Además, Arreaza detalló que desde la promulgación de la ley se han recibido 4.293 solicitudes de amnistía y que 3.052 personas que estaban bajo medidas cautelares (como arresto domiciliario o presentación periódica ante autoridades) han sido liberadas plenamente.
Peticiones desde el exterior y restricciones a la amnistía
Arreaza también explicó que venezolanos que se encuentran fuera del país y que podrían acogerse a la amnistía tienen la posibilidad de solicitarla a través de un abogado de confianza sin necesidad de regresar al territorio venezolano.
Sin embargo, recalcó que la ley no ampara delitos graves como corrupción o homicidio. Aunque cualquier persona puede presentar la solicitud, será el juez competente quien determine si cumple los requisitos y si corresponde aplicar la amnistía en cada caso.
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Diferencias en cifras entre Gobierno y ONG
Mientras el oficialismo resalta las cifras de liberaciones y solicitudes, organizaciones como Foro Penal han ofrecido datos diferentes sobre el número de excarcelaciones verificadas específicamente como “políticas”. Según la ONG, las cifras de liberaciones son considerablemente menores y aún existen cientos de personas consideradas presos políticos que no han sido beneficiadas por la ley.
Casos recientes de excarcelación bajo la nuevas medidas
Entre los liberados bajo la implementación de la ley se encuentra Nelson Piñero, militante del partido político opositor Encuentro Ciudadano que fue detenido en noviembre de 2023 por publicaciones críticas al gobierno y recientemente recuperó su libertad. Piñero calificó su detención como injusta e ilegal y reafirmó su compromiso político tras salir en libertad.
Otra persona excarcelada recientemente es Lourdes Villareal, profesora y dirigente sindical vinculada al Sindicato Venezolano de Maestros y al partido Vente Venezuela.
Seguimiento a la aplicación de la ley
Las autoridades aseguran que se lleva a cabo un seguimiento minucioso de cada caso presentado bajo la ley de amnistía y que continuarán evaluando las solicitudes conforme entren a los tribunales del país. Aún así, el proceso ha generado controversia y debate, con observadores y organizaciones de derechos humanos que señalan que muchos beneficiarios potenciales siguen sin ser liberados o enfrentan restricciones tras su excarcelación.
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