Las autoridades colombianas asestaron este domingo un golpe a las redes de corrupción política durante las elecciones legislativas al capturar a 78 personas, entre ellas dos candidatos al Congreso, e incautar más de 3.626 millones de pesos en efectivo destinados a la compra de votos, en una jornada que transcurrió con alta participación ciudadana y relativa calma, pero que quedó empañada por 775 denuncias de fraude, alteraciones del orden público en regiones apartadas y la inasistencia de más de 10.000 jurados a las mesas de votación.

El arresto de mayor impacto ocurrió en la localidad de Engativá, en Bogotá, donde el candidato al Senado Freddy Camilo Gómez Castro resultó detenido mediante orden judicial justo al salir de su puesto de votación, acusado de ser uno de los articuladores de la estructura criminal del señalado contrabandista Diego Marín Buitrago, conocido en el mundo delictivo como “Papá Pitufo”

Una fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción explicó que el aspirante político mantenía "contactos con funcionarios de entidades nacionales y regionales, de la Policía Fiscal y Aduanera y de la Rama Judicial" para habilitar de forma clandestina el ingreso y la comercialización de mercancía ilícita, por lo que le imputó los delitos de cohecho por dar u ofrecer y concierto para delinquir agravado.

En un hecho paralelo, en la ciudad de Leticia, el candidato a la Cámara de Representantes por el departamento de Amazonas, Víctor Hugo Moreno Bandeira, resultó sorprendido en flagrancia y arrestado tras arrojar en las inmediaciones del aeropuerto Alfredo Vásquez Cobo una bolsa que contenía una gruesa suma de efectivo calculada entre los 15 y los 20 millones de pesos, dinero con el que presuntamente ofreció sobornos a los uniformados para evitar el decomiso de los recursos que transportaba.

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La maquinaria del fraude también penetró las filas de la fuerza pública, pues las agencias de inteligencia lograron la captura de los exintegrantes de la Policía Nacional José Luis Olaya Caicedo y Édgar Humberto Bacca Sánchez, acusados de facilitar las operaciones de contrabando en los principales puertos de la costa Caribe.

La Fiscalía señaló que Olaya Caicedo usaba su experiencia en talento humano para identificar a "uniformados de la Policía Fiscal y Aduanera dispuestos a colaborar con la red" y recolectaba el dinero de los sobornos en Cartagena, mientras que Bacca Sánchez ubicaba a los agentes aduaneros flexibles que "permitían el paso de contenedores sin registro" en esa misma ciudad y en Barranquilla.

Redes ilegales y dinero en efectivo 

El despliegue operativo del Plan Democracia 2026 arrojó un total de 71 capturas vinculadas a la alteración de los comicios y el lavado de activos, de las cuales 47 correspondieron a detenciones por traslado irregular de capital y 24 obedecieron directamente a la comisión de delitos electorales.

Estas intervenciones permitieron el decomiso de 3.673 millones de pesos en 38 acciones policiales desplegadas a lo largo del territorio nacional. Según el más reciente balance del Puesto de Mando Unificado de la Policía Nacional, los hallazgos más alarmantes se concentraron en las ciudades capitales, liderados por un decomiso de 631 millones de pesos a una persona en el centro de Bogotá, seguido por el hallazgo de 434 millones en un vehículo particular en Montería y 275 millones en una camioneta en Sincelejo.

A pesar del astronómico volumen de dinero confiscado y de las incautaciones que se extendieron a municipios como Puerto Triunfo, La Pintada y Palmira, el ministro del Interior, Armando Benedetti, concluyó que "el balance del PMU es de tranquilidad", al resaltar que los comicios avanzaron "sin hechos graves y con una alta participación de ciudadanos", aunque él mismo reveló un escandaloso audio en el que un delegado de la Registraduría en el departamento de Córdoba solicitaba 100 millones de pesos a cambio de garantizar mil sufragios en las urnas.

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Alteraciones al orden público y denuncias 

El Puesto de Mando Unificado (PMU), integrado por la cúpula militar y los altos mandos del Estado, consolidó 775 denuncias de anomalías procesadas a través de la plataforma URIEL, con 748 originadas en el territorio nacional, 15 en la capital del país y las restantes reportadas por connacionales en los 67 países donde se habilitó la votación en el exterior, a lo que se sumaron 95 incidentes canalizados de manera directa por la línea 157 de la Policía Nacional y 152 quejas documentadas directamente en la Unidad de Recepción Inmediata para la Transparencia Electoral.

La violencia y el caos intentaron desestabilizar puntos críticos del país, como sucedió en Calamar, Bolívar, donde una asonada nocturna derivó en la quema de cubículos sin afectar el material electoral, y en Santa Rosa del Sur, donde cruentos enfrentamientos entre estructuras criminales dejaron varios civiles heridos, violencia que se replicó con incidentes aislados en Tolima, Chocó y Caquetá, departamento que obligó a la Registraduría a ordenar el traslado urgente de los puestos de votación en el municipio de Solano por confrontaciones con grupos armados ilegales.

La tensión también se trasladó a las fronteras con un intento masivo de ingreso irregular al país de unas 2.400 personas provenientes de Venezuela en el departamento de Norte de Santander, región en la que, según alertó la Misión de Observación Electoral (MOE), se detectaron sofisticadas prácticas de fraude que incluyeron la compra de votos en Ocaña y la modalidad del intercambio de tarjetones falsos en Cúcuta, conocida popularmente como el "carrusel".

Balance disciplinario 

En su reporte oficial, el procurador general de la Nación, Gregorio Eljach Pacheco, celebró la masiva afluencia ciudadana a las urnas y señaló que el desarrollo logístico resultó impecable, "salvo dos o tres puntos de 14.000 que no pudieron llegar a tiempo por problemas de invierno o problemas de la carretera".

Tras visitar el Centro de Comunicaciones y Logística del ente de control, Eljach Pacheco explicó que se recibieron 433 quejas formales en el Ministerio Público por presuntas irregularidades y documentó una falla masiva en las mesas directivas de los comicios, al alertar sobre el preocupante caso de "10.329 jurados que no asistieron a los puntos asignados".

"El resultado es satisfactorio, es bastante alentador lo que se ha logrado con este modelo", concluyó el jefe del Ministerio Público al proyectar el esquema de vigilancia institucional hacia los comicios presidenciales del próximo 31 de mayo, garantizando que Colombia entera "es testigo que se vistió de amarillo" y que la entidad desplegó su capacidad operativa en todas partes del territorio nacional.

Finalmente, la cruzada policial y judicial sirvió para depurar las filas de votantes al materializar la detención de cinco personas por corrupción al sufragante en Bolívar y Meta, y arrestar a 15 ciudadanos con órdenes judiciales vigentes, entre ellos tres jurados de votación y tres prófugos requeridos por el homicidio de una mujer de 47 años en Albania, La Guajira, el abuso sexual de una niña de 9 años en Uribia y un severo caso de violencia intrafamiliar agravada en Turbaco, Bolívar.

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