Mientras el Gobierno nacional insiste en que el decreto que convoca la Consulta Popular va porque va y en las próximas horas lo haría oficial, cada vez son más las voces que cuestionan esa decisión y advierten un eventual “abuso de poder” por parte del jefe de Estado.
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Y es que la tormenta política que desató la negativa del Senado de validar el mecanismo de participación, el pasado 14 de mayo, subió de nivel, luego de que el mandatario advirtiera que los colombianos tendrán que pronunciarse en las urnas sobre la suerte de la reforma laboral que sigue su trámite en el Congreso.
“El decreto de la Consulta Popular se debe firmar ante el pueblo, ojalá ante centenares de miles de personas. Nació del pueblo, se mantiene en el pueblo. No tenemos mucho tiempo, luego no tenemos mucho tiempo para citarlo”, dijo.
Según el exfiscal general de la Nación, Eduardo Montealegre, asesor del presidente, el trámite que se surtió en el Senado incurrió en varios vicios de inconstitucionalidad que son “insubsanables” y que hacen “inexistente” la decisión del Congreso de la República. En ese sentido, asegura que como el concepto sobre la viabilidad de la Consulta, jurídicamente, no existe, el presidente puede convocar vía decreto el mecanismo.
No obstante, expertos en la materia como la Corporación Excelencia en la Justicia (CEJ), consideran que una decisión en ese sentido pone en riesgo las reglas del Estado Social de Derecho, en particular la independencia del poder Legislativo.
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“Valerse de interpretaciones amañadas de la Constitución Política de Colombia y, más grave aún, atribuir a la norma superior aquello que no dice ni pretende decir, es una forma de abuso del poder presidencial y pone en serio riesgo las reglas del Estado Social de Derecho, en particular la independencia inherente al poder Legislativo”, planteó el centro de pensamiento.
En un pronunciamiento público, la CEJ también señala que el presidente de la República no es juez del Senado y recuerda que examinar la forma en que el poder Legislativo adopta sus decisiones no hace parte de sus competencias. Es por esa razón que la corporación considera que la expedición de un decreto convocando la votación de la Consulta sería ilegal.
“El presidente de la República, como primer magistrado de la nación, no solo tiene el deber de acatar la Constitución y la ley, sino también de velar por su observancia y cumplimiento. En este sentido, es obligación y responsabilidad del poder Ejecutivo y de todos los ciudadanos preservar la autonomía y las competencias del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional, foros en los cuales se decidirá la legalidad del decreto de convocatoria anunciado el día de ayer (martes) y en los que se examinarán todos los aspectos asociados a este delicado asunto”, agrega la Corporación Excelencia en la Justicia.
El Consejo Gremial se refirió en ese mismo sentido y manifestó su rechazo y preocupación frente al anuncio del Gobierno nacional de avanzar en la Consulta Popular que ya negó el Senado, haciendo uso de un decreto presidencial.
La entidad hizo énfasis en la importancia de que el presidente se presente como una figura que simbolice la unidad nacional y garantice los derechos y libertades de todos los colombianos.
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“Utilizar su investidura para presionar al Congreso o deslegitimar a sectores sociales y económicos que disienten de sus propuestas, atenta contra la convivencia democrática y el respeto por la pluralidad de opiniones”, indicó el Consejo Gremial.
Los expresidentes Álvaro Uribe Vélez, Juan Manuel Santos e Iván Duque también coincidieron en criticar la postura asumida por el actual jefe de Estado e hicieron un llamado a defender la democracia, por cuanto consideran que convocar el mecanismo de participación mediante decreto conllevaría a quebrantar las instituciones.
“El presidente Petro está obsesionado con una consulta que no tiene respaldo institucional y que podría ser utilizada como una excusa para mover recursos oscuros en el territorio nacional, de cara a las elecciones del 2026”, afirmó Duque.
‘Golpe de Estado’
La decisión del presidente Gustavo Petro, de pasar por encima de la votación con la que el Senado negó la Consulta Popular, generó el rechazo de la mayoría de partidos que, mediante un comunicado conjunto, calificaron la intención del mandatario como un “golpe de Estado”.
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“El presidente Gustavo Petro ha anunciado su intención de firmar un decreto para convocar su Consulta Popular que ya fue rechazada por el Senado de la República. Esta decisión, de concretarse, representaría una violación grave, abierta y directa a la Constitución, una ruptura de la separación de poderes y un golpe directo al Estado de Derecho”, señala uno de los apartes del pronunciamiento.
En el documento suscrito por Cambio Radical, el Partido Liberal, el Partido Conservador, el Movimiento Político Mira, Colombia Justa Libres, el Centro Democrático, La U y la Alianza Social Independiente (ASI), sus delegados advierten el “grave daño institucional” que se está causando.
La bancada del Pacto Histórico, que es la que abandera la coalición de Gobierno, por su parte, salió en defensa del anuncio hecho por el presidente, al considerar la determinación que adoptó como “legítima” y “constitucional”.
“Le temen al voto popular porque saben que ya no pueden imponer sus intereses a espaldas del país y alegan tardíamente que el Congreso tiene la voluntad de debatir, reviviendo la reforma laboral que ellos mismos enterraron”, advirtieron sus voceros.
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Este comunicado se difundió después de que se conociera la imagen de una conversación entre Petro y el senador Iván Cepeda, en la que el mandatario hace un duro jalón de orejas a sus copartidarios por no haber hecho nada frente al desenlace de la Consulta en el Senado.
“Ni debate, ni nada. No demanda contra Cepeda, ni nada”, escribió Petro y agregó “Vierin (sic) en directo un fraude y colocan demandas en donde no debe ser”, agregó con una evidente molestia.
Envían concepto a la Registraduría
Anticipándose a la eventual expedición del decreto que convoca la Consulta, el presidente del Senado, Efraín Cepeda, le remitió al registrador nacional, Hernán Penagos, el concepto que profirió el pasado 14 de mayo el Senado, negando la convocatoria a la Consulta Popular.
En el documento, el congresista confirma que la votación desarrollada en esa plenaria terminó 49 votos por el ‘No’ frente a 47 por el ‘Sí’.
“Si el presidente Petro decreta la Consulta Popular estaría violentando todas las leyes y la justicia colombiana. Ese decreto será demandado inmediatamente. La Consulta Popular se negó en la plenaria del Senado, así que no hay manera de que el señor registrador acepte convocar a una Consulta Popular”, manifestó Cepeda.
Congresistas de Norte se pronuncian
El anuncio que hizo el presidente de la República, Gustavo Petro, de convocar mediante decreto la Consulta Popular para sacar adelante la reforma laboral, también fue rechazado por los congresistas de Norte de Santander.
Uno de los primeros en pronunciarse fue el senador Edgar Díaz, quien terminó siendo protagonista de la votación del pasado 14 de mayo, por cuanto su voto fue registrado inicialmente a favor del mecanismo y posteriormente se modificó, razón por la cual el Gobierno alega fraude.
Díaz, quien es congresista de Cambio Radical, consideró que los colombianos no deben dejarse “arrastrar a una violencia fratricida orquestada desde la Presidencia de la República” con su insistencia de sacar adelante la Consulta.
“No se debe engrosar el déficit fiscal con su realización, menos si se tiene en cuenta que el verdadero objetivo no son las reformas fallidas, sino justificar las movilizaciones sociales, las cuales son patrocinadas por diferentes ministerios y entidades públicas”, dijo.
Por su parte, el representante a la Cámara por la curul de paz del Catatumbo, Diógenes Quintero, consideró que con el anuncio hecho por el jefe de Estado, la nación está ante un “desafío institucional”.
“Llamamos al Gobierno nacional a la sensatez, a los partidos a actuar por la vía institucional y a la ciudadanía a la calma, pero alerta. Confío en que la Rama Judicial detendrá este revés antidemocrático”, sostuvo.
Entre tanto, el senador del Partido Liberal Alejandro Carlos Chacón, es partidario de que hay caminos institucionales encargados de dirimir las controversias cuando hay diferencias entre el Ejecutivo y el Legislativo, como lo es el poder judicial.
“Si se considera que hubo un error, quien determina esa circunstancia realmente es el Consejo de Estado, y eso hay que demandarlo”, opinó.
Sobre el papel que debe jugar en la coyuntura actual la Registraduría, Chacón sostuvo que a la entidad lo que le corresponde es no ignorar el decreto del presidente. “Puede pedir una consulta para fundarse más en cualquier decisión que deba tomar”, consideró.
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