Extorsionar, intimidar y hasta desplazar a comerciantes de El Zulia no fue suficiente para que la Fiscalía fortaleciera el proceso judicial contra Braulio José Medina Torrado y Daniel Castillo Amaya, quienes fueron capturados en flagrancia, en medio de una diligencia de pago controlado, en julio de 2022.
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A pesar de que los dos hombres pasaron al menos siete meses privados de la libertad, esta semana volvieron a las calles por el vencimiento de términos en el proceso penal que les adelantan.
Las dos personas que recobraron la libertad son sindicadas de extorsionar a los comerciantes y mineros de esta población del área metropolitana de Cúcuta, bajo intimidaciones y amenazas a nombre de Los Pelusos.
En el momento en que unidades del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y del Gaula Militar los capturaron, alrededor del parque Santander, en Cúcuta, se conoció que estos hombres le exigían a un comerciante al menos 100 millones de pesos a cambio de dejarlo seguir trabajar en su negocio.
Durante varios meses se extendieron las advertencias y las exigencias de dinero, pero cada vez se hicieron más intensas, hasta llegar al establecimiento comercial.
Una de las estrategias que utilizó el comerciante fue cambiar de número de celular para evitar las constantes llamadas que le hacían los dos desconocidos, que se identificaron como pelusos.
Sin embargo, al no tener respuesta vía telefónica, los extorsionistas dejaron una carta intimidatoria en un sobre por debajo de la puerta del establecimiento comercial, por lo que cuando la víctima abrió su negocio, se percató de la amenaza.
En dicho panfleto con insignias del Epl, los delincuentes le indicaron a la víctima que debía comunicarse a un número telefónico para coordinar “un aporte de guerra”, que consistía en pagarles mensualmente 2 millones de pesos.
El riesgo
La figura de vencimiento de términos cobijó a los procesados por pasar al menos 120 días después del proceso de acusación, sin que se haya iniciado el juicio oral.
Por esto mismo, las víctimas temen por su seguridad, debido a que los dos presuntos extorsionistas conocen sus lugares de trabajo así como sus residencias.
Esto, sumado a que las autoridades no garantizan las medidas de protección, se convierte en un escenario frágil para las personas que se atreven a denunciar.
“¿Así con qué ánimo denuncian las personas? Uno sabe que al denunciar corre peligro y en este caso los funcionarios actúan, capturan en flagrancia y la justicia los deja libres sin tener un argumento que justifique esto. Por eso es que los delincuentes hacen de las suyas sin temor a ser detenidos, porque saben que pueden burlar fácil a las autoridades”, insistió un comerciante del área metropolitana.
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