Padres de familia de la institución educativa El Tarra, comprensión rural del municipio de Ábrego, adelantaron una jornada de protesta, ya que el futuro de los estudiantes es incierto.

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Luego de la avalancha ocurrida el 31 de mayo del año pasado muchos de los niños fueron reubicados hacia el casco urbano y otros recibieron las orientaciones en el puesto de salud, pero hasta la fecha no se ha definido la reconstrucción del establecimiento educativo.
 
No comparten el traslado, ni seguir los programas académicos por guías o de manera virtual en detrimento de la calidad educativa.

La vocera comunal, Luzary Jácome Rangel, manifestó que muchos de los damnificados no cuentan con las condiciones económicas para trasladar a los niños al casco urbano debido a la lejanía.

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Además, los niños carecen del transporte escolar y mediante la virtualidad, algunos tienen dificultades con la conexión. Muchos de los afectados con el desastre natural regresaron a las fincas a la espera del reasentamiento humano, pero el proceso ha sido bastante lento.

La madre de familia Silvia Rincón no está de acuerdo con la suspensión de las clases ya que han transcurrido 8 meses de la avalancha y ningún funcionario se ha apersonado de la difícil situación.
  
“Mandan un oficio tomando esa decisión sin dar la cara y conociendo la cruda realidad de las familias. Ellos deben garantizar el derecho a la educación porque el colegio tiene hasta el grado undécimo. No dejemos acabar el colegio por lo señalado en una carta. No vamos a permitir el cierre de las puertas hasta cuando delegados de la Secretaría de Educación expliquen las razones y proponga alternativas”, recalcó.
 
Los líderes indicaron que las condiciones no están dadas para esos cambios de última hora. 

José Luis Jácome, representante del Consejo directivo, indicó que los habitantes de 13 veredas no están dispuestos que vaya a desaparecer, ya que deben trasladarse durante tres a cuatro horas de camino para recibir clases en el casco urbano.

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“Pedimos encarecidamente que se priorice la educación para nuestros hijos, hablan del riesgo de la infraestructura, pero no se dan cuenta que los niños corren más peligro por el estado de la carretera”, reiteran.
 

Personera como mediadora

La personera de Ábrego, abogada Laura Jimena Quintero Arévalo, intercedió ante las autoridades educativas para evitar problemas mayores a la niñez y juventud de la zona afectada.
 
Explicó que algunos reciben los programas pedagógicos en el casco urbano y se garantiza el acceso a la educación, pero otros recibían clases presenciales en el puesto de salud de la vereda El Tarrita. 
 
“Por razones de seguridad se suspendieron las clases presenciales ya que el sitio no cumple con los requisitos mínimos y adicionalmente el riesgo en la vía no lo permite debido a la movilización de menores de edad al lugar”, agregó.
 
Durante un consejo municipal de Gestión de Riesgos y Desastres se analizó la situación y convocaron a unas mesas de trabajo, pues Ábrego no es certificado en educación y se requiere avanzar en las estrategias para evitar el atraso en el calendario.

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“Hay una opción con organizaciones no gubernamentales para la utilización de aulas móviles con el aval del Ministerio de Educación encaminada a la proyección e integridad de los niños para que tengan el acceso a una educación de calidad”, recalcó.

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