En el cierre de esta semana el Gobierno espera que la Comisión Séptima de la Cámara apruebe el grueso del articulado de su reforma a la salud y, para conseguirlo, desató un caos en el Partido Liberal. La influencia de la Casa de Nariño le dio validez a la rebelión de una facción de los liberales en la Cámara y le quitó el poder absoluto a César Gaviria en esa colectividad.

Ese giro de poder en las toldas rojas quedó expuesto con el voto a favor de los primeros tres artículos de la reforma por parte de los 4 representantes liberales miembros de esa Comisión, que pusieron los intereses del Gobierno por encima de las insistentes instrucciones de Gaviria de no respaldar la iniciativa oficialista, que volvió a calificar como “nefasta” para el sistema de salud.

Esos cuatro apoyos demostraron que la negociación directa de la jefe de gabinete, Laura Sarabia, con la facción de 18 congresistas que se le rebelaron a Gaviria rindió frutos, al hacer que la reforma saliera del cuello de botella en el que estaba y, de paso, consiguiera la mayoría que podría aprobarla en primer debate con 14 votos a favor frente a 6 en contra en esa Comisión.

Gaviria, ¿sin poder de acción?

El expresidente intentó asestarle un contragolpe al Gobierno como respuesta al sorpresivo apoyo de sus congresistas a la reforma. Lo hizo el pasado fin de semana al reiterar, en un documento, que la iniciativa es dañina para el sistema de salud del país, pero este nuevo llamado de atención, que se dio justo antes del reinicio del debate previsto para este martes a las 8 a.m., tuvo poco eco entre los legisladores liberales.

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“La reforma colocaría en alto riesgo financiero al sistema de salud y de corrupción y, al final, perjudicará el derecho fundamental a la salud de todos”, advirtió el expresidente.

Este nuevo intento de llamado al orden parece que se quedará solo en un pronunciamiento y no se vería reflejado en el Congreso, ya que este diario confirmó que mientras Gaviria trabajaba en la comunicación, sus congresistas siguieron participando todo el fin de semana de la subcomisión accidental que se creó por iniciativa del Gobierno, con el fin de organizar el articulado.

Una de las protagonistas de esta rebelión es la representante María Eugenia Lopera, quien, como un alfil del polémico exsenador Julián Bedoya, se integró a la subcomisión y asumió el papel de interlocutora entre la Casa de Nariño y los liberales declarados en rebeldía, concentrados en 18 de los 33 congresistas que tiene el partido en la Cámara.

Lopera no le dio trascendencia al llamado de Gaviria y, en diálogo, planteó que el debate avanza positivamente. “Los coordinadores y ponentes junto con el Gobierno han estado abordando las proposiciones desde el momento en que fueron radicadas y hay un bloque de 30 artículos sin proposición listos para ser votados”.

Resulta contradictorio que mientras Gaviria imparte instrucciones de no apoyar el proyecto, sus congresistas deciden respaldarlo públicamente y le entregan sus votos. Uno de los 18 representantes en rebeldía le aseguró a este diario que el expresidente bajó los taches después de que se confirmó que no puede ordenar cómo se debe votar porque no hay una decisión de bancada.

“Hoy por hoy Gaviria está de manos cruzadas. Las amenazas que hizo de sanciones no las pudo cumplir porque el Consejo Nacional de Control Ético no tiene cómo sustentar un incumplimiento y si cita a bancada sin reunir a todos los representantes y senadores, seguro habrá un sabotaje”, dijo un representante liberal que pidió no revelar su nombre.

Así las cosas, los 18 liberales rebeldes prevén que para esta semana esté aprobado el grueso del articulado, que esperan socializar al interior de la colectividad. Y al contar con la mayoría de la bancada en la Cámara, pedirán que el partido tome una posición a favor de la reforma o de lo contrario les den libertad de apoyarla.

Así las cosas, quien tiene ahora la sartén por el mango es la Casa de Nariño, que supo sortear con las amenazas de Gaviria a sus congresistas y conquistó 4 votos que le aseguran, parcialmente, la mayoría necesaria para que la reforma pase en su primer debate y abra paso a la laboral, cuya ponencia será radicada este martes.

Pese a esto, el posible triunfo del Gobierno será parcial, ya que los tiempos no le alcanzan en el Congreso para aprobar la reforma a la salud en la actual legislatura, pero tiene dos años para pasarla al tratarse de una ley ordinaria.

Petro quiere a un polémico en la Cámara de Comercio de Bogotá

Desde la Casa de Nariño se está cocinando una movida política con la que el Gobierno intentará poner a una ficha del presidente Gustavo Petro, que ha estado envuelta en polémicas, al mando de la presidencia ejecutiva de la Cámara de Comercio de Bogotá.

Se trata de Ovidio Claros, quien sería postulado por el Gobierno para tratar de darle un timonazo a la jefatura de la Cámara de Comercio de Bogotá, que actualmente está en manos de Nicolás Uribe, quien suma tres años y medio en el cargo y no tiene cercanía con el mandatario.

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Claros es un excongresista de origen liberal, excontralor de Bogotá y exmagistrado del Consejo Superior de la Judicatura, quien apareció salpicado en el carrusel de las pensiones de este último órgano de la Rama Judicial.

Fuentes de Palacio apuntan a que pese a las polémicas que rodean el recorrido profesional de Claros, su hoja de vida fue escogida en Palacio porque se trata de una ficha política que podría servirle al Gobierno para sumar apoyos para tramitar sus reformas en el Congreso.

Y es que además de su pasado como congresista, Claros tiene un interés vigente en el campo político, ya que su esposa Olga Lucía Velásquez actualmente es representante a la Cámara por la Alianza Verde y antes también ocupó ese cargo con el aval del Partido Liberal.

A esto se le suma que el Jefe de Estado tendría un gesto de ‘agradecimiento’ con Claros, ya que él como magistrado impidió que se tumbara al ‘tutelatón’ que pedía que Petro pudiera mantenerse en la Alcaldía de Bogotá, ante la decisión de la Procuraduría de destituirlo.

Hasta ahora se están haciendo cuentas de cuatro votos de los delegados de la Presidencia y tres más de representantes de los empresarios, pero para oficializar la elección Claros necesita una mayoría absoluta de 8 votos, por lo que se necesita que Palacio conquiste a un apoyo más.

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