Los investigadores de la Sijín de la Policía Metropolitana de Cúcuta (Mecuc) que fueron capturados por unidades de la Dijín el pasado 28 de noviembre, con otros seis uniformados, porque presuntamente habrían hecho un procedimiento irregular, recibiendo hasta dinero, quedaron en libertad, la noche del jueves.
La jueza Primera Penal Municipal con funciones de control de garantías ambulante de Cúcuta, Heidy Polanía, accedió a la revocatoria de la medida de aseguramiento que les habían impuesto tras ser detenidos.
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Pero la Fiscalía y el delegado de la Procuraduría apelaron la decisión y ahora se espera que un juez de conocimiento confirme o desvirtúe el fallo.
Los policías que quedaron en libertad fueron Reynaldo José Chaustre Zambrano, Iván Reinaldo López Rangel, Paola Andrea Peralta Becerra y Jairo Antonio Martínez Cuadros.
Amigos y familiares de los sindicados aseguraron que los abogados defensores, junto con un equipo experimentado de investigadores privados, reunieron elementos contundentes y de prueba que llevaron a que la jueza aprobara la revocatoria de la medida de aseguramiento.
Porqué estaban presos
Durante las indagaciones, unidades de la Dijín habrían establecido que presuntamente los policías organizaban falsos allanamientos con el fin de quedarse con pertenencias y dinero de supuestos criminales, a cambio de no presentarlos ante los fiscales.
Además, según una fuente extraoficial, a las víctimas las amenazaban para que no denunciaran lo que estaba pasando.
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“Los miembros de la Sijín se encargaban de falsificar las órdenes de allanamiento, además, presentaban órdenes de servíos para solicitar el acompañamiento del personal del GOES y así justificaban la actividad ante sus superiores”, contó una fuente extraoficial, el día de las capturas de los policías.
Y, presuntamente, en septiembre del año pasado, los policías hicieron un allanamiento en el barrio La Parada, de Villa del Rosario, donde habrían presionado a una de sus víctimas para que les entregara dinero a cambio de no capturarlo, porque tenía una orden judicial en su contra.
Según las autoridades, la víctima les dio $20 millones para que los repartieran entre los que participaron en el falso allanamiento (10 policías).
Pero la defensa de los cuatro investigadores logró demostrar que nada de eso fue cierto y por ello recobraron la libertad.
Una fuente extraoficial comentó que a pesar de que les revocaron la medida, el juicio contra los investigadores continúa hasta que no haya una sentencia y dependiendo del fallo, podrán iniciar una demanda contra la Policía Nacional.
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