Un complejo balance de la situación que presentó en la mañana del sábado en Gamarra, Cesar, entregó el registrador nacional, Alexander Vega, al asegurar que está entre la vida y la muerte una funcionaria más de la entidad, a la vez que se garantiza que el proceso electoral se cumplirá el domingo en esa población.
Así lo expresó Vega junto al presidente del Consejo Nacional Electoral, Alfonso Campo. En rueda de prensa lucieron cachuchas de la fuerza pública en reconocimiento a la gestión que vienen haciendo para que el domingo se hagan las elecciones en todo el país.
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Vega, en primer lugar, lamentó el crimen de cual fue víctima la funcionaria de la Registraduría de Gamarra, Duperly Arévalo, quien murió quemada en un baño de la entidad tras el incendio que fue provocado por un individuo que lanzó un fósforo a la entidad.
Anunció además que la registradora local de ese municipio está en cuidados intensivos en un hospital de Bucaramanga, en donde le atienden quemaduras en más de la mitad de su cuerpo, también víctima de esa asonada de la mañana del sábado. “Mi registradora local se encuentra muy grave”, manifestó Vega de forma insistente.
Durante el ataque que fue provocado por seguidores del candidato revocado Fernando Márquez, también resultaron heridos dos policías y una funcionaria más de la registraduría.
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Tanto Vega como el presidente Campo confiaron en que el fiscal general, Francisco Barbosa, y la Policía Nacional den información pronta sobre la captura de los autores del incendio, quienes procedieron a quemar el lugar pese a que sabían que aún estaban personas en su interior.
Frente a la jornada electoral, el registrador Vega anunció que ya se están imprimiendo los nuevos kits electorales que se requieren, los cuales se trasladarán sobre la media noche desde Aguachica a Gamarra, para que se puedan abrir el domingo en las mesas de votación.
El Registrador manifestó además que pese a que el juez que deberá presidir los escrutinios locales solicitó que se suspendiera el proceso electoral allí, el municipio está custodiado por la Policía y el Ejército que tienen el control total de la situación de orden público.
