La sombra de incertidumbre que cubre Venezuela tras la detención de Nicolás Maduro por parte de las fuerzas militares de los Estados Unidos, el pasado tres de enero, también se ha posado sobre los familiares de los más de 20 colombianos que siguen detenidos de manera arbitraria en distintas cárceles del vecino país. 

En ese contexto, un grupo importante de estas personas se han apostado por estos días nuevamente en la frontera, específicamente en la entrada al puente internacional Simón Bolívar para manifestar de manera pacífica y pedir al gobierno colombiano acelerar las gestiones para la liberación de los detenidos. 

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Nubia Misse, vocera del movimiento de familiares de colombianos presos, señaló que no ha vuelto a haber comunicación con representantes del gobierno, y que lo último que supieron es que “seguían trabajando. Eso fue lo que nos dijeron”, manifestó. 

Al respecto el viceministro de Asuntos Internacionales de la Cancilleria de Colombia, Mauricio Jaramillo, declaró recientemente que como gobierno siguen haciendo las gestiones, y no descartaba que ahora las conversaciones también deban empezar a hacerse con el gobierno de los Estados Unidos, a lo que estarían dispuestos, de ser necesario. 

Entre tanto, en la ciudad de Caracas, diferentes organizaciones políticas y de derechos humanos, han solicitado que como una muestra de la voluntad de cambio, el nuevo gobierno, ahora a cargo de Delcy Rodríguez, debería decretar una amnistía para todos los presos políticos, cerca de mil, no solo venezolanos, sino de otros países, una medida que beneficiaría a los ciudadanos colombianos, y de otras nacionalidades que se encuentran tras las rejas. 

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En este momento hay preocupación sobre esta población toda vez que según denuncias recabadas por la organización Justicia, Encuentro y Perdón, habrían sido suspendidas las visitas privadas a los presos, así como la entrega de paquetería, que incluye alimentos y otro tipo de insumos. 

Advirtieron que esta situación podría provocar “un deterioro de las condiciones materiales de reclusión”, pero también incrementar el aislamiento, la ansiedad y el daño psicosocial, “configurando prácticas que deshumanizan la detención y normalizan el castigo a través de la incertidumbre y el silencio”, señalaron en redes sociales. 

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