“Siento que he caminado toda mi vida”. En una sola frase, Sofía* resumió la crisis migratoria que todos los días enfrentan miles de personas en las fronteras del país. A sus 10 años, se preparaba para emprender un camino largo que apenas iniciaba en Medellín, pero ella sentía que ya había caminado lo suficiente. A sus cortos pasos los esperaba un trayecto por la selva del Darién, atravesar el desierto de México y por fin llegar a tierra estadounidense; siempre y cuando ella y su familia lograran superar las condiciones inhumanas que a diario enfrentan los migrantes irregulares en Colombia.
Su historia es uno de los tantos dramas familiares que a diario recoge la Procuraduría en sus informes sobre la crisis migratoria que se agudiza a medida que pasa el tiempo. Así lo dejó en claro la jefe del Ministerio Público, Margarita Cabello, durante su intervención en la conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos, donde además expresó su molestia por la ausencia de liderazgo, presencia e intervención del Gobierno Nacional para atender la problemática que ha crecido en los últimos años de manera exponencial.
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Entre 2005 y 2020, el número de migrantes pasó de 7 a 15 millones entre América Latina y el Caribe, siendo Colombia casi que un tránsito obligado para los migrantes de más de 20 nacionalidades.
“Si no encontramos oídos que nos escuchen, ojos que nos observen y atención a nuestras reclamaciones, no dudaremos en seguir iniciando la acción disciplinaria a que haya lugar”, explicó Cabello luego de conocerse la decisión de abrir una investigación preliminar contra el canciller Álvaro Leyva, y el actual director de Migración Colombia, Carlos Fernando García, por su presunta responsabilidad en la desatención a este fenómeno en las fronteras.
Y es que según cifras de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) reveladas por la Procuraduría, el tráfico de migrantes aumentó en más de 100%, poniendo en riesgo la vida de las personas que se enfrentan a todo tipo de peligros por mar y tierra. Entre el primero de enero y el 23 de noviembre de este año, el número de desaparecidos y fallecidos ascendió a más de 1.078 personas.
En los casos más recientes está la desaparición de 38 migrantes en las aguas de San Andrés luego de tomar la “ruta de la muerte”, donde debido al alto riesgo de naufragios, las autoridades han logrado rescatar más de 1.139 personas en altamar entre 2022 y 2023.
Pero otra de las preocupaciones del Ministerio Público es que con el paso irregular de migrantes también se genera caos dentro de las ciudades que se comportan como pasos fronterizos. Principalmente en temas relacionados a la salud pública debido a las condiciones en las que sobreviven los migrantes; por otro lado está la seguridad puesto que, según la entidad, grupos armados ilegales como el Clan del Golfo controlan el tráfico de migrantes recibiendo cerca de 57 millones de dólares por la actividad ilegal.
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Uno de los territorios que refleja con claridad la crisis de derechos humanos es el paso por la selva del Darién. Según cifras de la Procuraduría, en 2022 transitaron cerca de 248.000 migrantes, mientras que en lo que va de 2023 se han registrado más de 500.000 personas que atraviesan la selva provenientes de países como Ecuador, Perú, Burkina Faso, China, India, Bangladesh, Vietnam, Afganistán y Camerún.
Dentro de las características más preocupantes para las autoridades de control es que ahora no son solo hombres jóvenes los que toman esa ruta irregular, también hay familias y niños. Según Unicef, en la primera mitad de 2023 cruzaron más de 40.000 niños.
Y el panorama no es diferente cuando se gira la atención a otros pasos fronterizos como Norte de Santander donde se registraron 4.055 niños que atravesaron la frontera sin acompañamiento de sus padres. Según el procurador delegado para los Derechos Humanos, Javier Sarmiento, los menores están atravesando sin siquiera portar documentos como su registro civil y estarían siendo instrumentalizados por los grupos ilegales para que sirvan de cargueros o guías por los pasos fronterizos. “Los niños ya no quieren estudiar porque les pagan muy bien”, alertó el procurador con información recopilada por Human Right Watch.
La crisis humana se agudiza en territorios con poca vigilancia como el paso fronterizo en Ipiales, Nariño. Según los datos de la Procuraduría, el 73% de los migrantes pernocta en la calle y tan solo el 8% tiene acceso a las tres comidas diarias. Además, el 96% manifestó ansiedad, miedo e inseguridad por su vida al cruzar estos territorios.
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Crece migración en Puerto Inírida
La Procuraduría alertó por un fenónemo migratorio particular que ha presentado crecimiento específicamente en Guainía donde más de 160 familias han ingresado al territorio en los últimos tres meses. Según el ente de control, el flujo de migrantes se debe a la minería informal que se realiza en este departamento y el estado fronterizo de Amazonas, Venezuela. Según registros, se han presentado desplazamientos violentos de migrantes de los dos países que llegan a sobrevivir en Puerto Inírida en condiciones deplorables. Sin embargo, el Ministerio Público destacó que las comunidades étnicas con fuerte presencia en el territorio han acogido a los migrantes.
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