas Negras, en un hecho”, aseguran.
Para Paz y Reconciliación, es importante analizar los distintos fenómenos de violencia que se vienen presentando, toda vez que muchos de los aspirantes a las elecciones de octubre ya se están moviendo en los territorios.
“Además, como se ha visto desde las elecciones locales de 2019, el crecimiento de los partidos alternativos se ha vuelto un foco de atención para que organizaciones criminales y grupos políticos utilicen la violencia como mecanismo de competencia electoral”, señalan.
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