A menos de cuatro meses de que se cumplan las elecciones regionales en el país, los candidatos a los diversos cargos siguen denunciando hechos de violencia contra ellos y sus electores, lo cual se convierte en factor de riesgo para el libre y normal desarrollo de los comicios.

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Uno de los delitos que se estaría intensificando, según los aspirantes, es la extorsión. En Bogotá, por ejemplo, el aspirante a la Alcaldía Mayor, Rodrigo Lara, denunció que en algunos barrios de la ciudad se están presentando casos de intimidación y cobros ilegales a comerciantes.

Lara recordó que solo en mayo, seis casos por extorsión se denunciaron en la localidad de Suba y explicó que esta situación se da porque los ciudadanos tienen miedo de que se cumplan las amenazas de los delincuentes.

Otra denuncia de extorsión la hizo el precandidato a la Gobernación de Córdoba, Luis Gabriel de Giovanni, quien asegura que en la capital de ese departamento, Montería, la situación de inseguridad es tal que ni los pequeños comerciantes de las plazas de mercado se salvan del flagelo de la extorsión,  pues a ellos les están pidiendo en promedio $5.000 diarios, en lo que considera es una clara forma de microextorsión que no tiene control.

De otra parte, el sábado pasado en la madrugada, Edgar Patiño, precandidato por el partido Colombia Humana a la Alcaldía de Florida, Valle del Cauca, fue víctima de un atentado que lo tiene hospitalizado en una grave condición de salud, tras recibir tres tiros.

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El pasado 14 de junio, entre tanto,  falleció el precandidato al Concejo de Tuluá, Alejandro Forero Valderrama, quien fue víctima de un atentado registrado un día antes dentro de un centro comercial de ese municipio del Valle del Cauca.

Dos días antes de ese episodio, el 12 de junio, el precandidato por el Partido Liberal a la Alcaldía de San Cayetano (Norte de Santander), Javier Barón, fue víctima de un ataque en su residencia. El aspirante denunció que sobre las 3:20 de la mañana, desconocidos le prendieron fuego a su camioneta  y la marcaron con la sigla del Eln.

El fin de semana, la Procuraduría le pidió al Gobierno Nacional brindar todas las garantías de seguridad para que 12 alcaldes de 7 municipios, que están ejerciendo sus labores por fuera de sus municipios por amenazas de grupos armados al margen de la ley, puedan regresar a sus lugares de origen.

En tal sentido, solicitó al Ministerio del Interior, un reporte detallado sobre las acciones adelantadas y las que se tienen dispuestas para abordar esta problemática, como también el plan de acción con las medidas específicas que se implementarán para garantizar la seguridad de los funcionarios amenazados y el mecanismo de interacción con las gobernaciones, alcaldías y otras entidades, con el objetivo de lograr una respuesta integral y efectiva frente a esta situación.

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El ente de control recordó que en conjunto con la Defensoría del Pueblo alertaron la compleja situación que viven los alcaldes de Puerto Guzmán (Putumayo), Cartagena del Chairá (Caquetá), Magüí Payán (Nariño), Bagadó, Sipí, Río Iró y San José del Palmar (Chocó), El Bagre y Tarazá (Antioquia), Villeta (Cundinamarca) y Tibú y La Playa (Norte de Santander).

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