Durante los últimos años del s.XIX y los primeros del s. XX fueron frecuentes los asilos políticos y las escaramuzas bélicasque se presentaba en esta frontera, principalmente entre opositores de los gobiernos de turno que conducían los destinos de ambos países.
Las guerras civiles eran incentivadas por líderes de grupos interesados en asumir el poder y en ese trance fueron habituales las incursiones de tropas, algunas irregulares, que ingresaban al territorio de su vecino con intenciones o bien de capturar algunos oponentes o de apoderarse de alguna parte de su territorio o de sus riquezas naturales.
Entrado el nuevo siglo, los movimientos políticos fueron abandonando paulatinamente sus actitudes guerreristas y adoptando posiciones cada vez más democráticas. Sin embargo, las pretensiones de mayor poderío no cesaban y las aspiraciones por obtener mejores provechos, eran las razones por las cuales, eventualmente se presentaban incursiones, autorizadas o no, que alteraban la tranquilidad de los lugareños y en general, de toda la población.
En los últimos años se ha visto que tropas del vecino se internan en nuestro suelo con oscuras intenciones, sin que hasta el presente la situación pase a mayores, afortunadamente. Pues bien, en esta crónica les presento la que pudiéramos llamar la primera incursión no autorizada ni violenta de una comisión de extranjeros, encontrada casualmente por un grupo de trabajadores del trazado del Ferrocarril a Tamalameque, en los primeros años de la segunda década del siglo pasado, al mando del ingeniero González Tavera, jefe de la empresa en mención. El grupo en cuestión fue hallado acampando cerca de las minas y yacimientos minerales pertenecientes al general Virgilio Barco.
Era un grupo relativamente numeroso, compuesto por tres ingenieros “yankees”, dos venezolanos y numerosas fuerzas el ejército de Venezuela, y estaban dedicados al levantamiento de planos, mensura de terreno con nuevas estacadas, apertura de trochas, tal como se hallaron en el propio territorio, es lo que aparece consignado en el informe presentado a las autoridades. También se revela en el documento, que el ingeniero jefe del grupo les hizo saber que se encontraban en territorio colombiano y que no se dieron por aludidos, como si aquel atropello fuera la cosa más natural de mundo, remata la misma declaración.
Lo paradójico del caso es que la lancha en la que se habían desplazado por los ríos Catatumbo y Sardinata hasta el sitio donde fueron encontrados, se llamaba “Colombia”, agrega el mismo personaje en su entrevista con la policía.
La noticia despertó la natural preocupación de los habitantes de la villa al punto que en los periódicos de la época se leen comentarios tales como “…el acto solapado que bajo la custodia de las tropas venezolanas se ha ejecutado por una comisión de extranjeros en nuestro territorio, constituye un delito gravísimo que tiene un nombre: traición y un apellido, alevosía porque claro salta a la vista la intención desdorosa que animó a quienes lo ordenaron y a quienes lo han verificado, no otra la de poner planta usurpadora sobre un trozo de tierra que legalmente y por derecho sagrado cobija el amplio tricolor de nuestra bandera. La averiguación de este asunto no admite retardos. Se ha hecho una irrupción armada a nuestro territorio y su origen hay que aclararlo. La frontera ha sido hollada y por qué hay que exigirlo”.
De inmediato se iniciaron los contactos con el gobierno del vecino país y varias explicaciones salieron a la luz pública. La primera es que se trataba de la recién nombrada Comisión Topográfica de Fronteras, entre cuyas atribuciones tenía ‘el levantamiento de la Carta de las regiones fronterizas y mantener abiertas las picas y señalados con postes los sitios que demarcan la línea limítrofe y de informar al Ejecutivo Federal acerca de las condiciones de esos terrenos y de sus productos naturales en cuanto puedan adaptarse a la agricultura, a la industria y al comercio. Según las explicaciones del gobierno venezolano, la Comisión no hizo más que adelantar su trabajo, tal como lo mandaba la norma y que de ello conocía la delegación colombiana en Caracas.
No obstante, se consideraba inexplicable que esa Comisión se hubiese desviado entre 10 y 12 leguas de la línea de frontera determinado en el Laudo Español aceptado por ambos países y demarcada con precisión por la Comisión de Límites del año 1911, máxime cuando en el grupo de invasores estaba el señor Pedro José Torres Arnáez, quien la había integrado en esa oportunidad y conocía a perfección la zona; por esto, el hecho de haber avanzado las señales divisorias hasta comprender un trayecto de más de ochocientos metros del trazado del Ferrocarril a Tamalameque y un trozo de las minas del general Virgilio Barco, tiene un aspecto que se aparta de toda consideración, era la opinión que se había generalizado en los medios.
Ante esta situación, se determinó enviar una segunda comisión compuesta por hábiles policías colombianos, para investigar los hechos y sus conclusiones fueron aún más reveladoras. Los personajes involucrados, los ingenieros gringos Hasper, Dixon y Donnelly resultaron ser investigadores de la “Colon Development Company”, negociantes en petróleo a quienes se les hizo creer que se encontraban
en territorio venezolano. Y se comprobó que la expedición venezolana estableció un campamento, demarcó límites a su antojo e hizo alarde de su presencia dejando inequívocas señales de su paso; se encontró, además, infinidad de trabajos emprendidos como caminos, trochas y estancadas de los cuales se trajo valiosos e importantes comprobantes como señales, planos y desperdicios de drogas y alimentos y varias comunicaciones que dejaron abandonadas cuando tuvieron que salir apresuradamente. Aunque como de esta clase de incidentes nunca se ha sabido la verdad, también es cierto que los gobiernos nunca los han reconocido.
No sería de asombrarse entonces, que si la caravana de obreros y técnicos venezolanos se hubiera anunciado de antemano y convenido con el gobierno de Colombia en pasear nuestro territorio limítrofe ya por curiosidad o estudio, otro sería el resultado. Pero así, ‘a la callada’ y precisamente por la región por donde va a pasar la carrilera que nos redimirá del tutelaje de Venezuela,
llevándonos a puerto propio y restándole ingresos a su erario, eso más que asombrarnos, nos exalta y peor aún, es ponerle obstáculos a la redención de una región rica, emprendedora y altiva
que busca un porvenir más amplio a sus sueños de prosperidad y fortuna. Este fue el remate publicado en el periódico El Trabajo una vez concluyó el debate sobre este enojoso suceso.
Redacción
Gerardo Raynaud D.
gerard.raynaud@gmail.com
