La Corte Suprema de Estados Unidos bloqueó la expulsión de migrantes venezolanos a El Salvador, una decisión que enfrentará al Poder Judicial de ese país con las medidas que ordenó el gobierno de Donald Trump desde el pasado 15 de marzo cuando envió a los primeros 238 connacionales al país centroamericano al invocar el uso de la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 para justificar su decisión.
La decisión la tomó después de que la Unión Americana de Libertades Civiles interpuso varios recursos para impedir que la Casa Blanca continuara con las deportaciones masivas a El Salvador, tras un acuerdo que alcanzó con el gobierno de Nayib Bukele en febrero, por el que más de 200 venezolanos fueron enviados en marzo a la cárcel de máxima seguridad Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), una prisión donde los venezolanos no tienen acceso a abogados y se encuentran incomunicados.
La Corte Suprema estadounidense bloqueó las expulsiones de venezolanos – que se encuentran detenidos en un centro para migrantes en Texas- bajo la ley de Enemigos Extranjeros de 1798, que solo se ha usado en tiempos de guerra.
En su orden, que tuvo dos votos en contra, los jueces actuaron tras el recurso interpuesto por la Unión Americana de Libertades Civiles, que alegaba que las autoridades migratorias parecían querer reiniciar las deportaciones en virtud de la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, que Trump invocó el pasado 14 de marzo para expulsar a cientos de venezolanos a los que acusa de pertenecer a la organización criminal Tren de Aragua.
Corte Suprema ya había permitido expulsiones a El Salvador
La Corte Suprema emitió un fallo la semana pasada que permite continuar con las expulsiones a una megacárcel en El Salvador sólo si se notifica el traslado a aquellos que van a ser deportados y se les da un «tiempo razonable» para apelar la decisión.
El Gobierno de EE.UU. llegó a un acuerdo con el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, para poder enviar a migrantes detenidos en EE.UU. hacia el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), una prisión de máxima seguridad sobre la recaen denuncias de abusos a los derechos humanos.
En total, EE.UU. ha enviado a más de 200 migrantes, en su mayoría venezolanos, a esta cárcel, acusándolos de pertenecer al Tren de Aragua, una banda delictiva transnacional que surgió en una cárcel de Venezuela.
Los tribunales federales estadounidenses han frenado varias acciones migratorias de Trump contra venezolanos. La primera de ellas fue la de impedir el fin del Estatuto de Protección Temporal (TPS) que pondría en riesgo de deportación a más de 300 mil connacionales en ese país desde el mes de abril.
Ahora, los migrantes de Venezuela podrán permanecer, a la espera de una respuesta sobre la apelación del gobierno estadounidense, hasta el año 2026 en Estados Unidos con la protección que brinda este mecanismo que le otorgó el gobierno de Joe Biden a miles de venezolanos.
Además, otra corte federal frenó la eliminación del parole humanitario para venezolanos, cubanos, haitianos y nicaragüenses, que también iba en contra de más de 100 mil connacionales que aplicaron a esta figura para entrar de forma legal a los Estados Unidos.
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