El Ministerio del Trabajo y el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes anunciaron la puesta en marcha de inspecciones laborales en espacios culturales tras las quejas por retrasos en pagos a actores y personal técnico del sector teatral.

La decisión se produjo después de que las actrices Marcela Gallego y Alejandra Borrero hicieran públicas denuncias sobre presuntas evasivas y retrasos en el pago de honorarios por parte de la Fundación T de Teatro, organización señalada en varias de las quejas recientes.

Gallego afirmó que, pese al éxito de la obra Las novias de Travolta, no recibió el pago acordado tras finalizar la temporada en noviembre de 2025. En un mensaje difundido en redes sociales, sostuvo: “Meses cobrando y explicando que los actores vivimos de nuestro trabajo; el salario no se mendiga”, y solicitó la intervención de las autoridades.

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Las denuncias fueron respaldadas por la Asociación Colombiana de Actores (ACA), que aseguró que las irregularidades reportadas no solo afectan a intérpretes, sino también a personal técnico vinculado a las producciones. El gremio venía alertando desde 2025 sobre presuntos incumplimientos en distintos espacios culturales.

Ante el impacto público del caso, el lunes 2 de marzo se realizó en Bogotá una reunión entre representantes del sector actoral y los titulares de las carteras de Trabajo y de Cultura. El encuentro derivó en la creación de una mesa de trabajo interinstitucional con el propósito de investigar, vigilar y controlar las condiciones laborales en el ámbito cultural.

El ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, anunció que la hoja de ruta contempla inspecciones en salas y espacios culturales donde existan denuncias formales, revisión detallada de los reclamos y estrategias de socialización sobre derechos laborales. “El sector cultural no puede seguir naturalizando la informalidad”, afirmó durante la instalación de la mesa. Añadió que la inspección laboral, históricamente asociada a otros sectores económicos, comenzará a aplicarse de manera sistemática en el ámbito cultural, con un enfoque pedagógico orientado a la formalización.

Por su parte, la ministra de las Culturas, Yannai Kadamani, señaló que su cartera acompañará a las personas denunciantes y articulará acciones con el Ministerio del Trabajo para facilitar las actuaciones administrativas. “La cultura es un pilar de lo público y no puede sostenerse sobre la precarización”, expresó.

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El Ministerio del Trabajo informó además la constitución de una mesa tripartita integrada por representantes de la ACA, la Fundación T de Teatro y el Gobierno. El objetivo es garantizar el pago oportuno de los honorarios pendientes y establecer rutas claras de reclamación en casos similares.

La actuación institucional revisará cada denuncia conforme a la legislación vigente, evaluando posibles incumplimientos de obligaciones laborales y de seguridad social. La iniciativa se enmarca en los principios de la reforma laboral y en los esfuerzos por formalizar el trabajo artístico.

El caso reabre una discusión de fondo sobre la sostenibilidad del sector cultural y las condiciones contractuales bajo las cuales operan compañías y fundaciones teatrales en el país. Mientras avanzan las inspecciones, el Gobierno anunció que sumará capacidades institucionales para asegurar que las garantías laborales lleguen también a los escenarios culturales.

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