La Sociedad Terminal de Transportes atraviesa una difícil situación financiera debido a la irresponsabilidad de anteriores administraciones, según lo manifestó el alcalde de Ocaña, Samir Fernando Casadiego Sanjuán.
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Se debe superar el pasivo contingente para cumplir con las exigencias y lograr la certificación de la Superintendencia de Puertos y Transportes, agregó.
Los integrantes de la Junta Directiva buscan alternativas para superar el déficit que supera los 800 millones de pesos, recalcó el mandatario local.
Asegura que se recibió en crisis y continúa la situación igual debido a los distintos procesos contractuales afrontados durante los últimos años.
“Afortunadamente en este gobierno hemos logrado mantener el equilibrio financiero y no aumentar el hueco fiscal. Es una situación bastante compleja, muy difícil, pues nosotros encontramos un saldo negativo aproximado a los 800 millones de pesos que, obviamente, la actual operatividad no da para cancelar esas deudas”, dijo el mandatario municipal.
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Echó la culpa de esos problemas a los malos manejos de anteriores administraciones, que no dimensionaron el daño hecho al sector transportador. “Hay que decirlo sin temor a equivocarnos, infortunadamente se cometieron irregularidades y hoy se están pagando con creces esos errores”.
Reunión de carácter urgente
En la segunda semana del mes de enero llamará a una junta extraordinaria para presentar en nombre de la alcaldía algunas soluciones encaminadas a sacarla adelante, hacer unas adecuaciones y cumplir las exigencias de la Superintendencia de Puertos y Transportes para evitar el cierre de la misma.
“Tenemos la posibilidad de presentar más ofertas de servicios desde la Terminal como la adecuación de un hotel, una estación de combustibles y el mantenimiento de los buses. Eso ayudaría que la central de transportes respire y podamos tener la posibilidad de rescatarla, mejorarla y ponerla a funcionar como debe ser y merece el municipio de Ocaña”.
Censura las decisiones administrativas tomadas por los antecesores, pues no había un plan de trabajo en la operatividad de la Terminal, se le recargaban muchas cosas que no eran de su responsabilidad y esto genera el colapso. “El año 2020 recibimos con una junta conformada por las minorías porque la administración anterior de manera irresponsable no llamó en los términos de ley. Hay una serie de inconsistencias administrativas y presupuestales que obviamente dieron como resultado la situación que infortunadamente tenemos hoy”, enfatizó.
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El secretario de Movilidad y Tránsito de Ocaña, Leonardo Moreno Bonilla analizó fórmulas estratégicas para coadyuvar la situación heredada y salvaguardar los activos en manos de la administración municipal, transportadores y socios particulares.
Las pesadas cargas presupuestales
El gerente general, abogado Jairo Alberto Peñaranda Mantilla, emprendió la misión de salvar a la Terminal de Transportes, homologada para el ascenso y descenso de pasajeros en el municipio de Ocaña desde el año 2005.
Es una sociedad de economía mixta por acciones del Estado en un 78 por ciento, y el 22 restante por empresas transportadoras y personas naturales, y su fin es desarrollar actividades comerciales de prestación del servicio.
Explica que los problemas comenzaron en el año 2016 durante la administración de la señora Miriam Prado Carrascal, con acreencias no canceladas y sobrecostos. En el 2018, no se citó a una asamblea general y la Junta Directiva fue asumida por minoristas y nombrado como gerente a José Isaac Mendoza Lozano, quien no canceló los servicios ofrecidos por la camabaja para el transporte de motocicletas, a pesar de que los infractores pagaron a su debido tiempo. Desde ahí comenzaron las demandas.
A lo anterior se suman los procesos instaurados por algunos empleados con quienes se ha llegado a unas conciliaciones y acuerdos de pago. El profesional del derecho indicó que la carga prestación es muy alta y las utilidades bajas lo que agrava la situación. También, el anterior gerente José Isaac Mendoza, demandó a la Terminal por el monto de 160 millones de pesos, supuestamente por inconsistencias en el momento de la declaratoria como insubsistente.
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Igualmente, se debe a los almacenes de suministros la remodelación hecha por el gerente Helio Fernando Carrascal Camacho, trabajos que, de acuerdo a la más reciente visita de la Superintendencia, quedaron mal hechos y dieron un ultimátum.
Una situación insostenible
La utilidad anual es de 25 millones de pesos y no alcanza para conjurar la profunda crisis presupuestal generada en los últimos años.
Para la operatividad se requiere de 17 personas y los ingresos alcanzan únicamente para pagar nóminas. “La situación es gravosa, pues todos los días van sumando intereses y se tienen dos rutas hacia Cúcuta y Bucaramanga. Con la expedición de la tasa de uso y otros ingresos se alcanza a recolectar 42 millones de pesos mensuales y se gastan 40, entonces queda poco para llevar esa carga con acreedores y demandas”, reiteró Peñaranda.
Visita de la Superintendencia
En octubre del presente año arribaron a la ciudad funcionarios de la Superintendencia de Transportes para analizar la infraestructura con resultados no muy alentadores.
Luego de la inspección se determinó que solamente cuenta con el 30 por ciento de accesibilidad de acuerdo a lo establecido por las normas técnicas y se debe lograr mínimo el 80 por ciento.
“En otras palabras los trabajos ejecutados en anteriores administraciones, los cuales aún se adeudan, quedaron mal hechos y debemos cumplir de lo contrario se revocará la homologación”, recalcó Peñaranda.
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