La Superintendencia Nacional de Salud expuso su postura frente al fallo emitido por el Juzgado Segundo Administrativo del circuito de Cúcuta donde se ordena el reintegro del anterior gerente Jairo Pinzón López en el hospital regional Emiro Quintero Cañizares de Ocaña.
Por medio de un comunicado se ratificó al Agente Especial Interventor y representante legal de la Empresa Social del Estado, Yamil Roberto Blel Cervantes, e impartió instrucciones para el normal funcionamiento de la entidad.
“Muy a pesar del intento de desequilibrar la institucionalidad que, de forma reciente, ha experimentado la entidad intervenida a propósito de una decisión de un juez con una tutela. No he sido parte dentro del mismo proceso y la orden allí emitida, no se me ha comunicado formalmente”, señaló el gerente encargado.
Explicó a los empleados, trabajadores y contratistas que el Superintendente Nacional de Salud, autoridad que lo asignó como Agente Especial Interventor es respetuoso de los fallos judiciales, no por este hecho, puede entrar a desconocer su misión en la defensa de los derechos de la salud y los recursos públicos puestos en la Empresa Social del Estado. Por esta razón intentará la revocatoria anta las instancias judiciales.
“A la fecha no se ha producido ninguna decisión de remoción de mi cargo y, por tanto, continúo de manera ratificada ejerciendo un mandato de intervención administrativa y representación legal para esta Empresa Social del Estado en las condiciones incólumes a las que me fue asignado por la única autoridad competente: la Superintendencia Nacional de Salud”, agregó.
Aseguró además, que todas estas circunstancias han sido puestas en conocimiento de los canales institucionales como autoridades de policía, ministerio público y organismos de control manifestando todo el apoyo a la gestión y la función cumplida. Sea como fuere, estos son los únicos mecanismos para hacer valer las providencias judiciales, precisa.
Solicita continuar con el normal desarrollo de la gestión de la entidad para cumplir con los retos institucionales que imponen la pandemia de la COVID-19 durante el presente año y el próximo, puntualizó Blel Cervantes.
No da brazo a torcer
El gerente apartado del cargo, Jairo Pinzón López, insiste en volver al centro asistencial y los apoderados adelantan las acciones para demostrar que hubo desacato por parte de la Superintendencia.
El abogado defensor, Lumar Fernando Sierra Rochells, manifiestó que las notificaciones se hicieron a tiempo y el 18 de diciembre se instauró un incidente de desacato y en primera instancia, el superintendente debe pagar un salario mínimo legal.
“Es reincidente y corre el riesgo de la suspensión del cargo por seis meses”, explicó el profesional ocañero.
Aseguró que hubo violación del debido proceso ya que la institución no se encontraba en riesgo financiero. La intervención fue sin fundamento y contrario a la realidad, agregó.
Consideró que la Superintendencia comete el delito a fraude a resolución judicial porque no acató el fallo de la acción de tutela. Asimismo, falta disciplinaria.
