El presidente argentino, Javier Milei, sorprendió con una polémica propuesta para reducir la edad mínima de imputabilidad penal a 10 años, reavivando el debate sobre la responsabilidad criminal de los menores en el país. La medida, que busca modificar el actual régimen penal juvenil, generó un intenso revuelo entre especialistas, organizaciones de derechos humanos y sectores políticos.
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Durante una entrevista reciente, Milei detalló que su proyecto de ley contempla inicialmente bajar la edad de imputabilidad de 16 a 13 años, pero no descartó la posibilidad de reducirla aún más, hasta los 10 años. "Hay países en el mundo donde la edad mínima está en diez años", argumentó el mandatario, señalando que su objetivo es adaptar la legislación argentina a estándares internacionales más estrictos.
Actualmente, la normativa argentina establece que los menores de 16 años no pueden ser juzgados penalmente, y aquellos entre 16 y 18 años solo pueden ser procesados por delitos graves, comenzando a cumplir sus penas en prisión a partir de los 18 años. La propuesta de Milei modificaría drásticamente este esquema, permitiendo que niños desde los 10 años enfrenten procesos penales.
El detonante de esta ley que propone Javier Milei para Argentina
El anuncio se produce después del trágico caso de Kim Gómez, una niña de siete años que falleció recientemente en Buenos Aires luego de ser atropellada por un vehículo robado por menores de edad. El caso avivó las discusiones sobre la responsabilidad penal de los jóvenes e impulsó a Milei a proponer medidas más severas.
"No podemos permitir que los menores se escuden en su edad para cometer delitos graves sin consecuencias reales", señaló el presidente, agregando que su iniciativa también contempla programas de rehabilitación y reinserción social para los menores que infrinjan la ley.
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La propuesta de Milei generó un fuerte rechazo en organizaciones de derechos humanos y en expertos en justicia juvenil, quienes advierten que juzgar penalmente a niños tan pequeños podría vulnerar sus derechos fundamentales. Según Unicef, las políticas penales deben priorizar el bienestar del menor y recurrir a la privación de libertad solo como último recurso.
Desde el ámbito político, las opiniones también están divididas. Mientras algunos sectores acompañan la iniciativa bajo la premisa de mejorar la seguridad pública, otros consideran que la medida es excesiva y podría derivar en la criminalización de la infancia. "El problema de la inseguridad no se resuelve encarcelando a niños, sino con políticas públicas que aborden las causas profundas del delito", expresó María Delia Borda, diputada opositora.
Perspectiva internacional: ¿Qué sucede en otros países?
La edad de imputabilidad varía significativamente en el mundo. En países como Inglaterra y Gales, la edad mínima es de 10 años, mientras que en España es de 14 años. Sin embargo, en naciones como Noruega o Suecia, donde se prioriza un enfoque restaurativo, la edad mínima se sitúa en los 15 años.
Los expertos coinciden en que bajar la edad de imputabilidad no siempre se traduce en una reducción de la criminalidad juvenil. Hay evidencia de que las políticas punitivas pueden tener efectos adversos, perpetuando el ciclo de la violencia en lugar de resolverlo.
El proyecto de ley de Javier Milei se encuentra en una etapa inicial y deberá atravesar un arduo proceso legislativo antes de convertirse en realidad.
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