La Superintendencia del Subsidio Familiar finalmente acató la orden emanada por el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Cúcuta y suspendió la resolución mediante la cual autorizó la intervención administrativa de la Caja por un periodo de hasta 15 meses.

Sin embargo, la decisión del Gobierno causó sorpresa, pues no contempla el reintegro del anterior director de la entidad, Oscar Guillermo Gerardino y, en su lugar, la deja sin timonel hasta tanto se profiera un fallo definitivo en el trámite de la tutela interpuesta por Gerardino.

“Como consecuencia deviene que la Caja quedará sin director administrativo y agente de intervención o consejo directivo hasta tanto no se profiera el fallo correspondiente por el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Cúcuta”, dice la Resolución 302 del 17 de mayo, proferida por la Supersubsidio.

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Allí se advierte que el auto del 15 de mayo de 2024, que avaló la solicitud de medida cautelar y le puso freno a la intervención de Comfanorte, solo hizo mención a la suspensión provisional de los efectos de la Resolución No. 0266 del 30 de abril de 2024, “sin modular, ni indicar aplicación retroactiva de la suspensión de efectos, ni hace referencia a orden de reintegro ni reincorporación alguna”.

En ese sentido, la Superintendencia dijo que se hacía necesario “señalar que esta Superintendencia del Subsidio Familiar no está llamada a completar, interferir o interpretar una orden judicial”.

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En su resolución, la entidad del Gobierno también ordenó suspender el ejercicio de la dirección administrativa que le había sido encomendado a Germán Antonio Bautista, hasta que se conozca el desenlace de la acción de tutela que estudia el Juzgado Octavo.

Así las cosas, la Caja se encuentra en estos momentos en el limbo, sin intervención, pero también sin director en propiedad ni encargado.

Cómo se recuerda, Oscar Guillermo Gerardino, quien estuvo al frente de Comfanorte hasta hace dos semanas, decidió instaurar una acción de tutela por considerar que con la orden de intervenir la entidad y la decisión de apartarlo de la dirección administrativa, se vulneraron sus derechos fundamentales al debido proceso administrativo, trabajo digno, dignidad humana y buen nombre.

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En ese sentido, pidió que además de tutelar sus derechos se tomaran medidas inmediatas, puesto que las razones que se tuvieron en cuenta para decretar la intervención atentan contra sus derechos constitucionales y “se constituye en una vía de hecho”.

Dicha solicitud fue avalada por la jueza octava, quien suspendió temporalmente la intervención.

No obstante, más de 24 horas después de que el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Cúcuta avalara esa decisión esta no se había cumplido y en consecuencia se admitió un incidente de desacato.

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