La Procuraduría Regional de Norte de Santander realizó la tarde de este viernes una visita especial preventiva a la sede del Área Metropolitana de Cúcuta, para hacer algunas indagaciones respecto a la contratación relacionada con las obras de construcción y/o adecuación de las baterías sanitarias de unos 16 colegios del municipio, cuestionada por presuntos incumplimientos.

Una profesional delegada de la Procuraduría se presentó en la sede de la entidad administrativa, en el Centro Comercial Bolívar,  para hacer una revisión de los soportes documentales correspondientes al proceso contractual.

La Opinión conoció que esta diligencia fue atendida por el ingeniero Álvaro Álvarez, subdirector de Planeación de la entidad y supervisor de la obra, con quien la funcionaria del Ministerio Público sostuvo una reunión previa a la revisión de la documentación requerida.

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Al ser consultado sobre la inspección, Miguel Peñaranda, director del Área Metropolitana, informó que se trataba una de las tantas visitas rutinarias que ya se han hecho por parte de los entes de control. “La estamos atendiendo como se debe y haremos el acompañamiento respectivo. Ese es nuestro trabajo y ese es el de los entes de control”, indicó. 

Durante las últimas semanas, han sido varios los señalamientos que se han hecho en torno a las demoras y aplazamientos en las fechas de entrega de las baterías sanitarias, un contrato de $5 mil millones que permanece inconcluso, según las denuncias, en unos seis colegios municipales.

Recientemente, padres de familia del colegio San José de Cúcuta, en La Cabrera, hicieron una protesta y amenazaron con ir a cese de actividades por los retrasos en los trabajos que estaban paralizados desde antes de iniciar el periodo de vacaciones.

La respuesta del Área Metropolitana fue que la contratista había enfrentado dificultades para la adquisición de materiales y mano de obra. Esto, mientras los padres denunciaban presuntas violaciones a los derechos de los niños, toda vez que tenían comprometida su salud, por el uso de unos baños portátiles que, además, no recibían la limpieza debida.

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Las indagaciones de la Procuraduría están orientadas a determinar si hay afectaciones al presupuesto público y los derechos de los niños, niñas y adolescentes están siendo vulnerados con la demora en las obras.

Finalmente, el director del AMC sostuvo que estas visitas son regulares, “debido a todos los procesos que llevamos siempre los entes de control están pendientes”.

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