Daddy Yankee, máximo exponente del reguetón y que ahora está dedicado a predicar la palabra como pastor cristiano, radicó una millonaria demanda junto a su compañía Los Cangris Inc. en contra de su exesposa Mireddys González Castellanos y el productor y empresario Rafael ‘Raphy’ Pina Nieves por presuntamente integrar una estructura para apropiarse ilegalmente de derechos de autor y desviar regalías.
La acción legal fue presentada ante el Tribunal Federal de Puerto Rico. Ramón Ayala, nombre de pila de DY, acusa González Castellano y Pina Nieves de liderar un esquema desde el 2015 en donde se habría manipulado documentos esenciales de la industria musical como los split sheets (documentos de porcentaje de propiedad) y formularios de copyright para apropiarse de los derechos de autor de 15 canciones de Daddy Yankee.
De acuerdo con la demanda, el productor conocido como Raphy Pina se habría registrado sin autorización como coautor de las canciones: Todo comienza en la disco, Llevo tras de ti, Zum, zum, zum, Otra cosa, De vuelta pa’ la vuelta, Bella y sensual, Mayor que yo, Relación, El Desorden, Runaway, Buena vida, La Rompecorazones, Inolvidable (Remix), Vuelve y Perdido por el mundo.
Aparte de los temas de Yankee, en el pleito legal también hay canciones de Tego Calderón, Lito & Polaco, Tony Dize, Natti Natasha y Don Omar.
Dentro de esa estructura, el dueño de Pina Records sería la cabeza. El empresario es acusado de utilizar tácticas de intimidación, coerción y actos de violencia para mantener a los artistas bajo control y evitar reclamos.
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En la demanda se sostiene que Pina Nieves llegó a sacar armas de fuego durante reuniones para reforzar su dominio y humillar o agredir físicamente a individuos para usarlos como ejemplo.
Por otro parte, la exesposa de Daddy Yankee, Mireddys González, habría preparado asignaciones que aumentaron artificialmente las participaciones de Pina y redujeron las de Daddy Yankee. La mujer también habría borrado correos electrónicos críticos para mantener la apariencia de legitimidad y ocultar las operaciones.
En la demanda también están involucrados el abogado Edwin Prado Galarza y Andrés Coll Fernández. El primero es acusado de usar su profesión de abogado para facilitar la firma y circulación de contratos con la firma de DY obtenida sin su autorización.
Coll Fernández, asistente principal de Pina, habría validado declaraciones de publicación consideradas fraudulentas y distribuido asignaciones falsas de derechos, lo que le generó beneficios económicos mientras ayudaba a ocultar el esquema.
La demanda invoca la Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por el Crimen Organizado de Estados Unidos (RICO Act) y la Ley de Crimen Organizado de Puerto Rico. El demandante solicita una indemnización por daños y perjuicios no menor a 3 millones de dólares además del pago de los costos del proceso legal y honorarios de abogados.
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