En septiembre de 2023, un despliegue masivo de 11.000 funcionarios rodeó el Centro Penitenciario de Aragua, conocido como Tocorón, una prisión en Venezuela que con los años se transformó en un cuartel criminal. El objetivo era desmantelar la base de operaciones principal del Tren de Aragua, la megabanda más poderosa del país, que durante casi una década había ejercido un control absoluto sobre ese recinto penitenciario.

Tocorón no era solo una cárcel, sino el epicentro de una organización que, nacida entre los escombros de un proyecto ferroviario abandonado, extendió sus redes más allá de las fronteras del país.

A pesar de las numerosas denuncias e investigaciones que documentaban los crímenes del Tren de Aragua, que van desde la extorsión, homicidio, secuestro, tráfico de drogas y otros delitos, el gobierno venezolano tardó en actuar con contundencia.

Los primeros reportes de actos violentos atribuidos a esta megabanda fuera de Venezuela se registraron en Perú y Colombia, en 2018

Sin embargo, no fue hasta cinco años después, que ocho países de América Latina fueron denunciando progresivamente la presencia de este grupo en sus territorios, cuando el gobierno comenzó el operativo para eliminar su base de operaciones.

Lo que comenzó como una banda local se transformó en una amenaza transnacional, aprovechando la vulnerabilidad de las rutas migratorias en la región, donde sus principales víctimas son los migrantes venezolanos que huyen de la crisis humanitaria que ha expulsado a casi 8 millones de personas del vecino país.

Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, incorporó al Tren de Aragua en su discurso político y lo comparó con grupos terroristas como Al Qaeda.

Durante su campaña, Trump prometió acabar con la presencia del Tren de Aragua en ese país, y para lograr ese objetivo, dos meses después de llegar al poder, resucitó una ley de 1798 para facilitar la deportación masiva de venezolanos.

Las recientes decisiones demuestran que para Trump, la megabanda no es solo un problema criminal, sino una narrativa que alimenta su agenda migratoria.

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En este contexto de expansión, narrativas y violencia transnacional, expertos como el criminólogo venezolano Keymer Ávila, coordinador de la especialización en Ciencias Penales y Criminológicas de la Universidad Central de Venezuela (UCV) entre otros pergaminos, analizó el fenómeno de la banda criminal desde una perspectiva académica y práctica, tras las políticas impuestas por Estados Unidos y la vinculación de muchos migrantes venezolanos con este grupo criminal, incluidos quienes fueron deportados a una cárcel de máxima seguridad para terroristas, a pesar de no ser sometidos a debidos procesos.

El origen de la estructura criminal

Para entender la complejidad operativa del Tren de Aragua, Ávila se remonta a la historia de la creación de esta banda criminal.

El académico es enfático al señalar que sí existe, pese a la narrativa oficial en Venezuela, y es uno de los grupos delictivos más grandes del país que nació en el estado Aragua y tiene su origen en los sindicatos que trabajaban en un proyecto ferroviario que no se terminó.

“Como sucede en otros países vecinos, la banda tenía su base de operaciones en la cárcel. Desde allí coordinaba con distintos grupos delictivos y logró expandirse al menos a 11 estados del país; además es importante resaltar que sus principales víctimas son los migrantes venezolanos”, indicó.

Entre los estados donde la banda, precisa Ávila, prefirió ampliar su presencia fue en los fronterizos, costeros y mineros, lo que les permitió tener participación en una gran diversidad de mercados ilícitos, entre ellos las rutas de migrantes y el tráfico de personas.

Narrativas sobre el Tren de Aragua

Una de las narrativas que más ha calado, que utilizan Trump y su gabinete, es que la presunta presencia del Tren de Aragua en Estados Unidos representa un peligro de invasión y terrorismo en la potencia más importante del mundo.

Ese fue el motivo que utilizó para incluir a esta megabanda criminal en la lista de grupos terroristas y para invocar la Ley de Enemigos Extranjeros, una regla que solo se aplica en tiempos de guerra, y que ese país ha invocado solo en tres oportunidades, durante las dos guerras mundiales y una guerra de 1812.

 “Los delincuentes inicialmente no tienen objetivos políticos, ni buscan subvertir un sistema. Cometen delitos que están consagrados en la legislación, en ese caso deben ser procesados según la ley por un tribunal, perteneciente a un poder autónomo e independiente del poder ejecutivo”, agrega.

Luego está Venezuela, un Estado que Ávila calificó de represivo y autoritario, responsable de hundir al país en una pobreza extrema y de empujar a sus ciudadanos a emigrar sin parar.

¿Realmente es una amenaza?

Tras las narrativas impulsadas desde distintos gobiernos y el impacto que verdaderamente tiene el Tren de Aragua, la pregunta que se hacen muchas personas es si en realidad una megabanda como esta pudiera representar una amenaza terrorista o de invasión a los Estados Unidos.

Keymer Ávila precisó que, aunque en Venezuela hay bandas delictivas con niveles importantes de organización, expansión y poder de fuego, difícilmente llegan a los niveles de sofisticación, experiencia, extensión, redes, recursos y poder de los carteles colombianos, brasileros y mexicanos.

 “Presentar un relato en el cual los grupos delictivos venezolanos van a disputarle poder a estos en su propio territorio es una historia que de pronto puede generar muchos clics en una web, así como muchos tweets (…)”, dijo.

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El académico sostuvo que actualmente se está dando un fenómeno de reclutamiento de migrantes venezolanos por parte de grupos delictivos, para los trabajos más infames, al menor costo.

No hay evidencia sostenible sobre el Tren en Estados Unidos

El alcance del Tren de Aragua en Estados Unidos ha generado un debate sobre si es posible que esta megabanda tenga tanto poder como para que obligara a Trump a invocar una ley del siglo XVIII.

Según reportes del New York Times, la presencia del Tren de Aragua en Estados Unidos ha sido vinculada a crímenes como tráfico de personas, drogas y armas en estados como Nueva York, Texas, Florida y Colorado.

Sin embargo, un informe de inteligencia estadounidense del 26 de febrero de 2025, citado por el Times, concluye que el Tren de Aragua no opera bajo control del gobierno venezolano ni tiene la estructura para ser una amenaza coordinada a gran escala en EE. UU., como lo afirma la Casa Blanca.

En este contexto, el experto añadió que desconoce algún estudio académico importante que pueda hablar sobre la verdadera presencia del Tren de Aragua en Estados Unidos, más allá de iniciativas periodísticas.

A partir de este tipo de casos emblemáticos, manifestó Ávila, se construye una agenda mediática y política que no siempre es congruente con la realidad, ni obedece a las necesidades públicas ni de la gente común, sino a la de quienes tienen el poder de definición de los temas de esa agenda.

Se instrumentaliza la diáspora venezolana

El también coordinador de la especialización en Ciencias Penales y Criminológicas de la UCV menciona que en este caso se instrumentaliza a la diáspora venezolana para desviar la atención de problemas internos o simplemente cumplir con promesas electorales.

El experto explicó que estos gobiernos ven a los pobres y excluidos como objetos, mercancías y fichas de cambio y que el foco de discusión no es solamente un grupo delictivo real o sobredimensionado.

 “Las consecuencias para la gente común son nefastas porque no tienen ningún tipo de protección ante el poder estatal que opera sin límites, ya sea en EE. UU., El Salvador o Venezuela”, concluyó.

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