El 2 de enero de 2024, las familias de Cristian Roa y Junior Carrascal, dos amigos asesinados en el corregimiento Urimaco, de San Cayetano, en medio del robo de una motocicleta en la que se movilizaban hacia El Zulia, tendrán en sus mentes nuevamente los recuerdos dolorosos de ese macabro suceso. Ellos fueron enterrados en una fosa común.

Ese martes cumplirán siete años desde que ocurrió el hecho y, aunque algunos de los responsables fueron detenidos, los dolientes siguen esperando que la justicia actúe y se imponga una condena ejemplar.

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“Queremos que haya justicia y se dé una condena, porque siempre evaden las audiencias, buscando salir de la cárcel por vencimiento de términos”, aseguró Jimmy Roa, el papá de una de las víctimas, de 15 años.

Según se conoció, el próximo 5 de febrero, a las 9:00 de la mañana, se desarrollará la audiencia en la que se espera que Wilder Alfonso Lagos Narváez, quien continúa en un centro de reclusión, sea condenado.

La trágica noticia

Roa y Carrascal salieron el 2 de enero de 2017 en una motocicleta marca Bera Socialista desde el barrio Antonia Santos, en la ciudadela Juan Atalaya, y tomaron una trocha que los llevó al corregimiento Urimaco, para llegar a su destino que era el río, en El Zulia.

Aunque esta ruta la tomaban constantemente, ese día no regresaron a sus casas y ahí empezó el martirio para estas dos familias.

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Solo hasta el 16 de febrero de ese año, las autoridades hallaron una fosa donde estaban enterradas las dos víctimas.

Las capturas

En diciembre de 2017, el grupo élite del Gaula capturó a Wilder Alfonso Lagos Narváez, de 28 años, alias El Mono, señalado de ser un jefe de sicarios.

Además, cayeron Jorge Eliécer Castillo Sierra, de 30 años, y Rubén Darío Malgarejo Castellanos, de 29.

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Según se conoció, Karen Dayana Tiria Vega, compañera sentimental de ‘El Mono’, fue vinculada a la investigación luego de ser sorprendida en la moto de las víctimas y posteriormente  se acercó a una estación policial a reclamarla como propietaria, cuando los investigadores de la Sijín ya le seguían el rastro.

La mujer reportaba antecedentes por homicidio y tenía casa por cárcel. A pesar de tratarse de otro homicidio en su contra, el juzgado de garantías que atendió la legalización de la captura e imputación de cargos, decidió mantenerle la misma medida de aseguramiento en su casa. 

Wilder Alfonso y Karen Dayana fueron imputados por concierto para delinquir agravado, homicidio agravado, porte ilegal de armas de fuego y falsa denuncia.

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